Una crónica del Raval rebel II

Por Juan Martínez de Velasco
CRÍTICA URBANA N. 6

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Con frecuencia, cuando se habla de El Raval, tanto en las noticias de TV como en los periódicos, predomina la imagen negativa y truculenta. Sea buscado o no, este punto de vista favorece la especulación y el abandono del barrio a los que se quieren quedar con él.

[La primera parte de este artículo se publicó
en Crítica Urbana n.5 marzo 2019]

No hay que perder de vista que es un barrio con una vitalidad envidiable. La multi-culturalidad, su centralidad, la variedad de comercios y negocios, de realidades sociales y económicas superpuestas, hace que en muchos aspectos sea un barrio estimulante, complejo y divertido. Tiene además las mejores estructuras culturales de la ciudad aunque su vecindario no sea su público más asiduo, ni puede acceder a gran parte de su amplia oferta comercial y de ocio. Esta variedad e intensidad atrae a un personal interesante y variopinto que da color y fuerza al barrio pero que, en su mayoría, prefiere residir en otro sitio.

«BMB Investement expulsa a las familias del Raval y el Gótic para especular». Vecinos en las afueras de sus oficinas.

Dicho lo cual, una pequeña pincelada para volver a ponernos en situación: en el último y ya muy erosionado periodo del PSC en el Ayuntamiento, 2007 al 2011, la arquitecta Itziar González, concejala por Ciutat Vella con los socialistas y diseñadora de un razonable Plan de Usos, recurrido por CiU y por tanto paralizado cautelarmente, intentó frenar la mafia de las licencias que se había instalado en parte de la administración del Ayuntamiento, la Asociación de Vecinos de El Raval y en el aparato local del PSC. Tras unas cuantas amenazas de muerte y varios asaltos a su domicilio, González dimitió en 2009 ante la falta de apoyo y respaldo del Grupo socialista y la policía. No pasó nada[1].

Contra lo que pudiera parecer, a veces se tarda en entender la magnitud de lo que está pasando en tu propio barrio cuando interfieren factores tan distorsionadores como un turismo y una emigración masiva, una intervención pública potente y una crisis económica que no acaba de terminar para el vecino de a pié. El hecho de que El Raval tenga muchos edificios con nivel de Protección de Patrimonio B o C, cuyas fachadas deben conservarse, hace parecer a primera vista que un arreglo de fachada: “Barcelona posa’t guapa”, esconda a menudo la demolición de otro edificio y, aunque el mantenimiento de las fachadas trasmita una sensación de estabilidad del paisaje, no evita que todos los otros elementos de la vida del barrio vayan alterándose: viandantes, vecinos, comercio, negocios, rotulación, precios, horarios. En la ya rutinaria presencia de grupos con maletas de rueditas esperando que alguien les abra la puerta, hay que leer “apartamento turístico”; si se ven filas de balcones con dos sillitas plegables y mesita IKEA: edificio de apartamentos turísticos; si ves desde tu azotea que en las ventanas de enfrente todo son literas y nunca sale la misma persona a fumar al balcón: piso patera. Mi vecino Amadeu, 87 años, nacido en su actual casa, me comentaba que desde hace años cuando sale a la calle se siente un extraño en su barrio, ya no lo reconoce.

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Cambio de equipo municipal: Barcelona en Comú

En 2014 los ciudadanos oscilaban entre el pánico económico y la indignación por el saqueo nacional. Cuando Barcelona en Comú, con Ada Colau a la cabeza, gana las elecciones municipales por un pequeño margen, fue una sorpresa a medias. Era una candidatura que levantaba muchas expectativas, venía con ganas de resolver cosas y no llegaba con compromisos previos. El nuevo consistorio de Ciutat Vella, con Gala Pin de regidora, fue ocupado por un grupo de activistas jóvenes que habían estado muy implicados en las luchas del barrio pero muy poco en su Administración. Barcelona en Comú llevaba en primera línea de su programa electoral atajar muchos de los problemas de los que estamos hablando.

