El conflicto urbano. Resistencias y propuestas

Por Isabel Pascual Díaz
CRÍTICA URBANA N.6

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«Y, para entender en qué consisten las relaciones de poder,
quizás debamos investigar las formas de resistencia
y los intentos de desintegrar estas relaciones.»
Michael Foucault, El Sujeto y el Poder

El espacio urbano -en sus dimensiones material, social, económica, política y simbólica- es moldeado por los conflictos entre las relaciones de poder de las-os actoras-es que influyen en su construcción y en su uso.

Por un lado, aquellas-os que ven la ciudad como una mercancía, como objeto de acumulación de capital y especulación urbana. Éstas-os generan un ciudad desigual, inequitativa, segregada, excluyente. Los mecanismos usados para dispersar el conflicto suelen generar desalojos, despojos, sinhogarismo, privatización de espacios y servicios públicos, destrucción de modos de vida, violencia, etc.

Por otro lado, aquellas-os actoras-es que ven la ciudad como un bien común para el uso y disfrute de todas-os. Éstas-os generan una ciudad viva y vivible, socialmente justa, democrática y segura. Esta otra forma de producir ciudades, de prevenir y proponer soluciones a los conflictos urbanos nos la muestran las-os siguientes activistas por el Derecho a la Ciudad[1].

El Derecho a la Ciudad según la Plataforma Global del Derecho a la Ciudad

La Red de Desarrollo Urbano Accesible e Inclusivo de la Discapacidad

Frente a las políticas hegemónicas de vivienda y el acceso deficiente a un hogar propio, especialmente a las personas con discapacidad, la Global Alliance on Accessible Technologies and Environments (GAATES)[2] plantea la Red de Desarrollo Urbano Accesible e Inclusivo de la Discapacidad (DIAUD, por sus siglas en inglés).

La dificultad de acceso a una vivienda adecuada es agravada en el caso de las personas con discapacidad debido a su situación de exclusión y discriminación. Un gran número de personas se ven afectadas por el aislamiento vinculado a las dificultades para acceder a sus viviendas, a los problemas de movilidad en la ciudad, así como a redes de transporte público no adaptadas o insuficientes. Las-os responsables de establecer las políticas de vivienda y urbanismo no suelen tener en cuenta su derecho a la movilidad, dejándolas aisladas y con una reducida vida social. Para resolver este conflicto, entre otros, surgió la DIAUD, una red de múltiples actoras-es que trabaja por la construcción de una ciudad libre de discriminación, que garantice la igualdad de derechos y oportunidades y la integración en el espacio urbano de todas las personas. Su propuesta consiste en mejorar la participación en todo el proceso de formación y ejecución de políticas urbanas, mediante el trabajo en red de las-os actoras-es implicadas-os: las personas con discapacidad y las-os defensoras-es de los derechos de las personas con discapacidad; las-os responsables de la formulación de políticas y funcionarias-os gubernamentales; las-os profesionales del desarrollo urbano; las instituciones académicas; las fundaciones; así como el sector privado y las-os asociadas-os en la cooperación para el desarrollo.

Como señala Leilani Farha, la relatora por el Derecho a la Vivienda: “Para las personas con discapacidad, elegir dónde y con quién vivir, formar parte de una comunidad y tener acceso a una vivienda adecuada y accesible son temas fundamentales para una vida de dignidad, autonomía, participación, inclusión, igualdad y respeto de la diversidad”[3].

Puntos de conexión multimodal seguros y sensibles al género

Frente a los conflictos por las deficiencias en la provisión de equipamientos y servicios urbanos de calidad, especialmente para las mujeres, Women In Cities International (WICI)[4] propone realizar un diagnóstico de los espacios públicos para garantizar que sean seguros y que tengan en cuenta las cuestiones de género.

Según la Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad[5], la violencia que se experimenta o se percibe como amenaza, ejerce un efecto de restricción para el acceso, uso y apropiación de la ciudad por parte de la ciudadanía y en especial de las mujeres, constituyendo uno de los obstáculos más importantes para su desplazamiento y por lo tanto su autonomía. Sin embargo, la inseguridad y las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres no son consideradas en la planificación física de la ciudad y en las políticas de transporte público.

