Qué significa un desahucio

Por Llum Oliver|
CRÍTICA URBANA N.12

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“La ejecución de un desahucio es la despiadada frontera donde la propiedad privada se impone violentamente sobre el derecho a la vivienda, que en definitiva es el derecho a la vida.”

Tener un techo, un hogar, un espacio de intimidad donde guardar tus recuerdos, donde reunir tus vivencias y convivir con tus amistades y tu familia, un lugar donde crear tu proyecto de vida. Tener un hogar es fundamental para el desarrollo psíquico y emocional de las personas, es esencial para la vida. Cada persona debe tener su casa y cada casa debe estar habitada. ¿Es que puede haber algo más sencillo de entender? ¿Es que puede haber alguien que no esté de acuerdo con algo tan básico?

Y sin embargo, una cuestión que debería ser tan evidente se vuelve una utopía cuando el derecho a la vivienda queda pisoteado por la propiedad privada, por leyes que no protegen a los inquilinos porque están hechas para proteger a las grandes fortunas, por los precios especulativos del mercado, por un parque público de vivienda casi inexistente y por la nula voluntad de revertir la situación por parte del poder político y judicial.

Foto: Pedro Mata, Fotomovimiento

Todas necesitamos ese espacio, ese refugio. Pero nuestro nivel económico determinará que podamos conseguirlo con más o menos confort o de manera más o menos estable. Lo que para algunas es un problema resuelto desde que nacen hasta que mueren, para otras es una angustia diaria, una constante fuente de preocupación y de incertidumbre. ¿Hasta cuándo podremos quedarnos en esta casa?, nos preguntamos muchas. ¿Dónde estaremos mañana?

Tener casa no debería ser un privilegio, ni estar bajo el control del mercado. La vivienda es una necesidad básica, tan fundamental como la sanidad o la educación, y por eso no debería dejarse en manos de especuladores, sino del sentido común, de lo público y del interés general de la colectividad. La vivienda no puede ser una mercancía más.

Los juzgados dictan desahucios que dejan miles de personas en la calle, porque hay leyes que anteponen el derecho a la propiedad al derecho fundamental de la vivienda. Se desahucia para devolver a los propietarios el usufructo del inmueble. Pero en la mayoría aplastante de los casos, los propietarios no quieren recuperar ese usufructo para cubrir su necesidad de vivienda, sino sencillamente para especular. En el caso de los desahucios por impago, la gente no deja de pagar porque quiera lucrarse, sino porque tiene que elegir entre poner un plato de comida en la mesa o pagar el alquiler o la hipoteca. En cuanto a los desahucios por finalización del contrato, muchos inquilinos renovarían el contrato con los ojos cerrados, pero con la legislación actual, los propietarios no tienen ninguna obligación de renovarlo, ni de ajustar el precio dentro de unos límites razonables. Por este motivo, muchos moradores viven con la constante angustia de recibir un burofax que les anuncie el fin del contrato o el aumento del precio del alquiler hasta unos niveles inasumibles.

Foto: Pedro Mata, Fotomovimiento

En el caso de las hipotecas, cuando es imposible seguir pagando cada mes, queda como recurso, no menos grave, la dación en pago, es decir, entregar voluntariamente tu casa, muchas veces más que pagada a costa de intereses bárbaros y comisiones abusivas. Al final, las personas pierden su hogar, pierden sus sueños y el proyecto que habían construido. Pero para el banco que se queda con el inmueble, aquella casa no es otra cosa que un apunte en un libro de contabilidad, un número más para apuntalar sus descomunales beneficios.

Desahuciar –eso que dentro de la lógica judicial de la defensa de la propiedad privada podría parecer justo–resquebraja lo más íntimo de la poca seguridad personal a la que podemos aspirar. Tiene repercusiones graves en la salud de quien lo sufre y se vive en muchas ocasiones con vergüenza, soledad y culpabilidad. Otras veces acaba trágicamente con la vida de las personas.

Un desahucio es un crimen, una práctica que sólo puede perdurar en una sociedad enferma. Es una anomalía jurídica y social que deja a cientos de unidades de convivencia en la marginalidad, con secuelas de las que es muy difícil recuperarse.