Su situación minoritaria en el Consistorio, el poco margen legislativo que los ayuntamientos tienen sobre los grandes temas: vivienda, seguridad, emigración, presupuestos, etc., el inicial desconocimiento de la Administración municipal o en algunas áreas la falta de técnicos especializados, hizo que la capacidad de resolver problemas fuera menor de lo esperado, dentro y fuera de la organización.

A lo anterior hay que sumar que a media legislatura el “procés” de independencia explotó, dejando a Barcelona en Comú, que tiene militantes y votantes en ambos campos, entre dos fuegos con la consiguiente obstrucción sistemática por ambos bandos. Con la aplicación del art. 155, el pacto con el PSC, que funcionaba a su manera, se vino abajo y, para mejorar el panorama el Govern de la Generalitat, cuya coordinación con el Ayuntamiento en materia de educación, sanidad, vivienda o seguridad es esencial, ha estado totalmente inoperante en los últimos seis años por su dedicación exclusiva a La Causa.

Vista posterior de edificios en el Raval, centro histórico de Barcelona

Realmente Barcelona en Comú ha puesto su mejor voluntad para poner en marcha su programa y en muchos casos lo ha logrado pero, por lo dicho anteriormente y cierta infravaloración del poder de las fuerzas del Mercado, su incidencia ha sido menos eficaz de lo que el asfixiado vecindario de Ciutat Vella esperaba.

El caso de los desahucios y la vivienda, una de sus prioridades, es esclarecedor. El Ayuntamiento creó una oficina para negociar con los propietarios, ofrecer alternativas y desactivarlos y, en efecto, lo han conseguido con un buen número de ellos pero la última palabra la tiene el Poder Judicial. Guste o no, la comitiva judicial sale cada semana, para ejecutar los que no se han podido parar previamente y son los vecinos, muchos de BeC, CUP y demás organizaciones del barrio (nunca del PSC o ERC p.e.), los que crean barreras de vecinos que, junto a los Servicios Sociales, suelen pararlos. Pero pararlos significa postergarlos y al final, si no se llega a un acuerdo, al tercer o cuarto intento el desahucio se ejecuta. A pesar de los esfuerzos de unos y otros, Barcelona es una de las ciudades donde más desahucios se ejecutan, varios cientos al año en el Distrito[2]. En los casos de acoso inmobiliario, contratos irregulares, etc. el seguimiento de la Oficina de Habitatge (Vivienda) no ha estado a la altura de las graves circunstancias que atraviesa el Distrito y solo, recientemente, se han tomado iniciativas como la creación de un servicio de apoyo legal para los vecinos y otra específica para frenar el acoso inmobiliario como medidas “in extremis” para sortear una parte de la Administración poco motivada, cuando no incompetente, que lastra las iniciativas del Grupo Municipal.

Mención especial merece la actuación de las organizaciones gremiales de hostelería, poco acostumbrados a que el Consistorio se lo ponga un poco difícil o simplemente quiera hacer cumplir la legislación previamente vigente. Acostumbrados a resolver sus asuntos, supongo, vía coimas o confluencia de intereses, han sostenido una lucha a muerte con el Consistorio para neutralizar cualquier medida que les afectara, en especial el plan de terrazas contra su ocupación del espacio público, sin ni siquiera considerar las molestias a los vecinos o la misma habitabilidad de la Ciudad.

La moratoria de construcción de hoteles, los resultados de la ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, el mencionado plan de terrazas, el nuevo Plan de Usos de Ciutat Vella, el de La Rambla o el Plan especial de alojamientos turísticos (PEUAT), por poner algunos ejemplos, han tardado en llegar y sus resultados tardarán más aún en verse. El ruido, la polución, la avalancha turística, el menguante espacio público, el mortecino comercio local y los saludables especuladores siguen, todavía, ahí.