Ante esta situación, mujeres de todo el mundo se organizan para sensibilizar, realizar incidencia ante las instituciones públicas e implementar iniciativas que garanticen su seguridad. Un ejemplo es la iniciativa de WICI que busca avanzar en la realización de los derechos de las mujeres en las ciudades mediante el cumplimiento de las funciones sociales, espacios y servicios públicos de calidad y que contribuyan a construir ciudades más seguras y satisfacer las necesidades de sus habitantes. Para ello, la propuesta es realizar un diagnóstico participativo de los espacios públicos en puntos de conexión multimodales a fin de garantizar que sean seguros y que tengan en cuenta las cuestiones de género.

Superar las desigualdades urbanas y rurales de género aparece como un requisito ineludible para una planificación urbana que busque diseñar ciudades más inclusivas e igualitarias, que garanticen el derecho a la ciudad para todas las ciudadanas y ciudadanos.

Foto: Mika Baumeister, en Unsplash

Promover con los habitantes Centros Urbanos Vivos como Derecho a la Ciudad

Frente a las políticas de desarrollo urbano hegemónicas, que priorizan la especulación inmobiliaria de los grandes intereses económicos, el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP)[6] propone centros urbanos vivos para el uso y disfrute de sus habitantes.

Los centros históricos de ciudades en todo el mundo están sufriendo transformaciones, destrucciones de patrimonio, desplazamientos de población, cambios en el uso y valor del suelo, gentrificación, pérdida de identidad, entre otros. En particular, el centro histórico de Lima está sufriendo por un lado una pérdida de su identidad mediante el acelerado deterioro del patrimonio cultural edificado, por demolición, transformación en establecimientos comerciales o riesgo de colapso; por otro lado, se pierde progresivamente el “buen vivir”, con el desplazamiento de sus habitantes originarios, por especulación e inseguridad.

Para revertir esta situación, CIDAP lanza el Observatorio del Centro Histórico de Lima. Esta iniciativa persigue una ciudad de ciudadanía inclusiva, donde se trate con igualdad a todas-os sus habitantes sin diferencia de su poder adquisitivo; una mayor participación política en el proceso de la planificación y desarrollo urbano, dando herramientas a sus habitantes; y una ciudad que cumpla sus funciones sociales, con prioridad al interés público y social definido colectivamente. Para ello las-os habitantes organizadas-os son fortalecidas-os en sus capacidades para mapear sus problemas, propuestas y acciones, incidir en las políticas públicas habitacionales y para dar seguimiento a los compromisos gubernamentales nacionales e internacionales.

En definitiva, para luchar contra el deterioro social, cultural y material de nuestras ciudades, las-os habitantes deben participar activa y eficazmente en el proceso de construcción de los espacios y los gobiernos deben dar prioridad al derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad en sus agendas.

Proyecto de Vendedores Ambulantes

Frente a la sucesiva pérdida de derechos de las-os vendedoras-es ambulantes Women in Informal Employment: Globalizing & Organizing (WIEGO) propone un proyecto basado en la membresía para crear un movimiento que genere cambios permanentes.

A pesar de ser parte integral de las economías urbanas como distribuidores de productos y servicios asequibles, las-os vendedoras-es ambulantes sufren exclusión y acoso por parte de las autoridades. Los desalojos, las detenciones y la confiscación de bienes pueden tener efectos devastadores en sus medios de subsistencia. Estos son a menudo la principal fuente de ingresos de sus hogares y comunidades. Para combatir este conflicto, el proyecto se basa en varios componentes del Derecho a la Ciudad: i) avanza hacia una ciudad con ciudadanía inclusiva, en la que las-os vendedoras-es sean considerados ciudadanas-os y se les trate con igualdad, mediante la sensibilización del público en general sobre la importancia de la actividad de estas-os trabajadoras-es y su enorme contribución a las ciudades; ii) persigue una mayor participación política al capacitarlas-os en derechos y responsabilidades y organizarlas-os para la acción colectiva; y iii) lucha por la igualdad de género, ya que en muchos países, las mujeres representan la mayoría de las-os vendedoras-es ambulantes. La venta ambulante es una de las categorías más importantes de trabajo informal para las mujeres. Los bajos costos para iniciar la actividad y los horarios flexibles convierten la venta ambulante en una opción atractiva para las mujeres de pocos recursos; para muchas, es la única opción que tienen.

