Presentación del número 12 |
Por Maricarmen Tapia.
Directora de Crítica Urbana|
CRÍTICA URBANA N.12
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Estos últimos meses la vivienda se ha convertido en un refugio y en el lugar exclusivo de nuestras interacciones y ha jugado un rol esencial en la salud y la vida de las personas.
Las medidas básicas adoptadas en la lucha contra la pandemia están relacionadas con aspectos del derecho a la vivienda; actos tan sencillos como lavarse las manos requieren de acceso a agua potable. No obstante, un cuarto de la población mundial vive en asentamientos informales sin acceso a servicios básicos y en condiciones de infravivienda; y en las grandes ciudades, las familias con ingresos medios y bajos ven cada vez más amenazada su posibilidad de acceso a la vivienda por el aumento del precio o por su reconversión en vivienda turística.
Organizaciones de distintas latitudes han reaccionado ante los efectos de la pandemia en relación con el derecho a la ciudad y a la vivienda, proponiendo medidas de respeto a los Derechos Humanos y denunciando situaciones de abuso o abandono; parte de ellas se recoge en el mapa de iniciativas realizado por la Plataforma Global del Derecho a la Ciudad.
La vivienda es un derecho humano: toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada que le permita su pleno desarrollo. Sin embargo, la vivienda es un bien de consumo en el mercado: solo accede a la vivienda quien paga por ello y el precio está determinado por la demanda. Ambas lógicas, derecho y mercancía, se contraponen y requieren una discusión permanente sobre la legitimidad de la especulación económica a partir de una necesidad básica para las personas.
El derecho a la vivienda, como derecho humano, es universal, inalienable e indisoluble de otros derechos, como el derecho a la educación y a la salud. Para avanzar en el derecho a la vivienda es necesario, por una parte, transformar la actual distribución de la riqueza, que acrecienta la desigualdad y la precariedad. Por otra parte, es necesario garantizar desde las políticas públicas este derecho y protegerlo de los abusos del mercado.
Los artículos de este número muestran que el derecho a la vivienda tiene diversas facetas que implican distintas acciones y soluciones: generar los cambios necesarios en la legislación y la planificación urbana para asegurar este derecho; romper con los monopolios de las grandes inmobiliarias y permitir la actuación de pequeñas empresas, cooperativas y autogestión; construir y rehabilitar distintas tipologías de vivienda y de formas de habitar, pensadas para las distintas necesidades de los ciudadanos y en las diversas fases de sus vidas; y también se requiere de la regulación del mercado de la vivienda.
La experiencia demuestra que la voluntad política y el sólido compromiso de la sociedad han sido los instrumentos más eficientes para construir este derecho.
Para citar este artículo: Maricarmen Tapia. La vivienda, un derecho amenazado. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.3 núm. 12 Derecho a la vivienda. A Coruña: Crítica Urbana, mayo 2020. |