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Los vecinos se buscan la vida

Los vecinos percibieron rápido que, aunque el nuevo Consistorio compartía sus objetivos y trataba de resolver sus apabullantes problemas, su margen de actuación y tiempos eran limitados. Como no podían quedarse sentados, han surgido o reactivado de un gran número de organizaciones vecinales para defenderse de la expulsión y precarización de sus condiciones de vida. El Raval tradicional, no el transeúnte, está revolucionado y metido en una bronca que aparentemente está perdiendo pero que obtiene éxitos puntuales frenando iniciativas especulativas y consiguiendo trasladar a la opinión pública la situación de emergencia habitacional y medioambiental del Distrito. La resistencia contra los narcopisos, que la Generalitat ha ignorado conscientemente por la fuerte erosión que infligía al Consistorio, el bloqueo al proyecto de algunos hoteles cuya tramitación había sido opaca, la enmienda a la ley de terrazas de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la resistencia al desalojo de edificios con ocupaciones o ejerciendo el derecho de retracto por parte del Ayuntamiento, son ejemplos puntuales de como se está dificultando el, hasta ahora, paseo militar de los grandes intereses económicos. En general, no siempre, el Ayuntamiento se ha apoyado en la presión de estas movilizaciones para sacar iniciativas adelante.

Acción en oficinas de BMB

Un caso entre otros muchos

Llegados a este punto voy a ilustrar con un caso real, el proceso de actuación de las empresas en el vaciado de edificios y las tácticas de resistencia de sus vecinos y organizaciones de barrio.

El edificio está en la calle Carmen nº 23, una zona considerada buena de El Raval. Edificio protegido nivel C, cuatro plantas, seis vecinos y cinco locales. Su antiguo propietario, Fincas Pinto, era un viejo administrador que compró la finca hace décadas a su anterior propietaria. En los 2000 arregla patios y bajantes y divide en dos los tres pisos que no eran de renta antigua.

A finales de 2015, Pinto vende el edificio a Quarex Resource SL que hace la división horizontal con la intención de rehabilitar el edificio, poner ascensor y venderlo por pisos. Como los precios del suelo y los inmuebles subían a tal velocidad, finalmente deciden no complicarse la vida y hacer caja. En 2016 vende todo el edificio a una SOCIMI (Fondo buitre en román paladino), Optimun Re, quedándose con los dos locales que dan a calle Carmen. Optimun Re, con 100 millones de € de capital, está gestionada por BMB Investment y sus accionistas mayoritarios son un puñado de empresas con nombres ingleses pero dueños fundamentalmente catalanes: M.S.G.(*) , una de las mujeres más ricas y controvertidas de Cataluña, el escultor Jaume Plensa y su sobrino, la familia Gallardo dueños de los laboratorios Almirall, el jeque Gaith Pharaon amigo, como no, del muy campechano emérito monarca, etc. En aquel momento BMB Investment era propietario de otros 15 edificios en Ciutat Vella.

En estos tres años el edificio había pasado por tres propietarios diferentes y a esas alturas, los vecinos ya sabían lo que se les venía encima.

Durante estos saltos de propiedad la velocidad de rotación y el perfil de los vecinos se fueron adecuando a los del barrio. Los vecinos estables que estaban a principios del 2000 se fueron marchando por diferentes motivos: aumento de los alquileres, dificultad de cuidar niños en el barrio o la presión del turismo en la calle y fueron sustituidos por grupos más jóvenes, en general, emigrantes de clase media: profesoras, arquitectos u hostelería. Franceses, italianos, rusos, venezolanos, cubanos, filipinos y hasta gallegos y madrileños convivieron en harmonía. La familia de Amadeu que lleva más de dos generaciones viviendo en el mismo piso, junto a dos emigrantes de Chile y Colombia que entraron en los primeros 80, eran los tres inquilinos que tenían contratos de renta antigua.

Para que el nombre de la SOCIMI propietaria se mantenga impoluto, el trabajo sucio de vaciado de edificios se encomienda a los Administradores. En este caso el elegido fue Barrero & Asociados, bien conocida en la profesión por sus marrullerías. Ellos son los encargados de hacer que el edificio ya no sea agradable de habitar. Con su entrada la limpieza de la escalera pasó de semanal a quincenal, se eliminó el contrato de mantenimiento de la luz de la escalera, teniéndose que encargar los vecinos de cambiar las bombillas y arreglar las lámparas y no se gastaron un duro más en mantenimiento, ni siquiera en arreglarle a los vecinos las calderas rotas o las goteras. El colofón ha sido el reciente corte de la luz y el agua de la Comunidad por falta de pago de los dos últimos administradores. Conviene aclarar que no había ningún impago por parte de los inquilinos.

