La victoria de la derrota

Breve diagnosis de la violencia urbanística y la resistencia vecinal

Por Daniel Jimènez Schlegl |
CRÍTICA URBANA N. 41|

En la historia de las ciudades ha habido operaciones urbanísticas que han constituido auténticas agresiones contra la ciudad y un ejercicio de la violencia institucional normalizada contra la población.

Bajo la excusa de modernas políticas higienistas, razones socio-económicas o de mera oportunidad del poder político institucional, la imposición moderna de un modelo utópico de ciudad -que lo es respecto de la sociedad que vive en ella-, ha supuesto una revisión constante de la ciudad del presente con una voluntad de someter sus realidades a aquel modelo. A partir del momento en que se justifica la necesidad de transformación de la ciudad, la ciudad del presente se nos representa como reflejo de un pasado a superar.

La ciudad moderna sepulta las verdades bajo su asfalto, los barrios antiguos bajo los nuevos. Nada es sólido ni permanente. La comunidad de antaño, desarraigada, sin referente, sin continuidad, se fragmenta en individualidades y confía las solidaridades en la gestión de las instituciones.

Vista de Barcelona desde el mirador de Maria Aurèlia Capmany. Al fondo, el hotel Vela.Foto: Edu Bayer, 2020, Ajuntament de Barcelona.

Urbanismo líquido

En la obra Todo lo sólido se desvanece en el aire, Marshall Berman describe cómo el plan urbanístico modernizador de Robert Moses, especialmente en el Bronx de Nueva York, supuso su completa devastación y la fractura del territorio por el nudo de autopistas, proyectadas de acuerdo con las exigencias del “progreso” capitalizado por la industria del automóvil.

El plan de Moses puso de manifiesto las contradicciones de la modernidad. Por un lado, la ciudad moderna se caracteriza por la destrucción de todo vestigio anterior, poniendo de manifiesto la obsolescencia acelerada de las cosas, y creando a la sombra de sus dramáticos efectos, nuevas subjetividades (la gentrificación, la expulsión de la población autóctona y colonización por una nueva clase social, el diseño urbano y arquitectónico que acerba el individualismo posesivo y el tráfico mercantil, etc.). Por otro lado, esa misma modernidad alberga en su seno la resistencia de las comunidades, la recuperación por ellas de los espacios urbanos y su control: una necesaria relativización de la dinámica transformadora moderna, una reivindicación de una transformación planificada desde los ritmos y necesidades de la propia comunidad y a escala vecinal.

El urbanismo de Moses, como en su día lo fue el de Haussmann en el Paris del Segundo Imperio, deshace territorialmente la ciudad y precisa, para su modelo, el ejercicio de una violencia radical, con unos efectos destructores equiparables a los de un bombardeo en un conflicto armado.

La población residente es el principal obstáculo. Es el “daño colateral” a la vez que el enemigo que puede obstaculizar la materialización del modelo utópico de ciudad. El “administrado” cobra aquí pleno sentido como un objeto a gestionar. Una gestión técnico-burocrática ajena al drama humano. Se le garantiza una compensación -siempre insuficiente-, un realojo quizás -aunque en condiciones de desarraigo- en espacios propios de su condición socio-económica de acuerdo con la apreciación del poder público. A cambio se le priva del paisaje de referencia, del arraigo, del tejido vecinal, sometiéndolo a nuevas rutinas y convivencias. Se le obliga a adaptarse a un nuevo entorno y se le priva de referencias culturales y patrimoniales históricas. El pasado de los vecinos afectados por la operación con relación a su casa, a su barrio, a su ciudad, deja de tener relevancia y puede dejar de existir. Ese valor personal, subjetivo, vital, tiene un valor económico canjeable para compensar su pérdida, determinado por el poder político, colonizado, a su vez, por la lógica mercantil.

El modelo utópico Moses de ciudad moderna, en constante transformación -en función de la variable de los intereses económicos y políticos en cada momento histórico-, es contradictorio con la realidad social de la ciudad como espacio de conflictos permanentes. El modelo urbanístico transformador, paradójicamente, pretende alcanzar una idea utópica de ciudad neutralizadora de los conflictos. Si el motor de la transformación es el conflicto, la paradoja moderna reside en los intentos constantes de transformación con la idea de cristalizar una utopía urbana para evitar el conflicto.

