Avance del extractivismo minero en Mendoza, Argentina

Por Lucrecia Wagner, Cocoordinadora de este número |
CRÍTICA URBANA N. 40 |

Mendoza es una provincia del centro oeste argentino en la que las protestas contra la megaminería metalífera han impedido su instalación por más de 20 años. En los últimos 2 años, se ha producido el avance del extractivismo minero, favorecido por un alineamiento entre el gobierno provincial y el nacional en dos aspectos: su prioridad de atraer grandes inversiones, y un estado caracterizado por su punitivismo, que acrecentó la represión de las protestas sociales y la criminalización de los defensores ambientales.

En este artículo relatamos este avance, a partir de la aprobación de un proyecto minero en la localidad de Uspallata, departamento de Las Heras, un valle de montaña que, 15 años atrás, había rechazado el mismo proyecto que ahora fue aprobado. Un poblado que se enfrenta al inicio de la explotación del proyecto San Jorge, con una sociedad fragmentada entre las preocupaciones socioambientales y las expectativas de empleo generadas por las promesas de empresas y el gobierno.

Contexto

En Argentina, desde el año 2002 se han producido relevantes resistencias a la minería a gran escala, principalmente metalífera (mayoritariamente de cobre y oro). Gran parte de estos conflictos han sido preventivos, es decir, han frenado el avance de proyectos mineros (Wagner y Walter, 2020). A diferencia de otros países latinoamericanos como Chile o Perú, Argentina no ha tenido una historia económica basada mayoritariamente en minería, sino que la minería metalífera ha estado concentrada en algunos periodos históricos (segunda mitad del siglo XIX). El nuevo periodo, caracterizado por los avances tecnológicos, se inició a fines del siglo XX, y generó un ciclo de protestas socioambientales.

Las organizaciones socioambientales surgidas desde inicios del siglo XXI se han denominado asambleas de vecinos autoconvocados. Estas asambleas, nacidas en diversas localidades del país, tomaron este formato de las asambleas vecinales o populares nacidas alrededor del 2001. Unos años después, estas experiencias se replicarían para llevar adelante demandas ambientales.

Mendoza y la conflictividad socioambiental por megaminería

El inicio de las acciones contra la megaminería se produjo en el departamento de San Carlos, oasis centro de Mendoza. Luego de esta primera organización, diversas asambleas se conformaron en diferentes departamentos de la provincia y se nuclearon en una red de asambleas llamada Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP). Esta red fue clave para realizar acciones coordinadas en la provincia, y uno de sus mayores logros fue la sanción de la Ley provincial 7722, considerada por gran parte de la sociedad mendocina como «la ley guardiana del agua».

Asambleas por el agua marchando en la movilización del 24 de marzo, aniversario de la última dictadura argentina. Ciudad de Mendoza, Argentina, marzo 2026. Fuente: Instagram de Asamblea de Uspallata. https://www.instagram.com/asamblea.uspallata/.

Esta ley tuvo ataques de sectores empresariales, que plantearon su inconstitucionalidad. En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia declaró su constitucionalidad. Posteriormente, diferentes sectores del arco político partidario llevaron adelante intentos de modificación. En 2019, esta ley fue modificada y reemplazada por otra, la 9209, denominada por las asambleas como “ley cianuro” ya que le quitaba a la 7722 sus principales herramientas para la protección ambiental y, especialmente, del agua. Las masivas movilizaciones contra la modificación de la Ley 7722 en diciembre de 2019 lograron atención mediática nacional e internacional y, por presión de diversos sectores de la sociedad, el gobernador tuvo que dar marcha atrás y restaurar la ley 7722.

El renovado avance extractivista y su impacto en Mendoza

En 2023, el presidente Javier Milei asumió el gobierno de Argentina, con el objetivo de “destruir el Estado desde adentro”. Esto implica, en pocas palabras, reducir el estado a su mínima expresión y que sea funcional al mercado. Entre sus profundas reformas, sancionó la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” en la cual se enmarca el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), diseñado para atraer proyectos considerados estratégicos (minería, energía, macro explotaciones agrícolas o agronegocios, etc.), a través de otorgarles estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, entre otros beneficios. En este contexto, las provincias que poseen recursos minerales, como Mendoza, volvieron a vivenciar políticas de avance de proyectos extractivos.