El negocio de estas empresas se centra en la reventa o rehabilitación y los ingresos por alquileres no es una prioridad. Al finalizar los últimos contratos a finales de 2018, se había previsto tener vacio el edificio en enero de 2019. Los contratos que terminaban antes se iban prorrogando por periodos de tres o seis meses, subiendo solo el IPC, para que terminaran todos al mismo tiempo.

Afiche para acción en oficinas de BMB Investment

Según finalizaban los inquilinos más jóvenes con más capacidad de movimiento o los emigrantes que se sentían más indefensos, no les compensaba pelear y se fueron yendo. Inmediatamente que un piso se vaciaba se instalaba una puerta anti-ocupas y se sellaba. En diciembre del 2018 el edificio se parecía al corredor de una prisión.

A los inquilinos de renta antigua les hicieron una propuesta económica para dejar sus pisos. No era una mala oferta pero con los precios de los pisos y alquileres disparados no era viable para ellos. Uno de los tres, que tenía una posición más débil, aceptó y se fue. Las verdaderas negociaciones con los inquilinos de renta antigua comienzan cuando estos se quedan solos. En soledad, las obras y otros procedimientos más expeditivos suelen ablandar posiciones y derechos.

Cuando todo parecía perdido y solo quedaban cinco inquilinas, las de más arraigo en el barrio, apareció un cartel comunicando que en Carmen 106, mismo dueño, mismo administrador y también vaciando para finales de año, se había declarado en lucha, tenían el edificio cubierto de pancartas denunciando la expulsión de los vecinos para especular y habían denunciado a los propietarios por acoso inmobiliario por deficiente mantenimiento de la finca. Una vecina del 23 se puso en contacto con ellos.

Los vecinos del 106 se habían puesto en contacto con El Sindicat de Llogaters (Inquilinos), organizaciones como Raval Rebel y con el servicio jurídico del Ayuntamiento. Aunque no había acuerdo entre los abogados sobre la viabilidad de denunciar las prórrogas como renovaciones de facto, sí lo había en que debían quedarse, seguir pagando el alquiler y negociar. Cuando llegaron los burofax comunicando la extinción de los contratos, se ignoraron y siguieron pagando el alquiler en los juzgados. Lo mismo se hizo en Carme 23 y la última vecina que quedaba en Massanet 6, otro de los edificios de BMB, se sumó al movimiento. Los inquilinos de renta antigua de ambos edificios que no querían quedarse solos y sabían que aquello solo era la primera trinchera, también se incorporaron a la trifulca.

Como era de esperar las comunicaciones judiciales empezaron a llegar.

El primer éxito que se obtuvo fue que BMB revocó el contrato a Barrero al darse cuenta de que, con su mal trato, cobros de comisiones ilegales o acoso, habían revolucionado a los inquilinos y propiciado las denuncias, poniendo a la propiedad en el punto de mira del Ayuntamiento. Además de cambiar de Administrador, para impedir las sanciones, BMB saneó parte de las escaleras y la iluminación de los dos edificios. Todo indicaba que con el Ayuntamiento encima, no quería líos ni llegar a juicio con los inquilinos y que las denuncias eran solo un medio de presión que, de hecho, surtían efecto porque periódicamente algún vecino se iba.

Después de varios meses, los inquilinos que quedaban empezaron a sufrir los efectos de la presión y la incertidumbre. Ansiedad, insomnio, pastillas, muchas reuniones de auto refuerzo, asistencias a asambleas y foros para visibilizar su caso…, el desgaste era visible. Hay que tener en cuenta que, con el aumento de los alquileres de los últimos cinco años y sin considerar el arraigo o los aspectos afectivos, un nuevo alquiler en las mismas condiciones los podría llevar de golpe a la otra punta de Barcelona. Como comentamos en el anterior artículo, la expulsión masiva de inquilinos del centro por el turismo y la subida de alquileres había disparado a su vez la demanda y los precios en los barrios colindantes.