El plan y la norma

La ciudad de Barcelona no ha sido -ni es- ajena a esa manera de hacer ciudad propia de la modernidad. Ha padecido -y padece- esa fiebre de transformación-renegación del presente -que representa el pasado-, y la adaptación de la ciudad a las nuevas necesidades creadas por una economía de mercado desbocada. En urbanismo, y el caso de Barcelona es paradigmático, esto se refleja en el hecho de que el suelo urbano consolidado es susceptible de “desconsolidarse” en cualquier momento. Si un edificio patrimonialmente protegido impide la materialización del aprovechamiento que le reconoce el planeamiento y al ayuntamiento políticamente le interesa materializarlo, por el juego de intereses entre el promotor y la administración, la ficha de protección se modifica. Si políticamente se decide desde arriba realizar una operación de esponjamiento urbano y substitución de las edificaciones preexistentes en un barrio popular, se modifica el planeamiento, se aprueban planes especiales de reforma, y con ello se derruye, se expulsa o se reubica a los afectados, se transforma el paisaje, los espacios y lugares referentes, se fractura la comunidad vecinal, etc.

De toda esa avalancha normativa de planificación excepcional hay multitud de supuestos que responden a exigencias de negocio de los promotores privados. La consideración municipal, que hace “suyos” esos proyectos, de que es bueno para la ciudad y sus ciudadanos, respalda el supuesto interés público de la operación. Se trata de supuestos con fuerte contestación vecinal y, en algunos de ellos, sea por la movilización o sea porque la operación ha acabado ante los tribunales y éstos han fallado a favor de las tesis defendidas por los vecinos, ha habido “pequeñas grandes victorias”. Es cierto que en un porcentaje muy menor con respecto el total de las operaciones conseguidas, lo que hace rentable el manoseo constante del Plan General Metropolitano (PGM), con sus más de 1.200 modificaciones puntuales, para adaptarlo según convenga en cada momento.

Cinco casos puntuales

Buenos ejemplos de lo que aquí se dice, es decir, de la modificación de las reglas de juego urbanístico -el planeamiento, las fichas de protección patrimonial, las ordenanzas, los criterios de interpretación de esas normas-, según criterios de oportunidad política del momento, podemos encontrarlos en múltiples modificaciones ad hoc del PGM. Exponemos, a continuación, algunos casos.

Hotel Miramar. Construido sobre un edificio erigido para la Exposición Universal de 1929, de propiedad municipal, pasó a convertirse en un hotel de lujo. De una propiedad y espacio públicos se pasó a una operación inmobiliaria y de negocio privado con un impacto significativo en el entorno de Montjuic. La turbia operación generó críticas ciudadanas y políticas al proyecto. A pesar de la oposición ciudadana y de algún grupo político, por la entidad económica del proyecto y la voluntad municipal de ejecutarlo, finalmente se materializó. Ahí queda, sin embargo, un ejemplo de confusión entre el interés privado, la función pública del urbanismo y los límites a la propiedad privada, entre lo que es de todos y lo que acaba siendo privatizado y exclusivo.

Hotel Miramar, en Montjuïc (Barcelona). Foto: Enfo, en Wikimedia Commons.

Hotel Vela y Marina del Port Vell con los amarres de yates de lujo de gran eslora. Se trataba de una operación del fondo de inversión Grupo Salamanca que se subrogó en la concesión administrativa de la utilización del Port Vell, facilitada por el ayuntamiento en contubernio con la autoridad portuaria. La transformación de los antiguos amarres de las pequeñas embarcaciones de recreo y pesca, expulsadas a la periferia del Port Olímpic, por los amarres de megayates de potentados, y los nuevos usos portuarios a su servicio, cambiaron para siempre la fisonomía y el paisaje urbano y la conexión de la ciudad con el mar. Es uno de los ejemplos más evidentes de cómo la administración pública se trasviste de empresaria privada para participar en un negocio sobre el dominio público. La oposición vecinal fue muy activa -protagonizada sobre todo por la Associació de Veïns l’Òstia, aunque sin medios para luchar frente a unas operaciones netamente especulativas y de apología obscena del poder económico, del lujo y del clasismo, que acabaron por imponerse.

