Un problema persistente. La corrupción urbanística en España

Por Elia Canosa y Ángela García |
CRÍTICA URBANA N.25 |

La corrupción urbanística es un tema central para la democracia, la economía, la sociedad y, como no, para el propio urbanismo español. La cantidad y calidad de las investigaciones y análisis realizados y difundidos en estas dos primeras décadas del nuevo siglo son indicadoras tanto de la importancia del fenómeno como de la respuesta crítica y firme de académicos y profesionales de diferentes disciplinas, así como de activistas y otras personas comprometidos con la ciudad y los ciudadanos.

La recurrencia en la publicación de ensayos y trabajos de investigación sobre la corrupción urbanística, avisando de su revitalización, como ocurre en estos últimos años, suele ser paralela a los cambios en el ciclo económico, ahora recesivo, y a la reivindicación de la construcción como motor de la recuperación, pieza clave de la corrupción. La coincidencia de estos hechos en la actualidad es un claro aviso de un nuevo periodo álgido de escándalos y denuncias. Junto a las publicaciones en revistas y libros especializados hay que destacar la relevancia de la labor de la prensa, de algunos blogs rigurosos y de otros medios, como la novela o los documentales, que no sólo crean opinión, sino que se convierten, sobre todo la prensa, en fuente casi exclusiva para el inventario, cuantificación y localización de casos y procesos

Pese a la continuidad y la envergadura actual del fenómeno, propios de un mayor desconocimiento, han sido identificados certera y rigurosamente los factores esenciales para su desarrollo y, por lo tanto, las claves para su limitación: las propias bases del urbanismo español, el modelo urbano imperante y una normativa prolija y compleja con numerosas instancias para la reclamación. Por ello, más allá de los necesarios estudios de nuevos casos y las reflexiones sobre los avances normativos y sociales, podemos derivar hacia el tratamiento de algunas cuestiones conceptuales y reivindicar los medios, algunos más novedosos, de presión y denuncia de la corrupción urbanística. En este sentido, abordaremos tres asuntos que consideramos esenciales haciendo hincapié en el apoyo de distintos medios de comunicación que, junto a los especialistas, hacen una labor fundamental de investigación y acusación.

Hotel en El Algarrobico (Carboneras, Almería, abril de 2022). Desde la paralización de las obras en 2006 se acumulan más de una treintena de sentencias contrarias a su legalización. En 2016 el Tribunal Supremo ordenó su demolición, demorada por interminables recursos. Foto: Elia Canosa, 2021

El primer aspecto es el peso mediático de la corrupción en un sentido amplio y la importancia de los medios de comunicación en su denuncia y seguimiento. El segundo, es la necesidad de incorporar a la perspectiva ética de este concepto, la cultural e incluso la estética, reclamaciones más recientes. El tercero es la importancia y la dificultad para demoler las obras ilegales de mayor impacto. Ya es una práctica extendida el cumplimiento de esta sentencia cuando afecta a construcciones particulares de escasa dimensión, pero los elevados costes y la lentitud de los procedimientos dificultan enormemente enfrentarse a las de mayor envergadura, que podrían considerarse ejemplares.

Difundir con rigor, garantizando el seguimiento

La prensa y otros medios digitales se hicieron eco, en septiembre de 2020, del nuevo ascenso al cuarto puesto entre las preocupaciones de los españoles, de la corrupción y el fraude, que subió hasta el 20,5% de las respuestas para el Barómetro del CIS. El paro se mantenía como el principal problema con un 30,7%, dando continuidad a su posición preeminente desde el inicio de los estudios en 1985, seguido por la crisis económica, un 30%, y la pandemia, señalada un 27,3%. Con posterioridad, la guerra en Ucrania se ha unido a la pandemia, agudizando la sensación de quiebra global.

Principales problemas que existen en España. Se han seleccionado los cuatro problemas que más veces han ocupado las primeras posiciones. La cifra recoge la suma de los porcentajes de respuestas que recogen cada uno de los problemas en primer, segundo y tercer lugar. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (Organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia español). https://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/depositados.jsp

Detrás de esa percepción de corrupción extendida en políticos, gobernantes y funcionarios, parece que están más, dada la escasa transparencia de los organismos públicos encargados de la vigilancia, los medios de comunicación, únicos que difunden con profusión los casos, su magnitud, sus conexiones y, de manera más desdibujada, sus consecuencias administrativas y penales.

