Por Cristina Botana |
CRÍTICA URBANA N.12
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“El crecimiento de las ciudades gallegas durante el desarrollismo de los años 60 y el éxodo rural hacia lo urbano -proceso que aún hoy continúa-, provocaron la aparición de núcleos de chabolas en los márgenes urbanos. Estos asentamientos fueron autoconstruidos con la aquiescencia de una administración incapaz de dar respuesta a la creciente necesidad de vivienda. Con el tiempo, la mayoría de esta población fue reubicada en bloques de vivienda social que el Estado construyó en áreas periféricas de la ciudad.”
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En A Coruña, barrios como Labañou, Sagrada Familia, Birloque o el Barrio de las Flores son muestra de estas políticas basadas en la segregación de la pobreza, ya que se concentraba a esta población en un área alejada y fácil de controlar que permitía disponer de su fuerza de trabajo sin compartir el espacio urbano. Pero una parte de los sectores más marginalizados, con especial incidencia entre la población gitana[1], no accedió a estos barrios y permaneció en los conjuntos de chabolas[2] hasta entrados los años 80. Desde entonces, estos tejidos han sido objeto de diversas políticas de “erradicación del chabolismo” y de discursos contra la pobreza urbana que omiten hasta qué punto el desarrollo de asentamientos chabolistas es producto de intervenciones públicas. Así, se dan dos procesos paralelos: uno de segregación de la pobreza, común a tantas ciudades, y otro de marcado carácter racial, aún por reconocer, que segregó a la población gitana y que define la realidad actual en estos barrios.
La sociedad hegemónica considera estos tejidos una patología urbana autoproducida que las instituciones públicas se ven obligadas a resolver, desplegando los medios asistenciales para rescatar a esta población de sí misma. Bajo esta premisa de partida, las políticas de erradicación del chabolismo suelen fracasar aun cuando logran hacer desaparecer la expresión construida del problema. Es necesario revisar la forma en que se han generado estos asentamientos; reconocer que nuestro actual modelo de ciudad ha necesitado del gueto y de su mano de obra barata para desarrollarse, y que para ello los poderes públicos han construido conjuntos de infraviviendas periféricos a donde desplazar grupos enteros de población. El mapa actual de núcleos chabolistas de Galicia, más de 30 incluyendo los autoconstruidos y los de promoción pública, revela que son estos últimos los que presentan las peores situaciones de degradación.
La construcción de asentamientos chabolistas por parte de las instituciones públicas se practicó en Galicia desde los años 60 hasta finales de los 90 y fue mayoritariamente población gitana la trasladada a estos lugares. Sólo en las décadas de los 80 y 90 la administración promovió hasta 14 asentamientos. Esta promoción consistió en la cesión de terrenos residuales a grupos de familias sin otro apoyo institucional y en la construcción de conjuntos de barracones o infraviviendas sin servicios básicos ni condiciones de habitabilidad. Ejemplos de lo segundo los encontramos en Carqueixo (Lugo), Freixeiro (Ferrol), O Vao (Poio), O Portiño (A Coruña), Maceda (Ourense) o Penamoa (A Coruña).
Estos procesos se justificaron en la urgencia de resolver una cuestión urbanística apremiante para un pretendido interés común y en el carácter provisional de tales soluciones. Estos conjuntos sólo se hacen visibles al resto de la ciudadanía cuando el suelo que ocupan pasa a tener algún interés urbanístico estratégico. Entonces comienza la urgencia y la denuncia de sus condiciones insalubres. Se construye todo el discurso que prepara el terreno para la acción de servicios sociales y el desalojo de la población residente. Todo ello opera siempre sin incluir una reflexión sobre el contexto en que se ha desarrollado el barrio y el factor institucional en éste.
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A Coruña como laboratorio de ensayo sobre los asentamientos precarios
En la ciudad de A Coruña de mediados de los 80 el interés por construir un centro comercial precipita el desalojo del mayor asentamiento chabolista de la ciudad, habitado por trabajadores temporeros del puerto, dando lugar a 4 nuevos núcleos periféricos: Vioño, As Rañas, A Pasaxe y Penamoa. Este último, el más denso y degradado, fue desmantelado en 2012 durante las obras de la tercera ronda de circunvalación, casi 30 años después de ser construido por el municipio. De nuevo, una operación urbanística es el pretexto para activar una transformación urbana sobre tejidos no deseados por la lógica expansionista de la ciudad.
El ayuntamiento aprobó su Plan Especial Penamoa (PEP) en 2008. Se aplicó una metodología de expulsión marcada por la enorme incertidumbre de las 99 familias residentes, que vieron desaparecer sus casas sin tener garantizada una solución a corto o largo plazo. Al menos 19 familias decidieron no adherirse al PEP; algunas serían desalojadas a la fuerza por vía policial. De las que aceptaron, más de 30 fueron enviadas a municipios vecinos y 20 realojadas con familiares. Otras firmaron hipotecas por nuevos hogares, que perdieron al poco tiempo, o accedieron a ayudas para adquisición de vivienda contrayendo deudas con Hacienda de hasta 8.000€ a intereses que incrementan un 25% cada año de demora. El resto fueron realojadas en alquileres subvencionados, dependientes de una fundación bancaria privada, mediante convenios anuales nominativos de hasta 330.000€ sin control alguno sobre el gasto. La mayor parte de este dinero se destinó a labores de gestión. Este es otro aspecto relevante del problema ya que las cantidades de fondos que fluyen cada año hacia estas operaciones se utilizan para sostener todo el aparato asistencial de entidades sociales que trabajan en el ámbito.
