Urbanismo feminista ante el avance de la ola conservadora

Por Blanca Valdivia |
CRÍTICA URBANA N. 39 |

Hace más de cuarenta años, autoras feministas comenzaron a plantear que el género es una variable determinante en el uso de los espacios y que, además, la propia configuración de la ciudad está atravesada por una mirada androcéntrica.

Desde entonces, el urbanismo feminista ha ido consolidando un amplio repertorio teórico y metodológico desarrollado desde distintas disciplinas —como la geografía, la arquitectura o la sociología— y desde múltiples ámbitos, que incluyen la academia, las entidades sociales, los movimientos feministas e incluso algunas instituciones.

Experiencia y conocimiento colectivo y acumulado

Sin embargo, a pesar de esta extensa genealogía y de la proliferación en los últimos años de jornadas, publicaciones y artículos divulgativos, la incorporación del feminismo en la planificación urbana sigue percibiéndose como un enfoque novedoso, marginal o excepcional: una etiqueta asociada a intervenciones puntuales, más que una mirada holística y transversal capaz de repensar de manera estructural los espacios públicos, comunitarios y domésticos. Esta consideración se traduce, además, en una presencia superficial en la formación reglada y anecdótica en la práctica profesional.

¿Es aún necesario el urbanismo feminista?

En este contexto, cabe preguntarse si realmente es necesario seguir incorporando hoy en día un enfoque feminista en el urbanismo. Para responder a esta cuestión, podemos partir de dos hechos constatables. En primer lugar, el urbanismo no es neutro: se trata de una disciplina que refleja los valores hegemónicos de un sistema capitalista, patriarcal y colonial.

De hecho, con frecuencia, decisiones profundamente políticas se presentan como meramente técnicas, cuando en realidad se adoptan desde un sistema de valores que prioriza a determinados sujetos frente a otros y que ha situado en el espacio ciertas experiencias, necesidades, cuerpos y percepciones, relegando otras.

Taller participativo. Málaga, 2016. Fuente: Col·lectiu Punt 6

El segundo hecho es que, a pesar de los avances sociales y feministas del último siglo, las mujeres continúan enfrentándose a desigualdades estructurales. Continúan sufriendo violencia machista, siguen asumiendo mayoritariamente los trabajos de cuidados y, además, se encuentran, en términos generales, en una situación de mayor precariedad económica. Estas desigualdades no solo atraviesan las distintas esferas de la vida social, sino que también se materializan de forma concreta en el territorio y en la organización de los espacios.

Precisamente, la persistencia de estas desigualdades en todas las esferas de la vida de las mujeres, y cómo se materializan en injusticias territoriales, constituye una razón de peso para justificar la incorporación de una perspectiva feminista en el urbanismo. No es un tema aislado dentro de la planificación urbana, sino un enfoque que permite adoptar una mirada crítica para identificar cómo las relaciones de género y los roles asignados socialmente se traducen en desigualdades espaciales, y que, a partir de ello, posibilite el desarrollo de propuestas orientadas a la construcción de entornos más justos socialmente. Entre sus principales aportaciones, el urbanismo feminista ha contribuido a visibilizar la organización territorial de los cuidados; a situar la percepción de seguridad y las violencias machistas en el foco de los debates sobre seguridad urbana; y a evidenciar las diferencias, en los patrones de movilidad y en los usos de los espacios públicos y los equipamientos entre mujeres y hombres, así como sus causas. Asimismo, ha desarrollado metodologías propias analíticas y propositivas, entre las que destacan las marchas exploratorias, las cadenas de itinerarios o las redes de espacios cotidianos.

Defender una perspectiva feminista es hoy más importante que nunca. Tras un periodo de gran visibilidad impulsado por el auge del movimiento feminista durante la década de 2010, tanto en el Estado español como en América Latina, se consiguió que ciertas demandas permeasen la agenda pública. No obstante, en la actualidad nos encontramos en un contexto de retroceso en derechos y libertades, en el que consensos sociales básicos —como la defensa de los derechos de las personas migrantes, las mujeres o las personas LGTBI— están siendo crecientemente cuestionados. En este escenario, resulta imprescindible seguir perfilando y sosteniendo espacios de disputa, evidenciando las desigualdades persistentes y concretando cuáles son las condiciones materiales necesarias para la transformación social. Tal como señala Fraser (2000), no basta con la visibilización o el reconocimiento simbólico: la justicia social y la transformación estructural requieren, necesariamente, de una redistribución material.

Por todo ello, hoy más que nunca, el urbanismo feminista se erige como una trinchera desde la que defender la justicia social y territorial. Se trata de un urbanismo que va más allá de la piedra y la materia construida y que incorpora aspectos de gestión y de programa. Que aborda ámbitos diversos como la vivienda, el espacio público, los equipamientos, las infraestructuras de cuidados, la planificación territorial o la movilidad.

Recorrido Jane Jacobs Barcelona 2017. Fuente: Col·lectiu Punt 6.