A la prensa, los blogs, la radio y la televisión cabría añadir la literatura, la novela negra, como alimento para el conocimiento y el debate del calificado como cáncer de la economía, la democracia y la sociedad españolas. Hasta diecisiete novelas de éxito han sido publicadas entre 2004 y 2022, (la búsqueda no se ha hecho de forma exhaustiva, seguramente son más), con tramas que se desarrollan en los lugares donde se han denunciado los mayores escándalos asociados a la corrupción urbanística. Entre 2006 y 2007 figuras como Joaquín Leguina con “Las pruebas de la infamia”, Rafael Chirbes, que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica con “Crematorio”, convertida también en serie de éxito cinco años después, Juan Madrid con “Pájaro en mano” y Fernando Bayón, “De un mal golpe”, denuncian la especulación inmobiliaria y la corrupción en Madrid en el primer caso, en la costa levantina en el segundo y en Marbella los otros dos. Valencia ha merecido el mayor número de publicaciones, con cuatro distribuidas entre 2014, cuando Lorenzo Silva lanza “Los cuerpos extraños” y 2022 cuando Alicia Giménez, con dos nuevas inspectoras sustituyendo a Petra Delicado, escribe “La Presidenta”. Entre ambos la original Sinpiedad punto org, de 2017 y “Monumental”, también de 2022. Que el género negro se haya fijado en la especulación, las irregularidades urbanísticas, la vida política local y la corrupción urbanística asociada a todas ellas, es un síntoma de la gravedad del problema y de sus graves consecuencias para el país. En las obras se agolpan los personajes sin escrúpulos, políticos y empresarios, que se enriquecen con la destrucción de los paisajes. Las semejanzas son obvias con los casos reales denunciados en la prensa. El mensaje así trasmitido cala con mayor fuerza en la ciudadanía que a través de las investigaciones académicas o profesionales.

Parece haber recaído la responsabilidad de la lucha contra la corrupción en las denuncias iniciales realizadas por estos medios y los escándalos urbanísticos desvelados tras meses de investigación por periodistas. La exigencia de una mayor transparencia a las administraciones y organismos públicos y a los agentes inmobiliarios, no se ha traducido en una mayor difusión y claridad en las actuaciones. Formar a la opinión pública requiere de estos medios independientes, responsables y sólidos que no deben convertirse en controladores únicos, ni manipuladores ni portavoces partidistas e interesados.

Enriquecer el contenido de la corrupción urbanística

Sobre esta cuestión también hay demasiados asuntos que tratar, así que sólo se apuntará un viejo argumento dentro de la Geografía, enunciado por Humboldt a finales del siglo XIX en su obra “El Cosmos”: “Por una feliz conexión de causas y de efectos, generalmente aun sin que el hombre haya previsto, lo verdadero, lo bello y lo bueno se encuentran unidos a lo útil”. Este convencimiento en que la ciencia, el progreso económico y la belleza pueden estar unidos debe ayudar a mejorar el tratamiento de la corrupción urbanística.

Resulta muy interesante que en el libro Geografía del despilfarro en España, dirigido por Joan Romero en 2019, sea necesario establecer las diferencias entre despilfarro y corrupción, haciendo hincapié en la dificultad para demostrar en los tribunales esta última y la extensión de variadas formas de corruptelas, irregularidades y embrollos jurídicos que se asocian a actuaciones despilfarradoras, especialmente destructivas del territorio y del paisaje. Los atentados urbanísticos que suponen la mayor parte de las grandes operaciones urbanas hechas al margen de un Plan General y de las necesidades de la ciudadanía exigen cambios radicales en la normativa y la mentalidad. Sin embargo, aprovechando la pandemia, se han aprobado leyes desreguladoras del urbanismo en Andalucía, Madrid y Extremadura, que facilitarán precisamente las reclasificaciones de suelo y la concesión rápida de licencias. Los valores dominantes en la política, la economía y la cultura deben variar. No todo vale y hay alternativas a la construcción para la mejora económica de las ciudades. Se puede unir lo bueno y lo útil.

También lo bello debe estar ligado a un urbanismo no corrupto. Este principio es la antítesis de lo relatado en otro libro reciente, La España Fea, publicado por el periodista Andrés Rubio en 2022. Su relato de la destrucción sistemática del territorio a través de actuaciones especulativas teñidas de corruptelas es revelador del desprecio a la arquitectura y al paisaje de algunos alcaldes, arquitectos, vecinos, empresarios, abogados y funcionarios. De inmorales, deshonestas y feas acusa a numerosas actuaciones en Madrid, Almería, Lanzarote, A Coruña, Málaga, Sevilla o Cáceres.

