Cuando la transición legitima la ocupación

Por Roberto Cantoni |
CRÍTICA URBANA N. 40 |

La expansión de la energía renovable en Marruecos se presenta como un modelo de sostenibilidad y cooperación internacional. Sin embargo, buena parte de estas infraestructuras se despliega en el Sáhara Occidental, un territorio ocupado y pendiente de descolonización. Bajo el discurso verde, se consolida un nuevo ciclo de extractivismo que legitima la ocupación, vulnera el derecho internacional y excluye al pueblo saharaui de toda decisión sobre sus recursos.

Desde hace más de una década, Marruecos se presenta en los foros internacionales como un actor ejemplar de la transición ecológica. Parques eólicos, plantas solares y ambiciosos proyectos de hidrógeno verde son exhibidos como prueba de un compromiso con el clima, la innovación y el desarrollo sostenible. Sin embargo, una parte sustancial de esta infraestructura “verde” se está desplegando en un territorio cuya situación jurídica sigue sin resolverse: el Sáhara Occidental, reconocido por Naciones Unidas como territorio no autónomo pendiente de descolonización y ocupado militarmente por Marruecos desde 1975.

Bajo el lenguaje de la sostenibilidad, se está consolidando una nueva fase del extractivismo en el Sáhara Occidental. Ya no se trata únicamente de fosfatos o pesca, sino del sol y del viento convertidos en recursos estratégicos para la economía verde global. Esta transición energética, lejos de ser neutral, funciona como un mecanismo de legitimación de la ocupación y de normalización internacional de una situación ilegal, transformando una relación colonial en un proyecto aparentemente responsable y orientado al futuro.

El despliegue de infraestructuras renovables en el Sáhara Occidental responde a una lógica clara: integrar el territorio ocupado en las cadenas globales de valor de la energía limpia, atraer inversión extranjera y reforzar el control territorial marroquí mediante proyectos presentados como inevitables y beneficiosos. Grandes extensiones de tierra son concesionadas a consorcios internacionales con el aval del Estado marroquí, sin que el pueblo saharaui haya sido consultado ni haya dado su consentimiento. La ocupación se reconfigura así como un proyecto técnico y económico, despojado de su dimensión política.

Puesto de control a la salida de El Aaiún. Sahara Occidental Ocupado. Foto: Roberto Cantoni, mayo 2023.

Aplicación del modelo

Este proceso constituye una forma paradigmática de extractivismo verde. Los recursos naturales del Sáhara Occidental se explotan en nombre de la transición ecológica, pero los beneficios económicos, políticos y diplomáticos se concentran en Marruecos y en sus socios extranjeros. Para la población saharaui, en cambio, estos proyectos implican desposesión territorial, exclusión de los procesos de decisión y la profundización de un modelo de desarrollo impuesto desde fuera. La energía producida no está pensada para satisfacer necesidades locales, sino para alimentar industrias extractivas existentes o para la exportación hacia Europa y otros mercados internacionales.

El papel de las empresas europeas es central en esta dinámica. Compañías energéticas, tecnológicas y financieras participan activamente en proyectos situados en territorio ocupado, firmando acuerdos con autoridades marroquíes que carecen de legitimidad para disponer de los recursos saharauis. Esta colaboración no responde a un vacío legal, sino a una elección política: priorizar la seguridad energética, la competitividad y los objetivos climáticos por encima del respeto al derecho internacional y al principio de autodeterminación de los pueblos.

Aspectos jurídicos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido inequívoco al respecto. En varias sentencias (la última de las cuales es de octubre de 2025), ha establecido que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos y que ningún acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos puede aplicarse a dicho territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario. Estas resoluciones invalidan los acuerdos comerciales, agrícolas, pesqueros y económicos que incluyan el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí, y afectan directamente a las actividades de empresas europeas en la zona.

Pese a ello, las instituciones europeas y varios Estados miembros han optado por minimizar o eludir el alcance de estos fallos. En la práctica, se mantienen relaciones económicas que benefician a la ocupación, recurriendo a fórmulas retóricas como el “beneficio para la población local” para sustituir el consentimiento político. Esta estrategia confunde deliberadamente a la población saharaui con la población residente – mayoritariamente colona – y vacía de contenido el derecho a la autodeterminación, convirtiéndolo en una cuestión técnica o administrativa.

