Intersecciones entre el derecho a la salud y el derecho a la ciudad

Por Raquel Águila Kiwi |
CRÍTICA URBANA N.26 |

El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud está consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“PIDESC”) y ha sido dotado de contenido por la Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“DESC”).

El derecho a la salud —al igual que el derecho a la ciudad— está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de estos derechos, como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el acceso al agua limpia y potable, y a condiciones sanitarias adecuadas y un medio ambiente sano (previniendo y reduciendo la exposición de la población a sustancias nocivas tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas, u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres humanos).

El derecho a la salud abarca elementos esenciales e interrelacionados como la disponibilidad, relativo al número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de salud; la accesibilidad, que dichos establecimientos, bienes y servicios de salud sean accesibles física —encontrarse a una distancia geográfica razonable del lugar de habitación o trabajo— económica y en términos de información, sin discriminación alguna; la aceptabilidad, ya que este derecho supone un respeto de la ética médica y la apropiación cultural, y de calidad, es decir, que los bienes y servicios sean apropiados desde el punto de vista científico y médico, contando con personal médico capacitado y equipo hospitalario adecuado.

Kew Gardens. Foto: Raquel Águila 2022

Los derechos individuales y sociales se ejercen en una dimensión espacial y, por tanto, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los bienes y servicios de salud deben estar presentes en los diferentes territorios que componen las ciudades. Como señala la Carta Mundial por el derecho a la ciudad, el territorio de las ciudades es un espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos individuales y colectivos, y la consideración de la variable territorial constituye una forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo de los bienes y servicios.

En consecuencia, si las ciudades representan y perpetúan diferencias, desigualdades y exclusiones, el derecho al disfrute más alto de salud posible se verá mermado en su ejercicio y cumplimiento. El diseño e implementación de políticas públicas de salud debe ir de la mano de un desarrollo urbano sostenible, equitativo y respetuoso de las diferencias culturales de los territorios, para así asegurar un pleno cumplimiento de los derechos humanos.

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Nota

^{Observación general N.º 14, relativa al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (2000), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: E/C.12/2000/4}