Decrecimiento turístico y transición ecosocial

Por David Soler |
CRÍTICA URBANA N.27 |

Suenan tambores. Tras la pandemia, desde los sectores que sacan más tajada del turismo masivo suenan tambores. “Nos han declarado la guerra”, advertía Joan Manuel Serrat en su canción Pare, en 1973, y han tenido cinco décadas para expoliar recursos naturales, destruir biodiversidad, cementificar litorales, expulsar comercio local para imponer cadenas y mercantilizar el espacio público, gentrificar para implantar alojamientos turísticos y que personas turistizadas campeen por ciudades banalizadas, menoscabar la cultura propia para incrustar una impropia y generar empleos precarios que solo aportan pobreza. Toda una herencia para las nuevas generaciones.

Recapitulemos. La industria turística se inscribe en una lógica extractivista que, más allá de maximizar la tasa de beneficios por la explotación hotelera y la mercantilización de la vivienda, incrementa la acumulación de capital a través de la reconversión y valorización del suelo y las infraestructuras habitacionales como activo económico y financiero. Activos con los que especulan fondos de inversión que a su vez poseen grandes inversiones en compañías aéreas y de cruceros, casinos o parques temáticos.  Estos fondos se apropian de un 68 % del gasto de cada turista que visita una ciudad (42 % transporte y 26 % alojamiento), mientras que el tejido comercial y de servicios local participa con el 32 %, que acaparan en su mayor parte en multinacionales del ocio y del lujo. Así se explica que las localidades más turistizadas sean las más precarizadas en cuanto a puestos de trabajo y obtengan rentas per cápita por debajo de la media.^[1]

Estrategias ecocidas

En la pospandemia, la industria turística ha decido “crecer hasta reventar”. Lejos de reconsiderar la saturación de espacios e infraestructuras alcanzada en 2019, opta por despreciar los objetivos de descarbonización de la Agenda 2030 de la Unión Europea y los alarmantes informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).^[2] Los lobbys turísticos pretenden ampliar infraestructuras turísticas y vincularlas a macroproyectos que relancen los pelotazos urbanísticos, a beneficio de la especulación financiera y de la maquinaria de un sector insostenible: el de la construcción. Todo ello, en el caso de España, con la tutela del PSOE en el Gobierno, de partidos de derecha extrema y de administraciones públicas tocadas por la corrupción. Aún más, los lobbys cuentan ahora con el recurso de fondos europeos para lanzar nuevos productos ligados al comercio, el deporte, los congresos, el bienestar, el ocio o la cultura, con los que captar fondos públicos y nuevos nichos de mercado. Y mientras tanto, se acelera la agonía ecológica de los ecosistemas y las ciudades y los territorios son escenario de la injusticia espacial.

La filósofa Marina Garcés denuncia que “para las patronales, las inversiones en infraestructuras son un modelo de crecimiento, cuando en realidad revelan una guerra entre clases sociales y sus intereses” 19.09.2021 (Foto Dolors Pena).

Planificar el decrecimiento

El turismo masivo no puede subsistir sin el consumo intensivo de combustibles fósiles. Depende de ellos para transportar su materia prima, las personas turistas, que a su vez necesitan productos de la industria alimentaria o del comercio internacional, igualmente petrodependientes. Literalmente, el turismo come petróleo, genera el 8 % de los gases de efecto invernadero^[3] y es incompatible con la descarbonización de la economía.

Ante situaciones críticas, la pandemia demostró que es posible conseguir un cambio rápido y masivo de los hábitos y estilos de vida. Ahora toca de nuevo un cambio radical para hacer frente a una industria que tiene declarada una guerra contra la naturaleza.