Resultados de la audiencia pública del proyecto minero San Jorge organizada por los vecinos de la localidad, agosto 2025. Fuente: AMPAP, 2025

Sumado a ello, otra decisión fue la “mano dura” con las protestas sociales, que comenzaron a volverse frecuentes (en el caso de la capital del país, CABA, son semanales, en las provincias depende del contexto del debate) debido a la disminución del poder adquisitivo de los salarios, el creciente desempleo y los recortes presupuestarios en áreas como educación y salud, entre otras políticas tomadas por este gobierno de extrema derecha. Así, las protestas fueron contestadas mediante fuertes represiones policiales y criminalización y penalizaciones hacia los manifestantes. Mendoza registra más de 40 personas -defensoras ambientales- judicializadas por defender el agua cuando, hasta esta nueva arremetida minera, el debate en torno a la actividad minera había transcurrido democráticamente. Estas personas denuncian trabajos de inteligencia, donde la policía acorrala, detiene y golpea a personas que participan de las movilizaciones.

El proyecto San Jorge fue presentado para su evaluación a inicios de 2025. Este mismo proyecto había sido presentado en 2009, y rechazado en 2011 por la legislatura provincial, debido a incumplimientos en la Evaluación de Impacto Ambiental. Es importante destacar que Uspallata se encuentra aguas arriba del Área Metropolitana de Mendoza (AMM) o “Gran Mendoza”, situación que llevó a un gran debate socio-técnico sobre la potencial contaminación del río Mendoza y sus efectos en la población aguas abajo -la mayor concentración poblacional de la provincia.

En 2025, ya el dictamen técnico de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) alertaba sobre serias falencias en el estudio de impacto ambiental que, por ejemplo, en temas clave como los recursos hídricos, evidenciaba la falta de datos para poder evaluar científicamente el impacto. En los aspectos sociales, el Dictamen destacó la falta de instancias participativas con la comunidad de Uspallata para conocer las diferentes percepciones de actores locales en relación al proyecto. Sumado a ello, el conflicto ambiental previo, que había llevado al rechazo del proyecto 15 años antes, no fue incluido en la línea de base social. Tampoco se había realizado la consulta a las comunidades indígenas para asegurar el resguardo de sus derechos. Esta consulta fue realizada posteriormente pero no fue respetada, ya que las comunidades le negaron su permiso y, aun así, el proyecto fue aprobado por el poder ejecutivo y por la legislatura provincial. Por su parte, la audiencia pública fue realizada en las instalaciones del proyecto minero, y como gran parte de la población de Uspallata se negó a participar, realizaron una audiencia pública paralela en la localidad (ver Imagen 2).

Paralelamente, Mendoza registra más de 40 personas judicializadas por defender el agua cuando, hasta esta nueva arremetida minera, el debate en torno a la actividad minera había transcurrido democráticamente. Hasta el momento, van más de 40 defensores ambientales judicializados. Estas personas denuncian trabajos de inteligencia, donde la policía acorrala, detiene y golpea a personas que participan de las movilizaciones.

Reflexiones

En Mendoza, la avanzada extractivista de los últimos dos años se desarrolla en detrimento de condiciones democráticas para un debate fundado sobre los modelos de desarrollo. Las evaluaciones de impacto ambiental se han convertido en meros procesos administrativos, ya que parece primar una decisión ya tomada, por parte de gobiernos de extrema derecha (punitivos y autoritarios, que vacían los instrumentos de gobierno en función de sus intereses) y sectores empresariales, de avanzar con los proyectos, aun con falencias en información clave para mensurar las consecuencias ambientales, y con avasallamiento de derechos de defensores ambientales. En una provincia que había sido ejemplo de debate horizontal sobre la actividad, se vulneran derechos ambientales y sociales, incluso usando discursos de una minería necesaria para la transición energética. Lo que está en juego es mucho más grande que el avance o no de un proyecto minero específico: es la aceptación social de un marco de vulneración socioambiental. En un territorio en el que se gestaron procesos participativos democráticos en torno a proyectos mineros, y de preservación ambiental por encima de intereses económicos, es importante rememorar y recuperar lo que la acción colectiva fue capaz de lograr.

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Para mayor información:
Wagner, L. y M. Walter (2020). “Cartografía de la conflictividad minera en argentina (2003-2018). Un análisis desde el Atlas de Justicia Ambiental”. En: Merlinsky, G., Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 3. CICCUS-CLACSO, Buenos Aires, pp. 247-278. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/06/Cartografias-del-conflicto-ambiental.pdf