El urbanismo debe recuperar su contenido esencial y dejar de estar al servicio del sector inmobiliario. Quizá el desarrollo de la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura, aprobada en junio de 2022, sea la base para los necesarios cambios en el urbanismo español. Entre los principios que deben presidir la intervención de los arquitectos se señala el respeto a “la belleza y la contribución a la creación y mantenimiento de un entorno con valores culturales reconocibles por la sociedad a la que va destinada”, además de la “contribución a crear valor económico y social (art. 4c y j).

Evitar la impunidad

La sensación de impunidad que domina en la ciudadanía y los medios ante los grandes casos de corrupción urbanística, consecuencia de las respuestas muy tardías de las administraciones responsables tras las primeras denuncias, a veces no formales, sin emplear la paralización cautelar de obras y las inspecciones, tiene su máximo argumento en las dificultades para llevar a cabo la demolición y la restitución del suelo a su estado original.  A las dilaciones en los procesos hay que unir los enormes costes que conllevan, que además terminan comprometiendo los presupuestos públicos de ayuntamientos o comunidades autónomas. Frente a esta dinámica, las sentencias de demolición por infracciones urbanísticas en viviendas particulares tienden a ser ejecutadas incluso por los mismos propietarios.

Dos referencias sirven para ilustrar este asunto, en primer lugar la gravedad de los casos que aún están pendientes de cumplir sentencias de derribo. En segundo lugar, la falta de reconocimiento e incluso protección a los que denuncian ilegalidades urbanísticas y corrupción.

Sobre el primer asunto, además de las publicaciones académicas, contamos con los recuentos que periódicamente salen en los diarios recordando los casos más desmedidos y perversos. El catálogo de los cinco símbolos del ladrillazo suele comenzar con el hotel construido ilegalmente en la playa de El Algarrobico en Carboneras, Almería, paralizado cuando ya estaba prácticamente terminado en 2006 ya que invadía parcialmente la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre (figura 2). Nadie duda ya que se producirá la demolición, pero aún recursos pendientes permiten la prolongación de los plazos. El complejo Marina Isla Valdecañas, situado en los municipios El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, sobre una isla formada en el embalse de este afluente del Tajo en Zona de Especial Protección de Aves incluida en la Red Natura 2000. Aprobado en 2007, en 2010 inaugura parcialmente sus instalaciones (un hotel, 185 unifamiliares, un campo de golf y equipamientos deportivos diversos) y en 2011 recibe la orden de paralización cautelar. Hace pocos meses en Tribunal Supremo ha condenado a la demolición completa y no sólo parcial. Ya se ha presentado el recurso de casación necesario para intentar frenar el derribo al menos del sector en funcionamiento. En parecida situación están las Torres Gemelos 28, en Benidorm, Alicante, de 22 plantas, parcialmente sobre la zona de servidumbre de protección marítima, con sentencias de demolición desde 2012 y aún pendiente del último recurso en la Corte de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Valencia. Toda su tramitación administrativa fue cuando menos irregular, desde la aprobación sólo dos meses antes de la Ley de Costas en 1988. En fases previas están las sentencias de derribo del hotel Sandos Papagayo, en Lanzarote y 52 chalets de lujo en O Grove, Pontevedra. En el primer caso, el hotel construido en 1998 y con un primer auto condenatorio de 2011, es uno de los más de 40 complejos turísticos denunciados como ilegales en la isla, sin licencia, una arquitectura nefasta y sobre un camino peatonal a la playa. En 2022 la última sentencia de derribo será recurrida al Tribunal Superior de Justicia. También en la lucha se mantienen los chalets construidos en las Rías Baixas en suelo clasificado como no urbanizable y de especial protección de Costas y con licencia de apartahotel.

En cuanto a las presiones sobre las personas que informan o denuncian delitos de corrupción urbanística y a la falta de protección ante posibles represalias, hay que destacar el retraso en la legislación española al respecto y la escasa simpatía, en general, que tienen los movimientos ecologistas, verdaderos protagonistas de las acusaciones más sólidas y firmes contra estos atentados urbanísticos y medioambientales. El documental estrenado en 2021 “Historias de poder y de vida”, dirigido por Manuel Ruiz y Pablo Llorca, es ejemplar al respecto. El seguimiento de cinco casos mediante entrevistas a sus protagonistas, todos de Ecologistas en Acción, pone de manifiesto los enormes costes personales y económicos que han tenido que soportar. Las amenazas, acusaciones falsas e incluso ataques no impidieron resoluciones judiciales a favor que, no obstante, permanecen pendientes de ejecución y con recursos o trámites que ralentizan su cumplimiento.

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^{Esta reflexión se integra en el proyecto de investigación Paisajes de la desigualdad en las periferias de las ciudades financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (GC2018-098209-B-I0).}