Por Xosé Allegue |
CRÍTICA URBANA N. 31 |
Galicia posee un ingente patrimonio urbano, catalogado o no, distribuido en sus 313 municipios: catedrales, iglesias, pazos, edificios civiles, arquitectura popular… Pero no menos importante resulta ser su patrimonio territorial, consecuencia sin duda de haber sido históricamente un país profusamente humanizado ya desde época pre romana, en el que se distribuyen hoy 38.000 entidades de población, ni más ni menos que el 55% de las 69.000 del estado español.
Patrimonio urbano y capital territorial
Pero no solo debemos considerar los monasterios, aldeas, herrerías , pazos, capillas, casas grandes, molinos, cruceros, hórreos, lavaderos, pombales, albarizas , aserraderos, carpinterías de ribeira , castros, minas romanas , muros de piedra seca y un largo etcétera que constituyen el patrimonio arquitectónico y monumental ubicado en el territorio, sino que existe también un riquísimo patrimonio inmaterial y un valiosísimo patrimonio paisajístico constituido por 28.350 unidades de paisaje según establece el Catálogo de los paisajes de Galicia aprobado por el Decreto 119/2016, de 28 de julio.
Un extenso patrimonio cultural que incluye los cuatro bienes declarados por Unesco Patrimonio de la Humanidad: la ciudad histórica de Santiago de Compostela en 1985, los caminos de Santiago en 1993 y 2015, la muralla de Lugo en el 2000 y la torre de Hércules en 2009.
Definamos ahora el capital territorial como el conjunto del patrimonio de un territorio, compuesto de la integración holística del capital natural, el construido, el humano, el social y el de imagen.
Pues bien, no debemos olvidar el enorme capital territorial que Galicia atesora y que se encuentra abandonado como si no lo necesitáramos con urgencia.
Sin embargo el patrimonio urbano es mayoritariamente objeto del apoyo de unas raquíticas administraciones centradas casi exclusivamente en contribuir al restauro y la rehabilitación de aquellos bienes que favorecen las plusvalías turísticas. Por tanto, el inmenso patrimonio monumental, natural e inmaterial ubicado fuera de los entornos urbanos y que no ofrece plusvalías directas, parece carecer de interés para las administraciones responsables de su tutela.
La obsolescencia programada: Galicia territorio de sacrificio
Este inmenso patrimonio, parte fundamental del capital territorial, carece de la atención ya precaria que recibe el urbano por parte de las administraciones responsables. No sólo el patrimonio, sino el conjunto del capital territorial gallego, que como hemos señalado incluye también el social y el natural tanto biotópico como paisajístico y productivo, constituyen lamentablemente valores a la baja. La desregulación y la ausencia de gobernanza territorial en Galicia durante los últimos 40 años ha supuesto de facto una programación interesada de la obsolescencia del territorio con la finalidad de poner la Galicia interior, básicamente rural y forestal al servicio de las grandes multinacionales mineras, energéticas y extractivas. Estos procesos han generado dramáticas pérdidas de población, envejecimiento y abandono de las actividades primarias tradicionales. Lejos de verse apoyadas en la completación de sus ciclos productivos facilitando la transformación y distribución de los productos primarios para permitir la fijación de plusvalías a los territorios, las administraciones han favorecido el abandono de la actividad productiva y transformadora.
En definitiva, la legislación “capturada”[1] y la inacción pública han conseguido convertir la Galicia interior en un territorio de sacrificio al servicio de la depredación y el expolio, que acaba siendo vaciado. Así, la convierten cada año en pasto fácil de frecuentes y devastadores incendios forestales, que acaban con el patrimonio arquitectónico, natural y etnográfico. Incendios que no son más que la gravísima consecuencia del abandono del mantenimiento de las masas forestales, de las tierras de cultivo, y por tanto del territorio. El ejemplo de 2022 es demoledor: 1.609 incendios con casi 70.000 hectáreas quemadas que obligaron a desalojar a más de 900 personas en 60 aldeas de O Courel, en la montaña de Lugo y otras 500 en 20 aldeas de Valdeorras en la montaña de Ourense. Casualmente las dos provincias interiores que más sufren el abandono y la despoblación.
La desordenación del litoral
Pero estos procesos de obsolescencia territorial programada, se han producido también en la Galicia litoral. La recientemente aprobada por el gobierno gallego Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el gobierno Central y por tanto suspendida en su aplicación. De entrar finalmente en vigor resultará tremendamente lesiva para la franja litoral gallega, permitiendo la continuidad de actividades industriales contaminantes y destructoras de la riqueza marisquera y productiva de nuestras rías además de potenciar el turismo desregulado en las zonas costeras más sensibles[2].
Nuevamente los planteamientos economicistas y expoliadores “capturan”[3] una Ley redactada al servicio de los intereses económicos que sostienen el caciquismo clientelar propio de la producción legislativa gallega. Y esto ocurre desde que se aprobara en 1981 el Estatuto de autonomía de Galicia que facilitó la aparición de un gobierno propio.