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Contragolpe

BMB Investment no quería como interlocutor al Sindicat y prefería llegar a acuerdos inquilino a inquilino. Dada su fragilidad esto era muy arriesgado y, para forzar la negociación colectiva se preparó una acción de presión. Los vecinos, entre los que había diseñadores, fotógrafos y plumillas aficionados, prepararon pancartas, carteles, notas de prensa y volantes de mano.

El 13 de diciembre 2018, una partida de cincuenta o sesenta vecinos del Raval pertenecientes al Sindicat de Llogaters, Raval Rebel, CUP, Barcelona en Comú, PAH, etc., ocuparon las oficinas de BMB en el muy noble y leal Paseo de Gracia en cuyo portal, enmarcado entre las muy finas y elegantes Hermés y Escada, plantaron un pancartón hecho a mano y sostenido por un personal ruidoso y a todas luces plebeyo. Se empapeló la fachada con carteles, uno de los cuales ponía cara y nombre a varios de los emboscados accionistas de la SOCIMI. La abundancia de voluntarios, curiosos, fotógrafos y prensa en general, convirtió el evento en un jolgorio poco habitual y asaz irreverente.

Otros veintitantos activistas se instalaron en las oficinas y el descansillo. El plan era permanecer en las oficinas hasta que BMB se comprometiera por escrito a entablar una negociación. Según pasaban las horas el pasmo de directivos, empleados y vecinos, daba paso al cansancio. La policía municipal se personó pero, sin violencia, se conformó con vigilar. Las abuelas, los rastas y los anti-algo, sabían que aquello podía ir para largo y se mantuvieron tan ternes tanto arriba como a pié de pancarta. A las 14h se tenían que ir a comer y firmaron.

Allí se constató de nuevo que lo de la exposición pública no les gustaba nada. El asunto de las expulsiones masivas de Ciutat Vella estaba ya en la prensa y en la calle y sus SOCIMIS podrían sufrir una pérdida de imagen/inversiones preocupante. Pancartas, carteles con sus nombres o comentarios en las redes sociales les daba yuyu y, cuando a mediodía empezó a aparecer la noticia en la televisión y en la prensa, (enlaces) se debieron dar cuenta que expulsar vecinos y familias menesterosas para hacer dinero rápido puede tener un alto precio en imagen. De cara a la liberal sociedad barcelonesa, estar pringado en tan chabacanos asuntos es de muy mal gusto. Tampoco resulta fácil vender bien un edificio cubierto de pancartas anunciando “¡guerra, guerra, guerra!”.

Aquella misma noche el presidente de BMB, Josep Borrell, llamó desencajado al Sindicat de Llogaters: “Lo de hoy ha sido muy grave”.

Las negociaciones se llevaron a cabo por el Sindicat pacientemente durante semanas. Los cambios legislativos que estaban haciendo en el Parlamento en Madrid alteraban de repente las posibles condiciones. Cada vez que por algún motivo se bloqueaban, se volvían a colgar las pancartas, se pegaban en los otros edificios de su propiedad volantes denunciando la especulación y llamando a la unidad y, sobre todo, se conectaba con la Prensa. Su ayuda fue definitiva: varios artículos a doble página en El Periódico, El Punt, cuñas en TV1, TV3… desatascaban en pocos días las negociaciones.

Finalmente, en esta Semana Santa se han firmado prorrogas de tres años para los siete vecinos que quedaban. Los tres de renta antigua respiran también más tranquilos y acompañados. Cuando termine el nuevo periodo, las hijas habrán acabado el Instituto, alguna inquilina se habrá jubilado y se habrá ido a su pueblo y, quién sabe cómo estará entonces la legislación sobre alquileres.