Hotel del Palau de la Música. Conocido sobre todo por la derivada penal de las apropiaciones indebidas, tráfico de influencias y falsedad documental cometidos por los entonces representantes de la fundación Palau de la Música Catalana. El proyecto consistió en erigir un mamotreto hotelero en sustitución de edificios antiguos -uno del siglo XVII- del entorno protegido del Palau de la Música Catalana -el arquitecto, Óscar Tusquets, fue el mismo que proyectó el Hotel Miramar-. El proyecto, pese a la férrea defensa por parte del gobierno municipal de entonces, se frustró con la imputación penal de los principales promotores y de la plana mayor de urbanismo del ayuntamiento, denunciado por las asociaciones de vecinos.

La frustración del proyecto hotelero se debió básicamente a la lucha del movimiento vecinal (Associació Veïns en Defensa de la Barcelona Vella y Associació de Veïns del Casc Antic), que, además, impulsó acciones administrativas y judiciales contra el proyecto. Clave fue, a su vez, el papel de la regidora del distrito, Itziar González, que tuvo la valentía de oponerse al proyecto y que abrió un proceso de participación ciudadana que ayuntamiento y promotores quisieron evitar. Dicha oposición acabó costándole el cargo (dimitió por las presiones, acoso y amenazas que pusieron en peligro su integridad).

Hotel Drassanes. Este “pelotazo” urbanístico es conocido como ejemplo manifiesto de que las determinaciones del planeamiento se interpretan en la práctica urbanística municipal del modo más favorable a los intereses privados del inversor. Unos solares propiedad de la cooperativa del sindicato obrero UGT para construir vivienda social en los años 80, fueron vendidos y revendidos sucesivamente a fondos de inversión y promotores, paralelamente a la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de ese sector para poder concentrar la edificabilidad del solar en dos torres y reducir el techo destinado a vivienda del 100% de vivienda protegida al 25%. Juntamente con la movilización contra el proyecto hotelero, la plataforma Salvem Drassanes y la Associació de Veïns del Barri Gòtic, recurrieron el otorgamiento de la licencia. El proyecto hotelero se frustró porque el Plan especial de usos del distrito de 2013, que amparaba los usos hoteleros en aquellos solares fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, gracias a la estimación de uno de los recursos que interpusieron las asociaciones vecinales. El plan de 2013 fue anulado y, por tanto, era vigente el Plan de usos anterior, de 2010, promovido por la regidora Itziar González, que prohibía explícitamente los usos hoteleros..

Museo Carmen Thyssen. Esta operación, actualmente en fase inicial, consiste en una modificación del Plan general y una nueva redacción de la ficha de protección patrimonial del edificio Palau Marcet, del Paseo de Gracia, a los efectos de que pueda encastarse un edificio de 11.000m2 de techo (más de 9.000m2 sobre rasante) con una volumetría monstruosa de 43 metros de altura, destinado al museo Carmen Thyssen. Sin un programa museístico claro y justificable de su interés, el ayuntamiento “hace suyo” el proyecto del promotor, un fondo de inversión, con quien la Sra. Thyssen, propietaria de una colección inmensa de pinturas, ha acordado el alquiler temporal de parte de la colección para exponerla en el nuevo edificio. No solo no se justifica que el techo a edificar, en suelo calificado de equipamiento, esté íntegramente destinado a museo, sino que de esos 11.000m2 de techo, en torno a 8.000m2, estarían destinados a “usos complementarios” comerciales. Y todo ello a costa de modificar el planeamiento general y desproteger el inmueble existente que es un Bien Cultural de Interés Local para ajustar la normativa al “programa funcional del museo”. Es decir, un viaje al revés, no la adaptación de los proyectos y propuestas a la normativa urbanística vigente, sino la adaptación de esta a aquellos.

