Otra cara de la desigualdad chilena. El costo de la falsa promesa del progreso en los territorios

Por Mauricio López |
CRÍTICA URBANA N.16 |

Que se diga que Chile es un país profundamente desigual no resulta nada nuevo; tampoco que se le critique que este problema radica en lo más profundo de su historia y que su actual Constitución, en vez de corregirlo, lo ha consolidado e incluso impulsado. Si bien esta tónica no es ajena a los demás países latinoamericanos, el caso chileno llama especialmente la atención, por lo paradójico de ser uno de los países con mayor crecimiento económico de la región, pero cuyos niveles de desigualdad destacan entre los más altos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Estas desigualdades pueden reflejarse en infinidad de aspectos, sean de orden sanitario, educacional, cultural, laboral o también de orden de planificación territorial, donde más allá de buscar la integración social, se empuja o relega a las personas económicamente más pobres a zonas ecológicamente más frágiles o de menor valía, lo que las expone a una mayor frecuencia y gravedad de riesgos, como ocurre con los territorios que, en aras del crecimiento económico, concentran masivas industrias contaminantes en desmedro de la población, de la flora y de la fauna local, que el común popular ha denominado zonas de sacrificio.

Existen múltiples ejemplos de estos territorios vulnerados por un afán económico; presentamos aquí brevemente tres casos emblemáticos.

Freirina (2005-2012)

En Freirina, comuna ubicada en el valle de Huasco, en la Región de Atacama, cuya población estimada era -en ese entonces- de 6000 habitantes aproximadamente, AGROSUPER, el mayor grupo agroindustrial de Chile, impulsó un proyecto avaluado en US$ 500 millones, con el fin de instalar una planta criadora y procesadora de cerdos, que sería la más grande de este tipo en Sudamérica y con la promesa de abrir cerca de 3000 puestos de trabajo, en una localidad que tenía una tasa de desempleo cercana al 25%.

Al poco tiempo de andar la planta, la población de Freirina comenzó a sufrir náuseas, malestares gastrointestinales y cefaleas, entre otros problemas sanitarios, a causa de la emanación de malos olores, lo que significó un levantamiento de la ciudadanía en contra de la autoridad -por la falta de fiscalización- y de la empresa. La autoridad sanitaria decretó una prohibición de funcionamiento y, tras una batalla legal, AGROSUPER cerró definitivamente este proyecto.

Andacollo (2008-2020)

Con una población aproximada de 11 000 habitantes, esta ciudad se emplaza a mil metros sobre el nivel del mar en la Región de Coquimbo, basando históricamente su estrategia de “progreso” en torno a la actividad minera cuprífera y aurífera, lo que ha generado que, desde el principio, existieran problemas en la salud de la población, asociados precisamente a la polución causada por metales pesados y residuos químicos utilizados en esta actividad económica.

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). Mapa de localización depósitos de relaves. Comuna de Andacollo. Diciembre, 2015

En el año 2009 se efectuaron diversos estudios científicos y monitoreos ambientales que dieron cuenta de que el material particulado había superado ampliamente los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud y la norma de calidad ambiental chilena; Andacollo fue declarado zona saturada el año 2009, aprobándose recién en 2014 el Plan de Descontaminación Atmosférica, que hasta la actualidad se continúa ejecutando.

Cabe advertir que la desprotección por la salubridad de la población andacollina era tal, que las postales que apuntaban a la iglesia y a la basílica (monumentos históricos de la ciudad) tenían de fondo los relaves cuyo contenido principal era el mercurio, y que recién en el año 2012 se iniciaron los trabajos de remoción.

Quintero-Puchuncaví (década de 1950-actualidad)

Cuando se habla de zonas de sacrificio, sin duda alguna, el caso más emblemático corresponde al de las comunas de Quintero y de Puchuncaví en la Región de Valparaíso, que reúnen a unos 50 000 habitantes aproximadamente. Este sector originalmente tenía destino pesquero, agrícola y turístico. Sin embargo, hacia finales de la década del cincuenta se inauguró el complejo industrial Ventanas, lo que significó transformar a estas comunas en un polo de «progreso» económico a nivel regional y nacional, pero cuyos costos en la salubridad humana y ambiental se irían conociendo al poco tiempo.

Campaña de Greenpeace pidiendo el cierre inmediato de las termoeléctricas en Quintero-Puchuncaví. La ONG alertó respecto de lo poco ambicioso del plan de descarbonización anunciado por el gobierno y que, en la práctica, tendrá a Chile, al momento que se inaugure la próxima COP25 en Santiago, con los mayores niveles de uso de carbón en la historia del país. Foto: Manuel Madariaga. Greenpeace

Ya en 1993, recibieron una respuesta ligeramente coherente de parte de la autoridad, cuando la zona fue declarada saturada por superar los límites de calidad ambiental, iniciándose con ello un plan de descontaminación muy limitado, mientras continuaba la instalación y operación de empresas mineras, de electricidad, combustible, gas y químicos.

El malestar sociosanitario siguió acumulándose y, en 2015, nuevamente la zona fue declarada saturada, esta vez por la acumulación de material particulado. Se elaboró un nuevo plan de prevención y descontaminación, que poco después fue declarado ilegal por la Contraloría General de la República, pues dicho plan no cumplía con su objetivo primordial: descontaminar. Ello provocó que la autoridad tuviese que diseñar un nuevo plan, que comenzó a operar en 2019.

En paralelo a este burocrático fracaso, entre 2014 y 2016 la zona sufrió derrames de hidrocarburos y más de cien varamientos de carbón; consecuencia de ello fue que, en 2018, niñas y niños sufrieron intoxicaciones masivas.

Lecciones y desafíos

Resulta desmoralizador saber que, aun cuando muchos de estos conflictos ambientales datan de hace más de medio siglo, la institucionalidad, tanto sanitaria como ambiental, aún hoy no ha logrado estar a la altura para corregir eficientemente y prevenir este tipo de situaciones.

Los casos expuestos ponen en evidencia, además, una desalentadora falta de preocupación por la población misma y por sus necesidades comunitarias de vivir en ambientes sanos y ecológicamente equilibrados, pues la precariedad de nacer y crecer a pocos metros de relaves con residuos de mercurio, de respirar aire putrefacto por causa del excremento de cerdos o con otros residuos industriales son un duro rostro de la desigualdad territorial, ya que, en la mayoría de estos casos, la promesa del progreso económico con la que se celebra la llegada de estas industrias y proyectos solo disfraza una verdad aún más dura: las riquezas obtenidas por el sacrificio ambiental y sanitario no quedan en el territorio afectado; al contrario, estas zonas quedan más empobrecidas y además con poblaciones enfermas, muchas veces de por vida.

En definitiva, junto con las políticas de prevención y las acciones concretas de mitigación y restauración de perjuicios, que deben implementarse en estos territorios vulnerados, así como nuevas estrategias de planificación territorial, es menester comprometer al sector industrial -sea este público o privado- a generar inversiones y obras realmente significativas, beneficiosas y útiles en los territorios donde se trabajará en proporción a los beneficios que obtendrán como empresas, especialmente en mejoramiento de áreas verdes, protección y fomento de la biodiversidad nativa y, por supuesto, contribuir directamente al fortalecimiento de los servicios de salud, dado que estas son algunas de las áreas más resentidas por la población ante proyectos que se prevé afectarán negativamente el medio ambiente.