Propuestas del urbanismo feminista

Desde esta mirada, la vivienda se reivindica como una infraestructura esencial: un espacio en el que no solo se desarrollan actividades básicas —como el descanso, la alimentación o el cuidado físico y emocional propio y de las personas con quienes se convive—, sino también un nodo que posibilita el acceso a otros derechos fundamentales, como el empadronamiento, la salud o la educación. Al mismo tiempo, este enfoque denuncia que las mujeres, especialmente aquellas que son cabeza de familias monomarentales, migradas o mayores, enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda digna o para mantenerla, y sufren con mayor intensidad los desahucios y la pobreza energética.
Un urbanismo feminista, que, además, prioriza la posibilidad de habitar el espacio público desde la diversidad de usos y actividades: pasear, conversar con las vecinas, cuidar, bailar, jugar, practicar deporte, tomar el sol o hacer una asamblea, sin necesidad de que estén mediadas por el intercambio económico y el consumo. Reivindicando espacios dotados de elementos urbanos que acompañen estas prácticas —bancos, baños públicos, fuentes, vegetación, mesas, áreas de juego o pistas de baile—.
Una planificación que promueve que las personas puedan desplazarse a pie, en bicicleta o mediante transporte público, entendiendo la movilidad como una red interconectada en la que los distintos medios de transporte se articulan entre sí y con los recorridos peatonales. Desde esta perspectiva, no se trata únicamente de garantizar el acceso a los puestos de trabajo —tradicionalmente el objetivo central del diseño de las redes de movilidad—, sino también de asegurar la llegada a los equipamientos que sostienen la vida cotidiana, como escuelas, hospitales, centros de salud o espacios culturales. Para hacerlo posible, la red de transporte público debe ser accesible tanto física como económicamente, contar con espacios de espera seguros y protegidos frente a las inclemencias climáticas, ofrecer información comprensible en formatos analógicos y digitales, y contemplar la diversidad de cuerpos y capacidades.

Mapa comunitario Málaga 2016. Fuente: Col·lectiu Punt 6.

Un modelo territorial basado en una distribución equitativa de los equipamientos y de las infraestructuras de cuidados, en el que ni los ingresos, ni la edad, ni la situación administrativa, ni las responsabilidades de cuidados, ni el barrio de residencia supongan un obstáculo para acceder a la educación, la cultura, los servicios públicos de cuidados o la sanidad.

En definitiva, un cambio de paradigma urbano que transite de la ciudad capitalista, colonial y patriarcal que homogeniza sujetos y prioriza el beneficio económico de unos pocos, a una ciudad cuidadora que te cuida; cuida del ecosistema; te permite cuidarte; y te permite cuidar a otras personas. Que se concreta en criterios materiales para poner la vida en el centro de las decisiones urbanas: proximidad, agencia, accesibilidad, continuidad, corresponsabilidad, conciliación, habitabilidad y autonomía.

No hay justicia sin redistribución

En un contexto marcado por el resurgimiento y la normalización de discursos fascistas, machistas y racistas —amplificados de forma constante por plataformas mediáticas y digitales—, no cabe la ambigüedad ni la equidistancia. No es tiempo de tibiezas. Es momento de sostener, con firmeza y convicción, un urbanismo feminista que sitúe la vida en el centro y coloque a las personas, en su diversidad, como prioridad indiscutible de la planificación urbana.

Hablar de urbanismo feminista no implica únicamente incorporar la perspectiva de género como una capa superficial sobre políticas ya existentes. Supone cuestionar las bases materiales y simbólicas que han configurado históricamente nuestras ciudades: quién las diseña, para quién se diseñan y qué vidas se sostienen y protegen. Implica reconocer que el espacio urbano no es neutro, sino que reproduce y consolida desigualdades de género, clase, origen, edad y capacidad.

Sin justicia social no hay ciudad feminista posible. Y no hay justicia sin redistribución material. Incorporar una perspectiva feminista basada en la justicia social significa asumir que para que más personas puedan acceder a una vida digna en la ciudad, otras deberán renunciar a parte de los privilegios históricamente acumulados. Estos privilegios no son solo ventajas individuales; son beneficios estructurales que se traducen en un acceso desigual a recursos, tiempo, seguridad, poder y derechos. Se manifiestan en la concentración de la propiedad, en la apropiación del espacio público, en la movilidad diseñada para unos pocos y en la invisibilización de las condiciones materiales para cuidar.

Una ciudad feminista propone un cambio profundo de paradigma. El bienestar no puede depender de la posición que se ocupa en la jerarquía social, ni del acceso a la propiedad privada, ni del monopolio de la violencia. Debe asentarse en un buen vivir colectivo: en redes de cuidados sólidas, en espacios seguros y accesibles, en viviendas dignas y en una relación respetuosa y sostenible con el entorno natural.

Se trata, en definitiva, de disputar el sentido mismo de lo urbano. De pasar de ciudades organizadas en torno a la acumulación, el autoritarismo y la individualidad a ciudades pensadas para sostener la vida en todas sus etapas y condiciones. Defender un urbanismo feminista es apostar por un horizonte libre de violencias, que reconozca nuestra interdependencia y ecodependencia. Es comprender que la transformación urbana no es un asunto técnico, sino profundamente político. Y que solo a través de una redistribución justa de recursos, poder y tiempo podremos construir ciudades verdaderamente habitables para todas las personas.