El atlas de justicia ambiental

Por Mariana Walter |
CRÍTICA URBANA N. 40 |

En 2024, el Panel Internacional de Recursos (PIR) de las Naciones Unidas, que monitorea la extracción y consumo de recursos naturales en el mundo, publicó un informe que señalaba que, sin una acción urgente y concertada, para el año 2060 la extracción de recursos podría aumentar en un 60% con respecto a los niveles de 2020. Un aumento sin precedentes que presenta enormes riesgos y daños.

El informe reportaba que el uso de materiales se ha multiplicado más de tres veces en los últimos 50 años, pasando de 31 mil millones de toneladas en 1970 a 107 mil millones de toneladas en 2024. Con una distribución del consumo material muy desigual, donde los habitantes de los países de altos ingresos consumen seis veces más materiales y tienen una responsabilidad diez veces mayor en el cambio climático que las personas que viven en países de bajos ingresos. Los modelos de crecimiento supuestamente verdes no parecen estar modificando las tendencias de consumo material sino todo lo contrario.

La Figura 1, señala las tendencias actuales en la extracción mundial de recursos materiales según cuatro categorías: biomasa (que incluye productos de origen vegetal como la madera, la pesca, los cultivos y forraje), los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo), los metales (preciosos y no preciosos como el hierro, aluminio o cobre) y los minerales no metálicos (incluidas arena, grava y piedra caliza utilizadas mayormente para la construcción y procesos industriales).

Tendencias en extracción mundial de recursos (toneladas de materiales extraídas al año)

Estamos ante un crecimiento sin precedente en la extracción. Pero no solo se trata de la cantidad de materiales, también se trata de su calidad. Cuanto más extraemos, vamos agotando los yacimientos de mejor localización y calidad y la frontera extractiva avanza hacia yacimientos más lejanos y de menor calidad. Esta expansión genera crecientes presiones e impactos sociales, ambientales y culturales, ya que extraer requiere más tierras, energía, agua, insumos, infraestructuras… Esta expansión tiene crecientes impactos sobre los ecosistemas y comunidades locales. Por ejemplo, hemos pasado de extraer metales de depósitos mineros de alta concentración a minas a cielo abierto cada vez más amplias con crecientes montañas de residuos mineros. Hemos pasado de extraer combustibles fósiles de alta calidad con perforaciones poco profundas, a extraerlo de contaminantes arenas bituminosas o a través de métodos de alto impacto como el fracking.

Existe creciente evidencia sobre cómo el avance la frontera extractiva está presionando áreas de alta biodiversidad, volviéndose uno de los principales vectores de deforestación en el mundo, así como impactando en los territorios de comunidades indígenas y campesinas que se ven impactadas y desplazadas. Investigaciones han estimado que el 69% de los proyectos mineros que buscan extraer metales y minerales considerados críticos para la transición energética se localizan dentro o junto a territorios indígenas y campesinos.

Sin embargo, no se trata solo de la extracción. El aumento en la extracción de materiales repercute en forma de impactos y conflictos socioambientales a través de toda la cadena de las mercancías, desde la extracción y procesamiento, el transporte hasta la disposición final, con tensiones en cada punto de esta cadena. En estos puntos se despliegan los conflictos ecológico-distributivos -también referidos como conflictos socioambientales, eco-territoriales, de justicia ambiental-, luchas en torno de los impactos de la polución o sobre los sacrificios, la falta de reconocimiento e injusticias que tienen lugar para extraer los bienes comunes, y surgen de las desigualdades en el ingreso y el poder entre los actores involucrados. En esos conflictos se movilizan comunidades, organizaciones, movimientos y redes que se rebelan contra la injusticia de un modelo de crecimiento depredador, que elude enfrentar sus límites materiales, sociales y éticos.

El Atlas de justicia Ambiental

En 2012, En 2012, en un esfuerzo por documentar y visibilizar los conflictos socioambientales que tienen lugar a nivel global, se creó el Atlas de Justicia Ambiental, un registro global de conflictos que se expande cada día con la colaboración de investigadores, activistas, comunidades, periodistas, estudiantes y voluntarios. El mapa registra conflictos donde comunidades, vecinos, organizaciones, redes tanto locales como globales expresan de forma pública (visible) su preocupación en torno de proyectos, legislaciones, actividades económicas donde el ambiente forma parte de las preocupaciones de la movilización.

La figura 2 muestra el mapa del Atlas de Justicia Ambiental donde cada punto es un conflicto socioambiental documentado. El color del punto refiere al sector que genera el conflicto. Se distingue entre 10 tipos principales: metales y materiales de construcción; gestión de residuos; biomasa y conflictos por la tierra; combustibles fósiles y justicia climática/Energía; gestión del agua; infraestructura y ambiente construido; recreación/turismo; por conservación de la biodiversidad; industria o nuclear. Cada caso registrado ofrece información del conflicto, sobre las características del proyecto que desencadena el conflicto, la mercancía (commodity) en juego (ej: oro, petróleo, madera), los actores movilizados, sus estrategias y los resultados/consecuencias del conflicto.

