Comunidades vivas para reconfigurar los extractivismos

Por Diego Cidrás |
CRÍTICA URBANA N. 40 |

Los extractivismos no solo se intensifican: se están relocalizando. Esta reconfiguración adopta nuevas formas ligadas a la transición energética y a la securitización de los recursos. Frente a ello, planteamos que una gobernanza de base comunitaria puede articular modelos de transición capaces de reducir la conflictividad rural y sostener el cuidado de la vida.

Los extractivismos están cada vez más presentes en nuestras vidas. Cuanto menos, en las del Norte global, donde su impacto social y ambiental ha permanecido parcial e históricamente alejado. La actual crisis del orden liberal está reconfigurando las lógicas de una globalización madura, tensionando los mecanismos que habían sostenido un modelo basado en la externalización de costes y las economías de escala. En este nuevo contexto, lejos de retraerse, las dinámicas extractivistas tienden a intensificarse y relocalizarse, afectando de forma más directa a territorios que, con matices y excepciones, tradicionalmente se beneficiaron de ellas.

Un ejemplo de dicha intensificación lo encontramos en Galicia, en el marco de las respuestas a la actual escalada bélica internacional. En un contexto de policrisis —de alianzas, de recursos, entre otras—, el debilitamiento de las cadenas de suministro está reforzando discursos de soberanía estatal. Así, comienzan a desencadenarse ajustes normativos bajo el amparo de una transición energética que, si bien resulta inequívocamente necesaria, no está exenta de claroscuros. Iniciativas como el REsourcEU Action Plan (Comisión Europea, 2025), en el que se inscribe, por ejemplo, el proyecto de mina de Doade, ilustran este giro. Por el camino, organizaciones ambientalistas como la European Environmental Bureau, junto con otras de carácter local como SOS Suído-Seixo, han señalado que la creciente centralidad otorgada a la defensa está abriendo la puerta a procesos de desregulación y a la limitación de la información pública. Entre otras evidencias, apuntan al inicio de revisiones internas de la Directiva Marco del Agua como una concesión al sector minero orientada a flexibilizar las restricciones a vertidos.

Encuentro comunitario en Serra da Estrela (Portugal) albergado por el colectivo À Escuta. 25/06/2022.

Estas presiones no son, en muchos casos, nuevas. Territorios como el gallego presentan un dilatado historial de tensiones extractivistas, especialmente en el ámbito minero. Desde las políticas liberalizadoras impulsadas tras la crisis de 2008, estudiadas en profundidad por Evans-Pim (2021), hasta conflictos anteriores como los proyectos de minería a cielo abierto en As Encrobas o Triacastela, el trasfondo de lucha frente a la desposesión ha sido constante.

El nuevo escenario de presiones extractivistas ante el que parecemos encontrarnos debe llevarnos a replantear una cuestión crítica: ¿qué espacios proteger, y bajo qué lógicas? La conservación de la naturaleza, hasta nuestros días protagonizada por un liderazgo gubernamental a menudo errático y conflictivo, muestra claros signos de agotamiento. A escala global, los indicadores ambientales evidencian insuficiencias persistentes; a escala local, continúa predominando una lógica de “islas” o reservas que refuerza la dualidad entre naturaleza y sociedad. Este enfoque ha derivado, en muchos casos, en una escasa socialización de la conservación y en contratos sociales débiles o inexistentes. Todo ello apunta a la necesidad de repensar los marcos desde los que se define, conserva y protege la naturaleza.

Se hace necesario, por tanto, explorar y abrazar nuevas fórmulas desde una mirada comunitaria. Ello exige reconocer las dificultades que atraviesa hoy la participación social en contextos marcados por la precarización del tiempo, el agotamiento cotidiano, y el avance de lógicas individualistas. Precisamente por ello, resulta clave establecer nuevos contratos con la vecindad que permanece y avanzar en el reconocimiento jurídico de prácticas relevantes de conservación comunitaria de la naturaleza. Transitar hacia esquemas de protección que otorguen un mayor protagonismo a las comunidades locales, además de reforzar la horizontalidad, permitiría identificar y consolidar proyectos de conservación en marcha, a menudo invisibilizados y carentes de amparo jurídico. En este sentido, los procesos de planificación y desarrollo de infraestructuras podrían incurrir en menores fricciones y reducir los niveles de conflictividad rural.

Lo que aquí se propone no es, en ningún caso, nuevo. Existen diferentes sendas. Figuras como los Territorios y Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA), con diferentes grados de protección jurídica a nivel internacional y una implantación aún muy limitada en Galicia, muestran el potencial de estos enfoques de raíz comunitaria. Lejos de constituir meras reservas de biodiversidad, estos proyectos tienen la virtud de articular formas comunales de gestión que integran conservación, manejo de la tierra y, por ejemplo, proyectos comunitarios de energía renovable.

En esta misma dirección, siguiendo una senda más institucional, el Parlamento de Galicia ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular para la creación de una nueva figura jurídica de protección —Áreas de Restauración Ecológica— que permitiría promover estos espacios no solo desde la administración, sino también desde entidades locales, comunidades de montes u otros actores sociales. Está por ver, no obstante, si el Gobierno gallego asumirá esta propuesta. De hacerlo, el mapa de áreas protegidas, además de renovarse, proyectaría una noción más socializada de la naturaleza. Esta cuestión dista de ser menor, especialmente en un contexto en el que el desarrollo de infraestructuras industriales suele impulsarse desde lógicas sectoriales, y no desde procesos de planificación territorial más integrados y deliberativos.

Mientras estas fórmulas intentan abrir camino, comienzan a observarse algunos movimientos que dibujan un contexto político más favorable. El Secretario de Estado de Energía en España, Joan Groizard, presentaba el reciente decreto-ley de respuesta a la crisis energética global como una apuesta por “hacer protagonista de la transición a la ciudadanía” y “avanzar hacia un modelo de renovables, así sí”. Más allá de las medidas coyunturales, el planteamiento incorpora elementos relevantes, como el impulso al autoconsumo, el ensanchamiento de las comunidades energéticas o la introducción de criterios de retorno territorial en los proyectos. Si bien puede echarse en falta una apuesta más decidida por medidas comunitarias, la orientación resulta significativa.

Necesitamos avanzar hacia nuevos contratos de naturaleza. Las anteriores propuestas apuntan a repensar las bases de su gobernanza, orientándolas hacia una mayor participación social y con capacidad para atenuar las dinámicas de desposesión rural. En última instancia, se trataría de avanzar colectivamente hacia una transición ecológica más justa, capaz de reconfigurar los extractivismos desde lo común y de situar el cuidado de la vida —humana y no humana— en el centro de los proyectos territoriales.

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Referencias

Comisión Europea. (2025). REsourceEU Action Plan [Documento de política]. 
Evans-Pim, J. (2021). “Galiza is (not) a mine”: rural responses to pro-extractivist policies. Araucaria, 48(3), 441-466. https://doi.org/10.12795/araucaria.2021.i48.20