Estos pocos ejemplos singulares de agresiones urbanísticas tienen un elemento común: se trata de operaciones para negocios privados y promovidos por agentes económicos y que el ayuntamiento asume como propias. No responden a una reivindicación ni a una necesidad ciudadana, ni a ningún genuino interés público. Suponen, por el contrario, un coste externalizado en forma de impacto social, ambiental y paisajístico-patrimonial permanente en la ciudad, razones por las que los vecinos y ciudadanos se movilizan y actúan.

Manifestación de Barcelona no està en venda, 28-01-2017. Fuente: FAVVB.  https://favb.cat/noticies/barcelona-no-esta-en-venda/

Y un inmenso error

Sin embargo, la operación urbanística de mayor violencia contra los vecinos, de mayor impacto social y urbano y de mayor destrucción patrimonial fue la realizada entre los años 80 y 90 del siglo XX en el centro histórico de la ciudad -el barrio del Raval, antes llamado “barrio chino”, y los barrios del sector oriental-, de iniciativa pública municipal, mediante los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI). Al amparo de las ayudas que venían de Europa, la operación preveía el “esponjamiento” de la parte de la ciudad más densa, degradada y abandonada. Un centro histórico sometido desde entonces a un planificado proceso de gentrificación y, en los nuevos conjuntos residenciales (y aquellos aún sin reformar) abandonados a su destino de degradación, la guetización en núcleos de población pobre migrante y marginal.

En 1998 el realizador Joan Mallerach, con la producción del grupo Gente de Teatro y la colaboración de la Associació de Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, publicó un documental sobre los efectos destructores de aquel PERI sobre el patrimonio, vecinos y comercios. La primera parte del documental “Sobre la destrucción del centro histórico de la ciudad de Barcelona por el ayuntamiento de la ciudad”, denominado “PERILL al centre históric de Barcelona” aborda descriptivamente la operación y sus efectos sobre el patrimonio histórico y la población residente, así como la gestión urbanística efectivamente realizada por la empresa municipal -participada de capital privado con intereses inmobiliarios y en el sector de la construcción-, Promocions Ciutat Vella, S.A. (PROCIVESA). El documental empieza con la siguiente sentencia: “Aquellos que democráticamente hemos elegido para que apliquen la ley, son los que facilitan caminos a los especuladores para que puedan transgredirla con impunidad”. Desde aquí se invita a su atenta visión pues se trata de uno de los mejores análisis de una de las operaciones de violencia urbanística más indignantes por sus efectos devastadores que ha vivido una ciudad moderna europea. [Enlace con el video]

El movimiento vecinal y asociativo hizo lo que pudo por defender los derechos de los vecinos y el patrimonio en peligro. El documental da buena cuenta de ello. Se salvó algo del patrimonio histórico-arquitectónico de la ciudad, se consiguieron algunos realojos e indemnizaciones en condiciones. Como en las otras operaciones de violencia urbanística, aquí, las acciones vecinales en defensa de sus barrios fueron victorias de la derrota.

Hoy, estas acciones, esas victorias, son el testimonio de una ignominia urbanística que con los años se está reconociendo como un gran error. Los nuevos edificios, las nuevas manzanas donde antaño hubo un palacio renacentista o un magnífico edificio modernista, en su triste e insulsa estética de bloques de extrarradio en pleno centro histórico, se están deteriorando desde hace años. La mala calidad constructiva, los locales vacíos en esas enormes plantas bajas, los desarraigos, las nuevas actividades comerciales alejadas de las tradicionales, distancian a sus habitantes de una deseable empatía con el barrio y este se aboca a procesos de degradación. Es el testimonio de una mala planificación, una pésima ejecución y del abandono posterior.

La victoria de la derrota pone en evidencia los efectos urbanísticos y sociales del condicionante económico del hacer urbanístico del ayuntamiento: que la operación no fuese deficitaria con una poco transparente colaboración público-privada -considerando la población afectada a compensar, mayormente de escasos recursos y pocos medios de defensa-.

Es el testimonio de una tragedia de la que aprender y evitar: la conciencia de los responsables de que, una vez iniciado el procedimiento y la actuación, el mal ya es irreversible, no hay vuelta atrás, y no hay más remedio que dejarnos absorber sumisamente por la oscura vorágine destructora.