Figura 2. Mapa del Atlas de Justicia ambiental. Fuente: www.ejatlas.org. Nota: cada punto es un conflicto y el color se refiere a la categoría del conflicto. Desde la página web es posible leer el detalle de cada caso.

En abril de 2026 el Atlas contabilizaba 4540 casos. No se trata de un mapa cerrado, pero de una recopilación de casos en permanente desarrollo. Aunque se pueden identificar zonas de alta conflictividad y movilización social, esto no significa que las áreas no cubiertas están libres de conflictividad.

La Figura 3, muestra la distribución de los conflictos por tipo. Vemos que los combustibles fósiles/Justicia Climática y la extracción minera son las actividades más conflictivas documentadas en el Atlas. Estos casos incluyen un amplio espectro de resistencias en todo el mundo. Por ejemplo, la larga resistencia de las comunidades contra los impactos en la salud y el ambiente, y la violencia vinculada con la actividad petrolera en Lago Agrio, Ecuador. En los de Justicia Climática/Energía también documenta un creciente número de conflictos en torno a las infraestructuras por energía eólica, solar, hidrógeno tanto en países consumidores de altos ingresos, como en países del sur global donde estas infraestructuras también proveen energía a desarrollos mineros e industriales.

Conflictos por tipo de actividad documentados en el Atlas de Justicia Ambiental.

En la categoría de conflictos mineros se incluyen los relativos a la extracción y los impactos vinculados al cobre, el oro, cobalto, níquel, grafito, litio, aluminio, las tierras raras…. De hecho, existe un aumento sin precedente en la demanda de los metales y minerales considerados críticos para las tecnologías de la transición energética y digital, desde la electrificación, la fabricación de baterías, coches eléctricos, magnetos, paneles solares, eólicas, hasta la fabricación de chips, procesadores, centros de datos. Estos materiales también son estratégicos para otros sectores en auge, como el militar, para fabricar drones, aviones, tanques, armamento.

El EJAtlas documenta, por ejemplo, cómo el sector militar de Estados Unidos está impulsando y financiando varios proyectos para la extracción y procesamiento de tierras raras en su país, así como en otros. El conflicto en Toliara (Sur de Madagascar) documenta cómo ha ido aumentando la violencia contra las comunidades de la región que se oponen al desarrollo de un proyecto para la extracción de tierras raras desde su adquisición por la empresa norteamericana Energy Fuels. El Atlas también documenta conflictos en torno de la extracción de litio en salares altoandinos, cobre en Perú o cobalto en la República Democrática del Congo. También se identifican nuevas fronteras de extracción, como los conflictos que están generando los proyectos para extraer metales de los fondos marinos con enormes riesgos e incertidumbres.

Otros sectores conflictivos se vinculan con la extracción de biomasa que incluye actividades como la agroindustria (soja, trigo, palma de aceite…) y sus impactos en la deforestación, el desplazamiento de comunidades, impacto en la salud por agroquímicos, la actividad pesquera, la ganadería intensiva, etc.

Los conflictos por gestión del agua incluyen, por ejemplo, los vinculados con la construcción de grandes represas que impactan grandes porciones de territorio, ecosistemas y poblaciones. Las infraestructuras se refieren a los puertos, vías de transporte, líneas eléctricas, centros de datos, que crecen junto con las cadenas de las mercancías, distribuyendo energía, materiales, información. La gestión de residuos se refiere a vertederos, basurales ilegales, incineradoras, contaminación vinculada al reciclaje. También se documentan conflictos vinculados a actividades industriales, de conservación, nuclear y por turismo.

Cabe señalar que el Atlas documenta cómo algunos sectores como los relativos a la minería, la biomasa (agroindustria), la conservación y la gestión del agua (represas) están relacionados con altos niveles de violencia; En efecto, la conservación puede ser muy violenta, desplazando a las comunidades locales para crear áreas de conservación estricta que no reconocen su derecho a acceder y utilizar los productos de los bosques y ecosistemas con los que han convivido por generaciones.

Desde su creación el EJAtlas se ha consolidado como una herramienta de documentación, investigación y educación sobre conflictos y movimientos por la justicia ambiental en el mundo. Esta iniciativa ha permitido conectar movimientos y redes, contribuyendo en varios casos a desarrollar mapas temáticos colaborativos con ellos. Por último, cabe señalar que ha permitido generar evidencia científica no solo sobre los conflictos, visibilizando el impacto desmedido sobre comunidades indígenas y campesinas en el mundo, examinando actividades y empresas conflictivas, también permitido visibilizar el rol de las resistencias en la protección de la biodiversidad y en transformaciones hacia la sostenibilidad y la justicia socioambiental.