El derecho a la ciudad, entre el confinamiento y la utopía

Presentación del número

Por Maricarmen Tapia |
Directora Crítica Urbana |
CRÍTICA URBANA N.13

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La pandemia expuso y empeoró las desigualdades estructurales; la llamada vulnerabilidad es hoy una realidad de pobreza, sin disimulo y sin eufemismos. La ciudad como espacio de vida y lugar donde se garanticen los derechos de las personas, se vuelve un reclamo ineludible.

Durante el confinamiento ha habido una intensa discusión respecto al modelo de vida y de habitar que vivimos. El acceso a la salud, a servicios básicos, se han convertido en una urgencia, no solo para quien sufre la carencia, sino como una condición básica para la salud colectiva.

Se han extendido los debates sobre temas de gran envergadura, como el decrecimiento y la factibilidad de una renta universal. En cuestiones urbanas, se ha vuelto a plantear la importancia de incorporar áreas verdes en la ciudad para nuestra salud física y mental; se ha hablado mucho de movilidad: sobre la necesidad de una organización espacial basada en la proximidad, con un transporte público adecuado; sobre cuánto debiera ser el espacio para las personas y los coches, cuánto se seguirá contaminando para movernos hacia nuestras necesidades básicas. También se han puesto en crisis los cuidados, cómo las familias son capaces de asumir el cuidado de niños y adultos mayores. Desde Estados Unidos, nos han llegado las demandas contra la discriminación, revueltas que se han trasladado al centro de las ciudades, a los espacios relevantes simbólicamente.

Todas estas cuestiones tienen efecto en la ciudad, ¿responden nuestras ciudades a estas necesidades? Desde el diseño de la ciudad, la planificación, son cuestiones fundamentales que hasta ahora no han formado parte de los principios ordenadores. Nuestras ciudades se caracterizan por la segregación socio espacial de la vivienda y, en muchos casos, también en la calidad de los servicios públicos que se distribuyen inequitativamente. Vivir en un medioambiente sano, pareciera cada vez un derecho sacrificable por vivir en la ciudad. La ciudad fragmentada socialmente y carente de servicios es una construcción basada en el abuso. Abuso naturalizado y normalizado a través de complejos entramados ideológicos, sociales, políticos y económicos.

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que incorpora los derechos humanos y los entiende como un sistema de derechos para toda la población en sus territorios, en el que la participación en las decisiones que afectan nuestra calidad y entornos de vida, es un medio para asegurar que esas decisiones no se toman en beneficio de unos pocos, sino en beneficio colectivo y del bien común.

Estamos viviendo momentos duros, estresantes, y se avecina una crisis social y económica que ya venía y detonó con el COVID-19. Es el momento de avanzar hacia un cambio de modelo y no quedarse en los mínimos por la urgencia; es el momento de reimaginar ciudades y territorios con mayor justicia social e incidir en los cambios estructurales necesarios.