Para que las-os vendedoras-es ambulantes disfruten del derecho a la ciudad, necesitan reconocimiento legal como trabajadoras-es, derecho a organizarse, protección social y participación en el proceso de formulación e implementación de políticas públicas. El derecho a la ciudad no sólo se refiere al acceso a la ciudad, sino también al derecho a transformarla.

El Tribunal Internacional de Desahucios

Frente a las amenazas a la comunidad producidas por los desalojos forzados, la Alianza Internacional de los Habitantes (AIH)[7] proponen un tribunal internacional y popular de Desalojos.

Los desalojos forzados son violaciones graves de los derechos humanos que provocan sinhogarismo, desigualdad, conflictos sociales, segregación, así como pérdida de medios de subsistencia, de ingresos y de salud. Invariablemente afectan a los sectores con menos recursos, vulnerables y marginados de la sociedad[8].

Frente a esto, la AIH propone una poderosa herramienta que tiene por finalidad analizar y cuestionar de manera práctica e interactiva casos de desalojos forzados que tienen lugar en distintas partes del mundo. El Tribunal fomenta la convergencia de las organizaciones populares, dando visibilidad y apoyando sus campañas, luchas y victorias. Se basa en la experiencia de un jurado internacional, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos de derecho internacional, para dictar sentencias sobre casos reales de desalojos forzados y elaborar recomendaciones para defender los derechos a la vivienda y a la tierra, componentes fundamentales del Derecho a la Ciudad.

Las organizaciones de la sociedad civil tenemos que unir nuestras fuerzas para seguir reclamando a los estados que respeten sus compromisos recogidos en las agendas globales y tratados de derechos humanos, que garanticen la función social de la tierra y la propiedad, que implementen el derecho a la ciudad y que prevengan y remedien los desalojos forzados urgentemente.

Personas versus mercado

Estas iniciativas son ejemplos de cómo ante los conflictos urbanos surgen movilizaciones sociales dispuestas a desarrollar alternativas para producir ciudades y asentamientos humanos que pongan a las personas en el centro, plantando resistencia a la lógica dominante del mercado. Para esto es necesario poner en práctica dos cuestiones clave: la participación en la toma de decisiones sobre la producción del espacio y en el propio uso de ese espacio, de todos los habitantes, dando una voz particular a los grupos marginados y excluidos; y la realización de los derechos humanos en las ciudades y asentamientos humanos y, en particular, iv) los componentes del derecho a la ciudad: la no discriminación, la igualdad de género, la ciudadanía inclusiva, la participación política, la función social de la ciudad, espacios públicos de calidad, economías diversas e inclusivas y vínculos entre las áreas urbanas y rurales.

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[1] Estas iniciativas son una selección de casos presentados en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés) en 2018 por la Plataforma Global del Derecho a la Ciudad (PGDC). Para ver más iniciativas de implementación del Derecho a la Ciudad de miembros y aliados de la PGDC, visite: https://www.flickr.com/photos/158027252@N07/albums/7215769320312..

[2] Global Alliance on Accessible Technologies and Environments (GAATES). Para más información: visite: http://gaates.org/

[3] Farha, Leilani. 2017. Informe de la Relatora especial sobre una vivienda adecuada, A/72/128: http://unhousingrapp.org/user/pages/04.resources/Thematic-Report-2-The-Right-to-Adequate-Housing-of-Persons-with-Disabilities.pdf

[4] Para más información, ver: https://femmesetvilles.org/

[5] Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad, 2004: https://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc2.pdf

[6] Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP). Para más información: https://cidap.org.pe/

[7] Alianza Internacional de los Habitantes (AIH). Para más información: https://esp.habitants.org/

[8] Kotari, Miloon, 2007. Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo. Ver: https://www.ohchr.org/en/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx

Nota sobre la autora

Isabel Pascual Díaz és arquitecta por la Universidad de Sevilla, máster en cooperación internacional. Desde 2012 es parte del Secretariado General de Habitat International Coalition (HIC) y, desde 2018, encargada de la coordinación de la comunicación del proyecto internacional de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.