Derecho al territorio
De igual manera que Lefebvre acuñó en 1973 el concepto del derecho a la ciudad, definido como una suma de derechos irrenunciables de la ciudadanía, debemos referirnos aquí al derecho al territorio[4]: Derecho a vivir y trabajar en él teniendo acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura y al disfrute del patrimonio cultural, a la información y a la comunicación, a la movilidad, al agua, a un medioambiente sano, a unos alimentos de proximidad y saludables…
El derecho al territorio debe ser entendido como parte fundamental de la justicia y de la democracia espacial. O lo que es lo mismo, el derecho a la “nación”, que no es sino el derecho a desarrollar la vida con dignidad en el lugar donde se nace.
La satisfacción del derecho al territorio pasa inexcusablemente, y como ya se señaló, por potenciar los sectores productivos y de la pequeña industria de transformación como primer paso para fijar población. La creación de puestos de trabajo y la satisfacción del derecho a la vivienda a través de la rehabilitación pública para alquiler social de las más de 150.000 viviendas vacías en el rural interior y en los rurales periurbanos son necesidades que deberían de ser prioritariamente satisfechas.
Pero además también es parte indisoluble de ese derecho el cuidado y la potenciación de los valores patrimoniales territoriales, que constituyen, en sí mismos, determinantes factores de construcción identitaria, autoestima colectiva, integración social y desarrollo económico.
Debemos reivindicar por tanto políticas de solidaridad territorial[5] que reequilibren la inversión pública concentrada en el eje atlántico que supone en torno a un 80% de la inversión total de las distintas administraciones. Eso implica exigir la dispersión equilibrada y solidaria de la inversión en dotaciones, equipamientos e infraestructuras, pero también en restauración, rehabilitación y cuidado patrimonial que compensen los enormes déficits estructurales de la Galicia interior acumulados durante décadas.
Territorios patrimonio de la inhumanidad: la Ribeira Sacra como paradigma
La solicitud realizada en 2021 a instancias del gobierno gallego a UNESCO para la declaración como patrimonio de la Humanidad de la Ribeira Sacra, histórico territorio vitivinícola del interior de las provincias de Ourense y Lugo, ligado a los grandes monasterios medievales y en torno a los dos grandes ríos gallegos, el Sil y el Miño, tropezó en 2022 con el informe negativo de ICOMOS.
El organismo asesor de UNESCO, en el informe redactado ad hoc acertaba en su diagnóstico: terciarización turística, saldo vegetativo negativo y envejecimiento de la población en los 21 municipios incluidos en el ámbito, abandono de los cenobios y recuperación para usos turísticos, enormes impactos de los grandes saltos eléctricos, de las conducciones aéreas de alta tensión, de los generadores eólicos… Además, economía en declive, crisis de las pequeñas bodegas… La ausencia de un plan de gestión para el desarrollo sostenible de las economías locales y los potenciales territoriales compromete tristemente las posibilidades de éxito de una futura declaración.
La inexistencia de políticas reales y efectivas para el desarrollo endógeno y la satisfacción del derecho al territorio en el ámbito delimitado, no pueden ser sustituidas por la negociación política para obtener una declaración, que ni de lejos es una presea para exhibir en una urna. Muy al contrario, una potencial futura declaración supondría un compromiso constante en el tiempo con el aprovechamiento de su capital territorial. Es decir, con el patrimonio histórico y rural, con el desarrollo económico, con la rehabilitación y la rehabitación y en definitiva con la consecución del buen vivir de toda la población y por tanto, finalmente, de la Humanidad del Patrimonio[6].
Capitalismo urbano y conflicto territorial
El capitalismo desregulado concentra en Galicia la inversión privada y la obtención de ayudas públicas en los entornos urbanos.
Como ya hemos señalado, el 80% de la inversión pública se produce en el eje costero Norte-Sur en torno a la autopista que une las ciudades de Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, donde además se distribuye también el 75 % de la población del país.
La búsqueda de las plusvalías de escala y aglomeración que caracteriza a las élites extractivas locales se encuentra favorecida en Galicia por la inacción administrativa cuando no por la facilitación directa de su actividad depredadora.
Por tanto, consagrado el libre mercado desde las leyes de vivienda y ausentes las políticas de vivienda pública en alquiler social (0,64% del parque en Galicia) sube el precio del suelo y el de los alquileres. Aumenta también el precio de los productos básicos al tiempo que desciende la calidad de los servicios públicos: El transporte, la sanidad, el alumbrado, la recogida de RSU, el abastecimiento de agua potable, todos ellos concesionados a la gestión privada que no defiende el interés público sino la máxima rentabilidad de su inversión.
Se desregula igualmente el turismo, con lo que supone de inmenso impacto negativo sobre el patrimonio histórico y el derecho a la vivienda de las comunidades locales.
