Gentrificación y derecho a la ciudad

Por Maricarmen Tapia Gómez |
Directora Crítica Urbana |
CRÍTICA URBANA N. 41|

Cuando se define inocuamente la gentrificación como el proceso de transformación de un lugar con la llegada de nueva población con mayor capacidad adquisitiva, se invisibilizan partes del proceso: especulación financiera, mobbing, abuso. Se nos abstrae del drama humano: las personas que viven en estos barrios son arrojadas, de forma individual y aislada, a un proceso que las expulsa de su lugar de vida, perdiendo vínculos, identidad y redes de apoyo. Se nos abstrae, además, del modelo de ciudad y de convivencia que como sociedad queremos frente al que terminan imponiéndonos.

Pareciera que el proceso de gentrificación fuera algo espontáneo, natural, pero ¿para quién queda la ciudad?, ¿para nuevos habitantes o visitantes?, ¿para grandes corporaciones e inversores con pisos vacíos que sirven sólo como activos financieros?; ¿cuáles son los mecanismos de transparencia de las inversiones que están transformando nuestras ciudades? Y, ¿cuál es el rol de los responsables públicos frente a estas dinámicas: se favorecen o se frenan?

Resistencia vecinal y transformación. Plaça dels Ángels, Barcelona, 2026. Foto: Maricarmen Tapia Gómez

La gentrificación no es un proceso nuevo, pero cada vez se expande por más barrios de las ciudades grandes y también de las pequeñas. Repercute, tanto en forma puntual en determinadas zonas, como de manera extendida por toda la ciudad, al aumentar los precios de las viviendas y locales comerciales, incluso en aquellos barrios que históricamente acogieron a sectores de rentas medias y bajas. Vacía los barrios de contenido genuino: vecinos, comercio e iniciativas emergentes, transformando la ciudad en un escaparate de las cadenas globales. Todo ello hace de la gentrificación un proceso de exclusión residencial y espacial que afecta a una creciente población, constituyendo un factor relevante en la actual crisis de vivienda.

De esta manera, con la gentrificación se vulnera el derecho a la vivienda, en su dimensión de asequibilidad, determinada por Naciones Unidas como un coste inferior al 30% de los ingresos familiares. También condiciona otros factores que definen la vivienda adecuada, como la seguridad de la tenencia, habitabilidad, disponibilidad de servicios, localización adecuada o adecuación cultural. La crisis de la vivienda se ha convertido en un fenómeno global en el que los precios de venta y alquiler han aumentado muy por encima de los ingresos familiares. En contraposición, en las últimas décadas se ha reducido el parque de vivienda pública y de la que se ha construido muy por debajo de las necesidades reales.

Finalmente, podemos acercarnos al fenómeno de la gentrificación desde la asimetría de poder, entre quienes producen y habitan la ciudad frente a quiénes están transformándola para su mayor enriquecimiento a costa de la desposesión, material y simbólica, de las ciudades. Hay mucho por hacer: transparencia en los fondos y las cadenas de inversión; mecanismos de reserva para la integración social; fijación de techos de precio (áreas tensionadas, precio justo); regulación del mercado de las plataformas globales de vivienda turística; separación normativa entre el uso turístico y el residencial, como ya han hecho ciudades como Barcelona, Santiago de Compostela, Londres, Ámsterdam, Nueva York y países como Canadá, Reino Unido o Dinamarca; y una apuesta decidida para contar con vivienda de propiedad pública a medida de la crisis. Estas son algunas herramientas para construir el derecho a la ciudad frente a la gentrificación.