Carmen 23 tiene una licencia de obras aprobada para hacer obras mayores. Recurrentemente aparecen engominados grupitos de potenciales compradores, si como suele ocurrir, son empresas extrajeras, israelitas, francesas o estadounidenses, nada permeables a la mala reputación, la próxima defensa dependerá más de la vía administrativa y penal que de airear las vergüenzas golfas y para-legales de los accionistas locales. No van a dejar el edificio con la mitad de las puertas tapiadas. Se está solo en el intermedio.

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Cómo va el partido…

Dice una vecina que El Raval vive en una permanente oscilación y que simplemente estamos en una nueva fase. Sin duda el barrio está agujereado, castigado y con infinidad de bajas pero, para bien o para mal, la pelota todavía está en el tejado.

Aquellos pisos para la clase media y las mega oficinas de la UGT que se construyeron en la Rambla del Raval cuando regía el PSC, se están revendiendo a paquistaníes porque las chicas malas de la calle Robadors no acaban de irse como les prometieron a sus compradores y, además, de vez en cuando cogen el megáfono y les llaman colonos y ocupantes. Al parecer están pidiendo entrada también sus chulos. Las oficinas de la UGT están casi vacías (la crisis destapó muchas vergüenzas y fantasías). La prevalencia de tuberculosis sigue siendo cinco veces la de la media de la ciudad. Con un 46% de emigración y una probada capacidad de resistencia, los emigrantes, con su creciente capacidad económica o de amontonarse en los pisos pateras, hacen frente a casi cualquier alquiler y los más solventes también están comprando. Aquella clase media moderna a la que se le estaba poniendo la alfombra roja para revalorizar el barrio llega y al poco se desanima y se va. Se van quedando los de siempre.

Las rentas urbanas pueden salir de casi cualquier edificio y no parece que de momento se esté imponiendo un único modelo: incluso el turístico es en parte de tránsito. No se percibe que una nueva clase media alta este desembarcando y transformando visiblemente las características del barrio, aunque una población en tránsito haya subido la renta media. Más bien parece que hay un tira y afloja entre turistas, chicos modernos, viejos vecinos, emigrantes, estudiantes, mendigos sin techo o yonkis; todo eso genera, intensidad, ruido, variedad, suciedad, inseguridad o diversión. Para todos los días este menú es muy cansino y muchos de los que pueden se van… o los echan.

Hace unos meses un promotor de esos que creen que saben cómo funciona el mundo, le dijo a la regidora Gala Pin “Hazte a la idea que en 10 años El Raval estará como el Born[3]”. Pudiera ser, pero yo apostaría a que se equivoca.

(*) _{Algunos nombres han sido sustituidos por iniciales, a petición de sus representantes legales.}

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[1] Para hacernos una cierta idea del ambientillo del barrio recomendaría ver la estremecedora película de Joaquim Jordá, De niños, 2003, o la más amable, En Construcción, de Daniel Guerín, 2000, sobre el derribo y construcción de La Rambla del Raval.

[2] Para entender el proceso de un desahucio desde dentro es muy ilustrativo leer “A la puta calle”, de Cristina Fallarás, Ed. Planeta.

[3] El Born es una sección del Barri Gòtic, en el centro histórico de Barcelona, que lo han convertido en pocos años en un mero centro comercial.

Más información

Informativos Televisión Española: https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1114907212344889346?s=19

Ara: https://www.ara.cat/societat/veins-amenacats-expulsio-coordinen-resistir_0_2142385892.html

El Periódico: https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20181213/protesta-contra-especulacion-inmobiliaria-barcelona-7200053?utm_source=whatsapp&utm_medium=social

El Periódico: https://amp.elperiodico.com/es/barcelona/20190221/fincas-patrimoniales-acoso-inmobiliario-7316970

eldiario.es https://www.eldiario.es/economia/mantener-alquileres-Barcelona-victoria-historica_0_898710365.html

Nota del autor

 Juan Martínez de Velasco, nacido en Madrid, es Sociólogo y Técnico Urbanista. Ha trabajado en la rehabilitación de centros históricos y 25 años en cooperación internacional. Desde hace 20 años tiene su base en El Raval, Barcelona.