Las áreas científicas y de los movimientos sociales relacionadas con la ecología y la crisis medioambiental coinciden en la diagnosis de las afectaciones ecocidas de la industria turística y en la necesidad de una reconversión planificada del sector, que pasa inevitablemente por su decrecimiento. Un primer reto que progresivamente recibe aportaciones desde colectivos con una fuerza social significativa^[4] consiste en impedir la ampliación de aeropuertos, terminales de cruceros, autovías o complejos habitacionales que persigan atraer turistas. Un segundo reto es consensuar soluciones para que las personas trabajadoras afectadas por el decrecimiento puedan optar a ocupaciones dignas y socialmente útiles que mejoren su calidad de vida. Así, esta reconversión puede verse como un proceso de reducción de actividades y de consumo de recursos energéticos, materiales y espaciales asociados, en un marco socioeconómico y cultural de transición ecosocial.

Manifestación contra la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el 19 de septiembre de 2021, convocada por Zeroport con el apoyo de más de 300 entidades y colectivos (Foto Dolors Pena).

Propuestas para la transición ecosocial

En palabras de la arquitecta Itziar González, se trata de “Decrecer para renacer, adaptar la legislación y las normativas a las necesidades ecosociales, incrementar los niveles de soberanía ciudadana y calidad democrática, y recuperar para la ciudadanía los aparatos administrativos de las instituciones públicas”.

Por su parte, la Xarxa d’Economia Solidaria de Cataluña (XES), define la transición ecosocial como “un proceso que detenga la degradación del planeta, erradique la pobreza, evite las carencias, impida las desigualdades sociales y sitúe la sostenibilidad de la vida como objetivo prioritario y referente de las actividades productivas”. La XES ha elaborado un conjunto^[5] de propuestas que ilustran el tipo de medidas que la Administración, los movimientos sociales y algunas organizaciones gremiales pueden impulsar de manera colaborativa.

Como en otras reconversiones sectoriales, la Administración cumple un papel clave. Por un lado, es imprescindible que paralice de inmediato la promoción turística, que lidere el proceso de reconversión y que proteja los derechos laborales. Ante potenciales situaciones de desempleo, ha de subsidiarlas y poner a disposición de las personas afectadas recursos para la formación y el asesoramiento, tutelando su paso a otras actividades y priorizando su incorporación a iniciativas de la economía social y solidaria.

Así, el decrecimiento de la industria turística se traduce en crecer de manera planificada y diversificada en actividades productivas y reproductivas^[6] socialmente útiles, decididas democráticamente, que permitan ganar soberanía económica en cada territorio.

La desmercantilización de la vivienda se ha de articular desde las administraciones públicas con la cesión de uso para cooperativas con modelos colectivos de acceso a la vivienda (Foto David Soler).

Hay un conjunto de actividades, sectores o ámbitos que reúnen esos requisitos, con criterios ecológicos y baja huella de carbono, y la capacidad de equilibrar con creces el traspaso de puestos de trabajo que resulte del proceso de reconversión. Presentamos a continuación una selección de ellas:

• Turismo de proximidad, gestionado a través de empresas locales, que minimice el impacto sobre el medio ambiente y satisfaga las necesidades de ocio de una mayoría de la población.
• Deconstrucción de instalaciones turísticas para diversificar sus usos y transformarlas en espacios para vivir bajo el paraguas de la protección pública, centros cívicos, áreas de trabajo cooperativo, eventos sociales u oficinas que habían sido desplazadas a la periferia, entre otras. Se deben asimismo deconstruir terrenos industriales para convertirlos en suelo agrario.
• Producción agroalimentaria ecológica y de proximidad con apoyo económico y técnico, particularmente a través de cooperativas agrarias mediante recursos e infraestructuras a pequeña escala para la elaboración y distribución de los productos: centrales de compras, mataderos, fábricas de pienso u obradores públicos, entre otros.
• Actividades productivas: rehabilitar polígonos industriales existentes y apoyar las mipymes dedicadas a la producción industrial de pequeña escala, la manufactura, la artesanía, las actividades de reparación, reacondicionamiento, refabricación, recuperación, reciclaje y gestión de residuos,^[7] favoreciendo la cooperativización de empresas mercantiles.
• Vivienda y urbanismo: rehabilitación estructural y energética de los edificios y su mantenimiento, articulando la cesión de uso desde las administraciones públicas para cooperativas con modelos colectivos de acceso a la vivienda; adecuación de espacios urbanos, cuidando de la conservación y mejora del patrimonio.
• Energía: producción y consumo público, cooperativo y comunitario de energías renovables.
• Hábitats naturales: restauración y protección de ecosistemas naturales, priorizando la recuperación de su biodiversidad, gestión de bienes comunales naturales o actuaciones en situaciones de emergencia.
• Cuidados: sistema público y comunitario de salud, cuidados y servicios sociales, particularmente para personas mayores, menores, dependientes, con discapacidad o migradas.
• Educación: prestaciones del sistema educativo, la educación en el ocio, la formación de personas adultas y las actividades culturales.
• TIC: establecimiento de infraestructuras tecnológicas descentralizadas, de carácter abierto y de gestión comunitaria.
• Movilidad y logística: disponibilidad de transporte público para personas y mercancías, con planes de movilidad gratuita e inclusiva; habilitar microplataformas para almacenamiento, manipulación, recepción y expedición de productos, con criterios comunitarios.
• Comercio local: comercio de proximidad dedicado a atender las necesidades reales del vecindario.
• Economías sociocomunitarias: como los mercados y las redes de intercambio, préstamo y reutilización de bienes y servicios, no monetarizados; los huertos comunitarios;los bancos del tiempo; los equipamientos autogestionados y de gestión comunitaria; los bienes comunales culturales y digitales o los nodos de apoyo mutuo y de cuidado, ateneos cooperativos y entidades vecinales, entre otras.

Con todo lo que hay por hacer, nadie se va a quedar sin ocupación si la reconversión se planifica, apoyando decididamente a las mipymes y a las iniciativas de autoorganización económica en los ámbitos mencionados. De acuerdo con la antropóloga Yayo Herrero, “el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción, es un dato”, y no en términos de PIB, sino de contracción de los recursos materiales y energéticos. Sería razonable que los lobbys turísticos indicaran a sus políticos que incluyan ese “dato” en sus políticas públicas, al igual que se hace desde una amplia base social liderada por la academia y los movimientos sociales. La cuestión es, pues, cómo se aborda ese decrecimiento, si con justicia social o por las malas, manteniendo una guerra contra la naturaleza.

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Notas

^{[1] Datos del Observatori del Turisme a Barcelona, 2018.}

^{[2] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-and-united-nations-common-goals-sustainable-future_es;  https://climate.selectra.com/es/actualidad/informe-ipcc-2022.}

^{[3] Nature Climate Change, 2018, https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x.}

^{[4] Zeroport, https://zeroportbcn.wordpress.com/; Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), https://assembleabarris.wordpress.com/.}

^{[5] https://xes.cat/wp-content/uploads/2021/09/DEFINITIU-Propostes-per-a-la-democratitzacio-economica-i-transicio-ecosocial.pdf.}

^{[6]  Propuestas ecofeministas para repensar las ciudades, Blanca Bayas y Joana Bregolat, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), 2021, Barcelona: https://odg.cat/wp-content/uploads/2021/10/Ciudades_ecofeministas.pdf.}

^{[7] Un estudio del WRAP (Waste & Resources Action Programme), de 2015, muestra que mediante la refabricación, el reacondicionamiento y la reparación de productos y piezas se pueden crear entre 8 y 20 puestos de trabajo por cada 1.000 toneladas de productos no deseados. En comparación, la recuperación de energía y el reciclaje pueden crear entre 5 y 10 puestos de trabajo por cada 1.000 toneladas, mientras que el vertido de 1.000 toneladas de productos no deseados solo crea 0,1 puestos de trabajo.}