El pequeño desastre de todos los días

Por Víctor Orellana Acuña |
CRÍTICA URBANA N.8

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Las condiciones de inequidad en nuestras ciudades van más allá de la vulnerabilidad social. No es solamente un asunto de pobreza de ingresos o falta de oportunidades laborales. En muchas de las grandes ciudades de nuestro país, comunidades enteras viven en condiciones de riesgo de desastre, poniendo en peligro su vida diariamente.

En la cotidianidad de las grandes urbes se configuran factores que agravan las condiciones de riesgo de muchas personas, especialmente las más vulnerables, sin redes de apoyo ni servicios, expulsadas por la ciudad hacia zonas de peligro evidente de aluvión, inundación, remoción en masa, incendio urbano o forestal.

De vez en cuando, aparecen en los noticieros desastres que afectan a grandes sectores de vivienda informal ubicadas en laderas, quebradas o incluso en medio del desierto. Son lugares desconocidos para la opinión pública que se dan a conocer de una manera trágica: explotando en nuestra cara y evidenciando las injusticias de nuestro modelo de desarrollo.

Muchas de estas familias siguen siendo potenciales víctimas de futuros desastres que pondrán en riesgo su vida y sus escasos bienes. Los grandes desastres ponen en evidencia el pequeño desastre de todos los días. En ciudades como Antofagasta, Valparaíso, Concepción y también Santiago, habitan grupos de personas que están invisibilizadas, viviendo en lugares que la ciudad esconde; ubicados en los bordes o escondidos en barrios antiguos y deteriorados. Muchas familias ven el desarrollo desde lejos y habitan lugares peligrosos casi como única opción disponible.

Material de trabajo elaborado en el contexto del Diplomado de Geomarketing e Inteligencia Territorial de la FAU, U. de Chile. Los autores son Julio Covarrubia y Víctor Orellana con la colaboración del CIS-TECHO

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) entregó a fines del 2018 las cifras del último Catastro Nacional de Campamentos, el que reflejó un aumento del 25% respecto a la anterior medición realizada en 2011. En Chile existe un total de 822 campamentos, con un total de 46.423 hogares, de los cuales casi la mitad se encuentran ubicados en zonas de riesgo de desastres (9.000 en riesgo de incendio forestal). De esta manera, el último catastro detectó 489 campamentos nuevos, lo que representa un aumento del 25% respecto a los 657 asentamientos habitacionales contabilizados en 2011.

En los últimos años familias inmigrantes de países como Perú, Colombia o Haití se han incorporado a los grupos de familias chilenas que viven en campamentos. Según organismos que trabajan en este tema, como la Fundación TECHO, muchas de estas familias están diariamente siendo expulsadas hacia los bordes de las ciudades producto del aumento abusivo del precio de arriendo de viviendas centralmente ubicadas, pero con extremas condiciones de hacinamiento e inseguridad.

La información actualmente disponible sobre el Censo de Población y Vivienda de 2017 ha permitido poner en evidencia diversos fenómenos que se intuía ocurrían en nuestras ciudades, pero que ahora se muestran como datos reales y comprobables. Uno de los escenarios más dolorosos que es posible evidenciar es el de miles de familias vulnerables, muchas de ellas migrantes, que habitan en campamentos situados en zonas de riesgo de aluvión, derrumbe, inundación o incendio. Son grupos invisibles que no aparecen en los instrumentos de ordenamiento territorial ni en los planes de emergencia y que a la hora de un desastre mayor ni siquiera son contabilizados como afectados o como víctimas.

Las últimas lluvias estivales ocurridas en Arica y que afectaron a toda una zona de campamentos históricamente ubicados en el lecho del río Acha. Foto: Ministerio de Obras Públicas, Región de Arica-Parinacota

En la figura se representa la situación de riesgo de los campamentos ubicados en la ciudad de Antofagasta, a través de la superposición de información de organismos públicos como el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), evidenciando que los asentamientos informales de conformación migrante, están ubicados preferentemente en zonas de peligro aluvional, exponiéndose a una amenaza natural muy ajena a su condición de origen.

A partir del trabajo conjunto de la academia y organizaciones de la sociedad civil, hoy es posible poner en evidencia estos fenómenos a través de, por ejemplo, sistemas de información geográfica que representan la superposición de datos provenientes de distintas fuentes y que, puestos a disposición de la opinión pública, nos enfrentan a escenarios de riesgo que nos interpelan para hacernos parte.

No obstante, los sucesivos programas de gobierno destinados a hacerse cargo de esta situación han mostrado un sistemático fracaso, en la medida que solamente abordan el problema desde el fenómeno de la falta de vivienda o de ordenamiento territorial. Mientras otras aristas de este fenómeno, como la inmigración, se entiendan desde una mirada criminalizadora o los desastres se entiendan desde la acción inevitable de la naturaleza, seguiremos siendo testigos de una situación que para un país como el nuestro es inaceptable: que así como la riqueza, la resiliencia ante los desastres también esta desigualmente distribuida. Hoy habitamos un país que sabe dónde ocurrirán los próximos desastres y, lo cual es más doloroso aún, sabemos exactamente a quienes afectarán.

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Nota sobre el autor

Víctor Orellana Acuña. Arquitecto, MSC en Gestión de Proyectos. Formó parte del equipo coordinador de la Reconstrucción Post Terremoto 2010 del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Entre los años 2014-2018 se desempeñó como Subdirector Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI). Actualmente trabaja como consultor para la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Es vicepresidente de la Fundación Alto Río y director de la Fundación Proyecta Memoria.