COVID-19: desigualdad y crisis en Brasil

Por Ana Fani Alessandri Carlos |
CRÍTICA URBANA N.15

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En Brasil, la pandemia provocada por COVID-19 profundiza una crisis que es, en esencia, social. La pobreza, que es el rostro más visible de la desigualdad social, en Brasil tiene raíces históricas que se profundizan con la industrialización ahorradora de mano de obra (creada por su condición de país periférico en el contexto de desarrollo desigual del capitalismo mundial) promovida con altas tasas de explotación laboral (bajos salarios) y sin políticas sociales que puedan mitigar esta situación. El territorio nacional revela la desigualdad de este proceso con la extrema concentración de riqueza y poder.

En todo Brasil, los signos de esta desigualdad bajo la pandemia se pueden leer, en un primer momento, en los paisajes de las grandes ciudades donde los productos de los vendedores ambulantes salen de las calles, el centro se vacía mientras las periferias continúan su vida de trabajo y explotación. Estos contrastes entre lleno y vacío, iluminan la contradicción centro-periferia expresada en la jerarquía socioespacial producida por la yuxtaposición entre morfología espacial y social que construye ciudad segregada. Tal realidad expresará como se vivirá la pandemia – quién tiene derecho y quién esta privado de él.

La desigualdad tiene como contenido una crisis social que se ha profundizado con la cartilla neoliberal asumida en los últimos años por el gobierno brasileño. Cuando la pandemia se convierte en una realidad irreversible, la lucha contra el virus encuentra un sistema de salud que ha sido dilapidado por las políticas neoliberales cuyo ejemplo es la Enmienda Constitucional (95/2016), conocida como la “enmienda el fin del mundo”, aprobado por el gobierno de Temer, congelando el gasto en salud y educación durante 20 años, provocando la degradación del sistema de salud.

El vacío: la Avenida Paulista, centro financiero de São Paulo. Foto: Francis Anderson, en Pixabay.

La crisis social asociada a la actual crisis política se profundiza. El país está en manos de la extrema derecha que coquetea con el fascismo, que minimiza la pandemia, niega la ciencia, impone tratamiento con cloroquina asociado a las acciones de la presidencia que sistemáticamente naturaliza las muertes por COVID-19. En la contracorriente de las estrategias propuestas por la OMS, el gobierno guiado por la estrategia de crecimiento económico a expensas de la vida, ha privilegiado al sector privado. Tal estrategia terminó provocando enfrentamiento incluso con gobernadores de estados brasileños que mantuvieron la victoria en las urnas de la actual presidencia.

El 1 de abril de 2020 se emite una medida provisional (MP 936) que autoriza el recorte de salarios y jornada laboral durante la crisis del coronavirus (que puede llegar al 100%), que según cuentas del gobierno podría alcanzar a más de 24 millones trabajadores. En mayo, el presidente firma un decreto para ampliar la lista de servicios (cerrados como medida provocada por el aislamiento social) para hacer crecer la economía y se dirige con ministros y empresarios a la puerta de la Corte Suprema con la solicitud de medidas restrictivas a los Estados, quien mantuvo las reglas de aislamiento social sugeridas por la OMS. En este momento declaró que “el efecto secundario de combatir el virus no puede ser más dañino que la propia enfermedad” y la economía debe seguir funcionando. El 12 de junio se sanciona la Ley de régimen jurídico durante una pandemia, asegurando ciertos derechos. Mas todavía hay vetos del presidente, contra la ley que impide el desalojo de inquilinos (revertido por el Congreso Nacional en agosto) y contra el dispositivo que autorizaba a los administradores del edificio, hasta octubre, a restringir, o incluso prohibir, reuniones, fiestas o uso de áreas comunes para evitar la contaminación.

Es, también, esclarecedor el hecho que, desde el 5 de mayo, el Ministerio de Salud ha estado en manos de un general del ejército (como interino que nombró a otros 28 militares) y que, en tiempos de pandemia, los ministros son destituidos (o puestos en situación de renuncia) por no seguir literalmente las órdenes del «jefe» que piensa en Brasil como «lo suyo». Es la privatización de lo público.

Así, acompañado de una profunda crisis política, el drama social en Brasil se multiplica por la contradicción entre la política federal que privilegia el “derecho al crecimiento” y las estrategias sugeridas por la OMS y, seguidas en parte por los gobernadores y alcaldes brasileños, de “derecho a la vida».