En A Pasaxe se ha constatado que el Ayuntamiento realizó pagos directos a las residentes para agilizar la liberación de un terreno estratégico, muchos con la condición de abandonar el municipio, evitando así afrontar complejos procesos de realojo.
Aunque es una ciudad intermedia, A Coruña, con un largo historial de políticas públicas contra el chabolismo, ha sido el laboratorio para múltiples modelos de intervención cuyo factor común es el oportunismo urbano, apoyado en la desvalorización racista de las experiencias gitanas. Así, la dinámica con estos asentamientos es cíclica: la necesidad estratégica de los terrenos que habitan fuerza su expulsión hacia nuevas precariedades, hasta que la ciudad alcanza los márgenes de estos tejidos y se exige un nuevo desmantelamiento; al mismo tiempo, se culpabiliza a las residentes por ocupar estos territorios y resistirse a ser integradas al modelo urbano hegemónico, protegiendo así nuestra autopercepción. Para esta población, el derecho a la ciudad o a la vivienda sólo es un concepto que acompaña los discursos públicos mientras son desalojados.
Un primer paso: aceptar nuestra responsabilidad en la producción de hábitats precarios
Los discursos dominantes presentan estos asentamientos como procesos autoconstruidos por grupos marginalizados que apuestan por una solución informal para su hábitat y que, con el tiempo, se convierten en una carga social. Esta visión niega el papel institucional en el desarrollo de estos núcleos. No reconocer las consecuencias de estas políticas provoca que se cronifiquen.
En esta ciudad, la actual Corporación municipal ha expresado su intención de recuperar el modelo Penamoa para desmantelar los asentamientos existentes. La primera decisión tomada por el ejecutivo es reveladora: trasladar la coordinación del vigente Plan de Acceso al Hábitat Digno del área de urbanismo a la de servicios sociales. Durante el estudio realizado en 2019[3] en los municipios de la provincia con asentamientos precarios pude constatar la falta de interés e implicación de las áreas urbanismo y vivienda en este tema. En la mayoría (9 de los 11 analizados) no se consideraba un problema urbano sino de servicios sociales. Esta cuestión sigue la línea de la legislación autonómica: la Ley 5/1989 de medidas para la erradicación del chabolismo fue derogada por la actual Ley 10/2013, de inclusión social en Galicia, que no es un texto específico para estos tejidos, sino que regula aspectos generales que rigen los servicios sociales. Queda patente que no existe ninguna estrategia por parte de las administraciones públicas para atender a esta problemática más que de manera diferencial y desde el asistencialismo en vez de apelar al modelo urbano y al derecho al hábitat.
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Reparación, memoria y cambio de modelo
Las políticas urbanas, los espacios y las viviendas que habitamos o construimos no son neutrales: ocultan la diversidad social, niegan derechos culturales e imponen modelos etnocéntricos de habitar. Debemos reconocer que nuestra praxis urbana sigue lógicas homogeneizantes, capitalistas y coloniales que, para crear la ciudad como espacio seguro y próspero para la sociedad dominante, construye territorios de excepción en los que relegar y contener a los sujetos percibidos como divergentes.
No es tanto encontrar la receta definitiva para afrontar las dificultades en los asentamientos precarios como entender que estos tejidos son estructuras urbanas complejas y autónomas; desechar soluciones únicas basadas en la dispersión y el desarraigo de las residentes y apostar por actuaciones que valoricen las redes de apoyo mutuo y la memoria colectiva de estos lugares. Durante la actual crisis sanitaria por el COVID19, la vivienda se ha confirmado como un elemento fundamental en la salud pública; debemos de avanzar en esta cuestión y promover acciones concretas para garantizar el derecho pleno a un hogar seguro.
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[1] En este texto el término gitano alude a la construcción social identitaria, producto de la sociedad paya (no gitana), que se ha utilizado para definir a la población Rroma española y como herramienta de opresión y segregación, que es lo que se trata de poner en evidencia.
[2] Conjuntos de barracas, favelas, infraviviendas, barracones, sankis. Asentamientos o núcleos precarios e informales.
[3] Proyecto de investigación realizado por la autora con el título: Estudio de los asentamientos precarios en la provincia de A Coruña. Análisis de situación, 2019. Financiado por la Diputación de A Coruña. Se entrevistó a agentes técnicos y sociales públicos en los municipios de: Ferrol, Narón, A Coruña, Culleredo, Cerceda, Carral, Carballo, Arteixo, Ribeira, Ames y Teo.
Nota sobre el autora
Cristina Botana es arquitecta por la UDC, máster en Ciudad y urbanismo por la UOC. Actualmente realiza su tesis doctoral en la Escuela de Arquitectura de A Coruña (ETSAC) sobre los asentamientos precarios en el contexto gallego y su relación con el modelo de ciudad hegemónico. Colaboradora con ONGDs comprometidas con el derecho al hábitat durante la última década y cofundadora del Colectivo Anomias, grupo de acción e investigación sobre cuestiones urbanas y derecho a la ciudad.
Para citar este artículo: Cristina Botana. La promoción pública de segregación urbana. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.3 núm. 12 Derecho a la vivienda. A Coruña: Crítica Urbana, mayo 2020. |