No contentos con la depredación urbana, que provoca un inasumible metabolismo que soporta el territorio, este se percibe como una trastienda. Como el lugar donde ocultar la resolución de los enormes problemas generados en las urbes sin importar el impacto: ubicación de grandes vertederos de residuos sólidos urbanos, plantas de incineración de basuras, depuradoras de aguas fecales , canteras, parques de producción energética eólica e hidroeléctrica para abastecer el consumo de las ciudades, grandes infraestructuras agresivas con el medio e implantaciones industriales altamente contaminantes que se justifican bajo la excusa de la creación de puestos de trabajo… Sin embargo, se abandona la necesidad de buscar la soberanía a nivel local en los ámbitos alimentario y energético permitiendo la extensión de la avalancha globalizadora[7].
El territorio como oportunidad
El rural costero, el periurbano y el territorial representan una inmensa oportunidad para satisfacer los insatisfechos derechos de las poblaciones urbanas gallegas. Representa además una oportunidad única para favorecer la urgente necesidad que tiene Galicia de equidistribuir su población.
Además, y como ya hemos señalado , en el territorio se podría acceder al trabajo en el sector primario o en el sector de su industria transformadora, o en cualquier modo de teletrabajo , conseguir vivienda asequible a través de la rehabilitación pública, satisfacer el derecho a un agua y a un medioambiente sanos , a una alimentación de calidad a la búsqueda de la soberanía alimentaria, a un acceso a la energía fuera de las redes y del control de las multinacionales energéticas, a la utilización del excedentario compost de las ciudades… Y por tanto representa una grandísima ocasión desaprovechada para reequilibrar las inmensas tensiones irresueltas de los ámbitos urbanos[8]. Representa además, y por último, una inexcusable oportunidad para poner al servicio de la población un inmenso y valiosísimo patrimonio cultural y natural, hoy desatendido e infrautilizado.
Expuesta la dramática situación del territorio gallego y de su patrimonio, cabe preguntarse acerca de la reversibilidad de la situación. A pesar de la larga duración de estos complejos y lentos procesos, ¿es posible todavía en Galicia aprovechar esta oportunidad reequilibradora del territorio en un plazo razonable y por tanto recuperar también sus valores patrimoniales?
Nos ofrece una respuesta el médico, intelectual, político, escritor y dibujante gallego Daniel Alfonso Rodríguez Castelao quién a principios del siglo XX en una de sus más conocidas viñetas dibuja un recio marinero, quién víctima del hambre y la miseria, con su pequeño hijo en brazos, proclama: “Las sardinas volverían si los gobiernos quisieran”. En Galicia, desde entonces y hasta el momento, los gobiernos no han querido.
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Notas
[1] Michael Shafer. Winners and losers. How sectors shapes the developmental prospects of states. Rurgers University (Newark, USA), 1994.
[2] Xosé Allegue e Esperanza Costas. Maquiavelo e a lei do litoral. Revista Tempos Novos, núm. 310, págs. 26 a 32, marzo 2023.
[3] Sobre el concepto de “Captura de las políticas“ resulta de imprescindible lectura el informe de Oxfan Intermón: https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/El_fenomeno_de_la_captura_desenmascarando_el_poder
[4] Xosé Allegue. Galicia: derecho al territorio “…as if people mattered”. Revista Critica Urbana, núm. 14, págs. 40 a 43, septiembre 2022.
[5] Xosé Allegue. Rehabilitación urbana e solidariedade territorial. Catálogo da exposición Avance dunha continxencia. Arquitectura contemporánea en Galicia, págs. 183 a 194, CGAC, 2007.
[6] Xosé Allegue. Humanidad del patrimonio y derecho a la ciudad. Revista Critica Urbana, núm. 7, págs. 17 a 20, julio 2019.
[7] Xosé Allegue. Cidades versus territorio en Galicia: conflitos e oportunidades. Revista Tempos Novos, núm. 222, págs. 20 a 23, novembro 2015.
[8] Ruth Varela y Xosé Allegue. Desurbanización y decrecimiento. Revista Critica Urbana, núm. 27, págs. 13 a 16, marzo 2023.
Nota sobre el autor
Xosé Allegue (1960) es doctor arquitecto urbanista y experto en gestión patrimonial. Desde 1993 es Jefe de la Oficina de Proyectos del Consorcio de Santiago de Compostela, al que representa en el grupo ciudades Patrimonio de la Humanidad españolas y en los encuentros de gestores de Patrimonio Mundial. Profesor de proyectos en UCD Architecture entre 2004 y 2011. Entre 2012 y 2020 miembro de la ponencia técnica y de la Comisión asesora de la ciudad histórica de Santiago de Compostela. Es también Arquitecto de la Fundación Uxio Novoneyra. Sus focos de interés son la gestión patrimonial, las políticas de vivienda y el equilibrio territorial en Galicia.
Para citar este artículo:
Xosé Allegue. Galicia: conflictos patrimoniales y desregulación territorial. Siete apuntes breves. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol. 7, núm. 31, Galicia. Conflictos socioambientales. A Coruña: Crítica Urbana, marzo 2024.