No podemos considerar que vivimos en una sociedad civilizada cuando el Estado, el poder judicial y los cuerpos de seguridad dan amparo y protegen estas prácticas, e incluso las agravan con la aplicación de recursos como los desahucios con fecha abierta, que agudizan la angustia de las personas más vulnerables y se encarnizan con ellas.

En el año 2019 se ejecutaron 2.300 desahucios en Barcelona. Las administraciones, Generalitat y Ayuntamiento, están obligadas a proporcionar un realojo digno a las familias afectadas. Sin embargo, con un parque público de vivienda irrisorio, de apenas un 1,5 % del total, estas personas vulnerables quedan atrapadas en un trajín infinito de burocracias y realojos temporales en pensiones que muchas veces no ofrecen condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad, y que por lo general están lejos de sus barrios, lo que dificulta más aún sus vidas, además de romper las redes que habían tejido con vecinas y amigas, e imponer desplazamientos de hasta una hora para que los niños puedan seguir yendo a su escuela.

Otros muchos casos quedan fuera de los protocolos burocráticos que establecen las administraciones y acaban buscando recursos propios que los llevan a hacinarse en pisos de amigos o familiares, si tienen la posibilidad.

Foto: Pedro Mata, Fotomovimiento

Pero los desahucios que ordena el poder judicial no son los únicos que castigan a la población más desfavorecida. También hay desahucios extrajudiciales. Son los que llevan a cabo empresas de matones contratados por la propiedad, mafias que venden llaves, extorsionan, echan a las familias y vuelven a vender las llaves del mismo piso…Todos estos desahucios quedan fuera del registro oficial y en estos casos la administración ni siquiera está obligada a ofrecer un realojo.

Por suerte, frente a las atrocidades humanas siempre surgen grupos organizados de resistencia, desobediencia y apoyo mutuo. En la ciudad de Barcelona y en muchas otras poblaciones del estado español, ha vuelto a florecer la solidaridad entre las personas más desfavorecidas. Gente de todas las edades y de diferentes procedencias se une y se organiza en asambleas para hacer frente colectivamente a esta injusticia. En barrios, pueblos y ciudades, estas asambleas consiguen muchas veces negociar con la propiedad para encontrar la mejor solución, llegando a acuerdos favorables para las personas afectadas. En otras ocasiones, no queda más remedio que plantarse delante de la puerta y, en un acto firme de desobediencia, aplazar el desahucio hasta nueva fecha, dando así un margen para una nueva negociación.

Lo más hermoso y potente que generan la solidaridad y el apoyo mutuo son los cambios que hacen las personas cuando traspasan el miedo con el que llegan por primera vez a una asamblea. Compartir sus angustias y entender que no están solas les devuelve la fuerza, su fisonomía apagada y triste poco a poco va cambiando hasta convertirse en aquella de luchadoras incansables y alegres.

En estos últimos tres años, se han multiplicado los grupos y sindicatos de vivienda, tanto que actualmente en Barcelona hay por lo menos uno en cada barrio. Esto demuestra que la necesidad existe y que la gente, antes de conformarse, empieza a decir basta y a luchar hasta el último momento.

Todos los casos de desahucios, ya sean judiciales o extrajudiciales, tienen algo en común. Todos dejan a un ser humano sin su hogar, sin su intimidad, sin su refugio. En cada desahucio, la propiedad privada triunfa sobre el derecho a la vida. No podemos permitir que siga pasando.

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Nota sobre la autora

Llum Oliver es activista por el derecho a la vivienda. Como persona afectada por la hipoteca en 2012 acudió a la PAH BCN (Plataforma de afectados por la hipoteca) involucrándose en diferentes actividades y acciones (asamblea, acompañamientos, stop-desahucios y reuniones). Además ha sido integrante de la comisión de Obra Social de PAH BCN hasta el 2017 cuando con otras personas expulsadas de la PAH formaron la Obra Social BCN. Es una de las impulsoras del Grup Habitatge de Sants y de la #LaFiraOLaVida.