Ciudades seguras para las mujeres

Por Carolina Carrera |
CRÍTICA URBANA N.17 |

El espacio público en las ciudades es percibido y habitado de manera diferente por hombres y mujeres. La apropiación, seguridad y el disfrute del espacio público es un indicador no sólo de la calidad de vida de las personas, sino que también del ejercicio de la ciudadanía de sus habitantes.

Entendemos el espacio público como el territorio y la ciudad donde las personas tienen el derecho de circular de manera libre y segura tal como se establece en la Recomendación núm. 19 de la Convención Contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)[1] y también lo plantea la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará”[2].

El feminismo ha puesto de manifiesto que la violencia contra las mujeres es un problema social y político. Ha dado cuenta de sus causas como de sus consecuencias, así como de las diferentes manifestaciones que esta presenta y de la extensión de lo que se denominaba violencia “privada” o intrafamiliar hacia su continuidad en el espacio público.

Ilustración: Lucía Escrigas

Las ciudades no son construcciones neutras, en ellas se reproducen las lógicas patriarcales de poder que están en la base de la violencia, la propiedad del espacio, de los medios de transporte y de las plazas. Las mujeres que habitan y transitan aparecen como objetos de propiedad patriarcal.

Diversos estudios dan cuenta de que, en todos los países de nuestra región, es en el espacio público donde se produce el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas y que estos comportamientos aparecen legitimados socialmente en tanto se han naturalizado. De acuerdo a datos del Observatorio Ciudadano de Lima, el 54% de las mujeres se sienten inseguras en la ciudad; mientras que la Segunda Encuesta Nacional de Percepciones sobre la situación de Violencia contra las Mujeres en Bolivia (2017) da cuenta de que un 62% de las mujeres reconocieron haber sido víctimas de acoso callejero en la vía pública durante los últimos 12 meses. En Bogotá y Ciudad de México 6 de cada 10 mujeres han vivido alguna agresión sexual en el transporte público (2014) y en el caso de Chile 5 de cada 10 mujeres entre 20 y 29 años declaran haber vivido acoso sexual callejero (2015)[3].

El tema de la seguridad ciudadana y de los espacios públicos ha sido estudiada y abordada en la región a partir de una mirada de lo delictual, pero el Informe Regional de Desarrollo Humano del 2013 daba cuenta de que, en América Latina, en un día típico, 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual, reconociendo que la mayoría de estas eran mujeres.

Ilustración: Lucía Escrigas

Las calles, las plazas, el transporte público no son percibidos como lugares seguros por las mujeres y el miedo transgeneracional se transmite: de abuela a madre y de madre a hija, quienes a partir de sus propias experiencias entregan sugerencias o preparan a las nuevas generaciones para lo que van a vivir en términos de acoso sexual en el transitar por la ciudad.

En el año 2010 ONU Mujeres impulsó el programa global ciudades seguras y espacios públicos seguros para las niñas y mujeres. Inicialmente se llevó a cabo un programa piloto en cinco ciudades del mundo: Quito (Ecuador), El Cairo (Egipto), Nueva Delhi (India), Port Moresby (Papúa Nueva Guinea) y Kigali (Ruanda). Al 2020 se cuenta con una evaluación de más de 50 experiencias y los avances dan cuenta de los logros en la generación de datos y la visibilización del acoso sexual callejero en la agenda pública, además del fortalecimiento de la legislación para prevenirlo en espacios públicos. Muchos de estos avances se deben al movimiento de mujeres y feministas, donde a través de movimientos ciudadanos como #MeToo, #MiPrimerAcoso o #NiUnaMenos, millones de mujeres en el mundo han alzado la voz para decir basta[4].

Si bien a partir de estas iniciativas se ha logrado la implementación de leyes, ordenanzas y acciones para enfrentar el acoso sexual en el espacio público, dichas medidas son insuficientes ya que se requiere pensar la ciudad de una manera integral: la segregación en el trasporte público (ejemplo metro en México) aparecen como paliativos ante un problema mayor que es la necesidad de cambiar el concepto a ciudad inclusiva y segura. Entonces la pregunta es ¿qué se requiere para avanzar?

Primero, que los Estados se comprometan con el fin a la violencia de género y en ese contexto el diseño de las políticas urbanísticas deben comprender que la violencia en el espacio público tiene diversas expresiones, se requiere desnaturalizarlas y trabajar en conjunto con la sociedad civil y el sector privado, incorporando no sólo  los efectos diferenciados entre hombres y mujeres, sino reconociendo las desigualdades entre las propias mujeres, las que viven en barrios con altos niveles de seguridad y accesibilidad versus aquellas que viven y se movilizan en barrios inseguros con ausencia de transporte público, de luminarias, con la existencia de lotes baldíos, donde la movilidad es diferente y muy insegura.

Ana Falú[5] arquitecta feminista, plantea que pensar la ciudad requiere incorporar la dimensión de lo cotidiano, de lo colectivo, pensar los servicios de equipamientos y la seguridad en clave femenina, es decir, pensar la ciudad desde la inclusión.

Las experiencias de Ciudades Seguras con la instalación de más luminarias en las plazas, parques y calles, la capacitación de trabajadores/as y de las empresas del transporte público y privado sobre el acoso sexual, más el trabajo coordinado entre los territorios y las policías, han sido algunas de las experiencias exitosas.

Pero el éxito va en comprender que el espacio público en su amplia acepción ha sido creado y pensado desde y para los varones confinando a las mujeres al espacio privado que, por cierto, no siempre es seguro; muy por el contrario, la pandemia ha puesto de relieve el aumento de la violencia en el interior de los hogares.

Si bien el feminismo no cree que la solución vaya por la vía punitiva, el poder nombrar y desnaturalizar la violencia y sus manifestaciones ha sido un avance importante. A partir de la promulgación de las leyes de femicidio en la región, el fenómeno del homicidio de mujeres por el sólo hecho de ser mujeres se logró colocar como un problema social y político para nuestras democracias. Las leyes sobre el acoso callejero también han permitido evidenciar conductas que no eran incorporadas en el imaginario social como violencia de género. Un ejemplo de ellos son los carteles en las construcciones que aluden al respeto que deben tener los trabajadores hacía las mujeres. Impuesto o no son pequeños avances, pero que van permitiendo cambios en los imaginarios y símbolos en las ciudades de varios países de la región.

Chile vive un momento crucial donde se comenzará a escribir una nueva Constitución y donde el derecho a vivir una vida libre de violencia debe no sólo ser un principio rector, sino también una garantía, tanto a nivel de espacio privado como en el espacio público lo que llama entonces a repensar la ciudad.

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Notas

^{[1] Comentario General núm. 7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades comprenden: d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales.}

^{[2] Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.}

^{[3] ONU Mujeres Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros: Informe de Resultados Globales https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2017/10/safe-cities-and-safe-public-spaces-global-results-report}

^{[4] ONU Mujeres Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en América Latina: informe de Resultados año 2020. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/11/programa%20ciudades%20y%20espacios%20publicos%20seguros%20para%20mujeres%20y%20ninas%20en%20america%20latina%20informe%20de%20resu.pdf?la=es&vs=5758}

^{[5] Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, directora del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat (INVIHAB) de CONICET-FAUD / UNC, directora de la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Directora Ejecutiva del Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur (CISCSA). Co- fundadora de la Red Mujeres y Hábitat y la Articulación Feminista Mercosur. Fue directora de ONU Mujeres en los países andinos (Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia) y luego en los llamados del Cono Sur (Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay).}