El lleno: colas en la puerta de un banco. Fonte: Agência Senado, Crédito: Adenir Britto/CMSJC.

Un dato importante de esta orientación política aparece a través del cotidiano como puede ser verificado por las informaciones del Instituto de Registro Inmobiliario do Brasil (IRIB), que el 27 de julio reveló los altos incumplimientos que enfrenta más del 60% de la población activa que no puede pagar las propiedades compradas y creciendo el número de propiedades asumidas por los bancos. Al mismo tiempo, aumenta el número de desalojos en todo Brasil mientras continúa la reanudación de propiedades ocupadas por la parte de la sociedad sin acceso al mercado inmobiliario. Según OXFAM-Brasil, mientras la mayoría de la población perdió empleo e ingresos (el país tiene actualmente alrededor de 13 millones de desempleados y 40 millones de trabajadores informales y más de 600 mil micro, pequeñas y medianas empresas ya han cerrado sus puertas) los 42 multimillonarios brasileños vieron incrementada su riqueza en US$ 34 mil millones durante la pandemia.

Luego de una larga lucha por mitigar la profundización de la crisis social provocada por la pandemia, finalmente el gobierno presionado por el Congreso estableció una ayuda de emergencia por un monto de 113,32 dólares (cambio del 14 de septiembre). La propuesta del gobierno fue tres veces menor. La ayuda, sin embargo, llega a quienes la necesitan (66,2 millones el número de brasileños beneficiados) de forma desorganizada e irrespetuosa, obligando a una inmensa parte de la sociedad a hacer cola – por días enteros – en las puertas de los bancos para el pago. La pandemia de COVID-19 destruyó 7,8 millones de puestos de trabajo en Brasil hasta el mes de mayo, mes en el que 9,7 millones de trabajadores quedaron impagados.

Para quienes mantienen sus puestos de trabajo tenemos: aquellos que pueden continuar su trabajo en “home office” a través de una extensa red que crece conectada a aplicaciones y que pueden mantener las reglas de aislamiento social, y aquellos que continúan trabajando pero necesitan viajar durante mucho tiempo en transporte abarrotado y expuesto al riesgo de contaminación (son aquellos que en, su mayoría, viven en la periferia). Esta situación muestra quién tiene derecho al aislamiento social y quién está privado de este derecho.

Así se configuran las clases sociales. Por un lado, la clase media y, por otro, una parte importante de la sociedad que vive de trabajos informales, o de contratos flexibles (cuyos salarios disminuyeron en el período); los que viven del “contrato de cero horas” y una gran cantidad de desempleados. Los números indican que el virus ha afectado a la pirámide de ingresos más bajos y, por tanto, a aquellos con menor nivel educativo, que viven enzonas periféricas, en su mayoría pobres, negros y pardos. Según datos de la PNAD (Encuesta Nacional por Muestra de Hogares realizada por IBGE – Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) publicados el 24 de junio, de los 4,2 millones de brasileños que presentaron síntomas de la enfermedad en mayo, el 70% eran de color, negro o pardo. La calamidad afecta de manera desigual a la sociedad y se distribuye en el territorio de acuerdo con una jerarquía socioespacial, difiriendo espacialmente por clase social, renta y por raza.

Las razones de las desigualdades basadas también en derechos diferenciados o inexistentes (o existentes pero que no se ponen en práctica) se basan en la historia de desigualdad social planteada por el desarrollo del capitalismo basado en la propiedad privada, concentración de la riqueza con el consiguiente poder de una clase sobre otra. Esta se desarrolla y se expande acompañada del discurso que naturaliza las desigualdades, mientras que la alianza entre los poderes políticos y económicos (que utiliza el discurso del crecimiento generador de empleo en el que la expansión del beneficio y el consumo es lo mejor para todos) se superpone al plan de vida.

En medio de esta crisis social cada vez más profunda, el Brasil había perdido (desde el comienzo de la pandemia hasta el 13 de septiembre) 131.625 vidas a causa de la COVID-19.

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Nota sobre la autora

Ana Fani Alessandri Carlos. Geógrafa. Programa de Pós-graduação em Geografia Humana, FFLCH, Universidade de São Paulo. Coordenadora do Grupo de Estudos de Geografia Urbana Crítica Radical (GESP).