Instalaciones eólicas y eléctricas en la zona de Fum el Uad, Sahara Occidental Ocupado.Foto: Roberto Cantoni, mayo 2023.

Impacto territorial

El extractivismo verde en el Sáhara Occidental no solo tiene consecuencias jurídicas, sino también territoriales. Las infraestructuras energéticas actúan como herramientas de control: requieren carreteras, líneas eléctricas, zonas valladas, vigilancia permanente y presencia del aparato estatal. El territorio se reorganiza en función de las necesidades de la ocupación y del capital transnacional, reforzando una geografía del poder que dificulta cualquier escenario futuro de autodeterminación. La ocupación se materializa así en aerogeneradores, subestaciones y proyectos de hidrógeno, cuya vida útil se extiende durante décadas.

Este modelo también tiene una dimensión simbólica y discursiva. El Sáhara Occidental es presentado como un espacio vacío, desértico y desaprovechado, listo para ser “puesto en valor” por la tecnología verde. Este imaginario borra la presencia, la historia y las reivindicaciones del pueblo saharaui, y reproduce viejas narrativas coloniales bajo una estética ecológica. La sostenibilidad se convierte en un lenguaje de despolitización, que oculta las relaciones de poder y transforma la ocupación en un problema de gestión eficiente de recursos.

La estrategia marroquí tiene además un claro objetivo diplomático. Al posicionarse como socio clave de la transición energética europea, Marruecos gana capital político y reduce el coste internacional de la ocupación. La energía verde funciona como un mecanismo de normalización: cuanto más integrados estén el Sáhara Occidental y sus recursos en los mercados internacionales, más difícil resulta cuestionar el statu quo sin poner en riesgo intereses económicos concretos. La ocupación se vuelve “demasiado grande para fracasar”.

Central eléctrica de Fum el Uad, Sahara Occidental Ocupado. Foto: Roberto Cantoni, mayo 2023.

Cambiar el modelo

Frente a este escenario, la cuestión no es si la transición energética es necesaria – lo es -, sino quién la controla, en qué territorios se despliega y a costa de quién. Una transición que ignora el derecho internacional y se apoya en la ocupación de un pueblo no puede considerarse justa ni sostenible. El caso del Sáhara Occidental muestra con claridad cómo el discurso verde puede ser instrumentalizado para perpetuar relaciones coloniales bajo una nueva apariencia.

Nombrar este proceso como extractivismo verde no solo permite entender su lógica profunda, sino también abrir la puerta a imaginar alternativas. Si cada aerogenerador y cada planta solar instalada en el Sáhara Occidental sigue siendo, más que un símbolo de futuro, una infraestructura al servicio de una ocupación presente, entonces la transición energética no puede limitarse a sustituir combustibles fósiles por tecnologías renovables sin cuestionar las relaciones de poder que las sostienen.

Superar este modelo exige situar en el centro el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su territorio y sus recursos, detener proyectos que se imponen sin consentimiento y responsabilizar a los actores – estatales y corporativos – que se benefician de esta vulneración del derecho internacional. También implica fortalecer las capacidades políticas y económicas saharauis, promover modelos energéticos comunitarios y garantizar que cualquier iniciativa en el territorio responda a necesidades locales y no a estrategias geopolíticas externas. Una transición justa solo puede construirse desde la autodeterminación, la participación real y la redistribución del control sobre la energía.

Pero este cambio también interpela directamente a los países consumidores, cuyas demandas materiales y energéticas alimentan el extractivismo.

Replantear la transición implica asumir políticas de suficiencia y reducción del consumo, avanzar hacia formas de decrecimiento selectivo en sectores intensivos en energía y materiales, y apostar por modelos descentralizados que no dependan de megaproyectos en territorios vulnerables. Esto requiere revisar estilos de vida basados en la disponibilidad ilimitada de energía, limitar el derroche estructural asociado al transporte, la movilidad privada o la digitalización acelerada, y promover economías que prioricen el bienestar sobre el crecimiento. La sostenibilidad no puede seguir siendo un lenguaje que despolitiza la ocupación, sino un horizonte que obliga a transformar estructuras económicas, imaginarios culturales y prioridades colectivas. Solo así la energía dejará de ser un instrumento de dominación y podrá convertirse en una herramienta para la justicia, la reparación histórica y la emancipación de los pueblos.