Por Albert Corominas |
CRÍTICA URBANA N.28 |
Se suele reivindicar, desde Cataluña, la peculiaridad de su sistema universitario. En este artículo se trata de describirla y analizar sus causas y algunas de sus consecuencias.
En España, en materia de universidades, el Estado establece las normas básicas y las comunidades autónomas son responsables de la financiación pública, la fijación de los precios públicos, dentro del marco estatal, y de dictar leyes y normas en el ámbito de sus competencias.
¿Un sistema singular?
Así, hay diferencias entre los sistemas de las diversas comunidades autónomas, pero el sistema público español es hasta ahora bastante homogéneo, y ofrece garantías de calidad en todos sus componentes.
Mas la singularidad del sistema catalán se ha esgrimido como argumento en el debate sobre la ley de universidades: esta debería permitir que el sistema catalán conservara sus rasgos diferenciales. ¿Los tiene, buenos o malos?
Mapa interactiu de les universitats de Catalunya. Fuente: Generalitat de Catalunya.
Cataluña cuenta con siete universidades públicas, con una buena cobertura territorial, y cinco privadas (tres, confesionales; las otras dos —UOC, universidad a distancia, y UVic-UCC— reciben subvenciones públicas y están gobernadas en última instancia por poderes políticos). Una presencia de universidades privadas solo superada por la Comunidad de Madrid.
Los datos sobre las universidades catalanas pueden consultarse en las Estadísticas del Ministerio de Universidades y en el informe El sistema universitari català: dades i singularitats (junio de 2022), que muestra el fuerte contraste entre, por una parte, el prestigio y los buenos resultados en algunos componentes de la actividad académica y, por otra, las carencias que presenta, que hacen temer por su futuro y que, en muchos aspectos, lo sitúan en las últimas posiciones entre los de las comunidades autónomas.
El sistema catalán, gracias casi exclusivamente a las universidades públicas, destaca muy por encima de los demás por su investigación y también su transferencia. Sus universidades públicas figuran en algunos de los rankings más célebres (tres de ellas, persistentemente, como las primeras entre las españolas).
Pero el nivel de escolarización de la población residente en Cataluña en universidades presenciales sólo supera a los de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y el estudiantado muestra un fuerte sesgo a favor de los sectores con mayor renta y más formación.
La financiación pública del sistema es de las más bajas, muy inferior a la media española. En 2012, los fuertes aumentos de los precios públicos fueron los mayores de España y son aún, después de varias y notables reducciones, de los más caros de Europa.
El número de grados de las universidades presenciales catalanas es muy alto, excesivo, y crece muy rápidamente, a pesar de los bajos niveles de escolarización y de financiación y la escasez de la plantilla de profesorado (la más baja de España en relación con el número de estudiantes), su envejecimiento y sus tasas de temporalidad (la 2ª más alta de España) y de dedicación a tiempo parcial (1ª más alta).
En Cataluña hay una vía laboral, paralela a la funcionarial, para el profesorado. Una parte de las plazas laborales lleva apareada una subvención del govern que, en estos casos, goza de hegemonía para determinar la composición de las comisiones de selección (lo que no es baladí ni se compadece con la autonomía universitaria, pero ¿qué universidad puede resistirse ante la posibilidad de mejorar su parvo presupuesto?).
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Durante la Gran Recesión, los governs de Artur Mas (2010-2016), que desde 2011 coincidieron con los de Rajoy, marcharon, los primeros, por la senda de los recortes en los servicios públicos.
Minimizar el peso del sector público, favorecer al privado, mercantilizar
Reducir subvenciones y aumentar precios de matrícula, sin llegar a compensar los recortes, reduce el peso del sector público, dificulta el acceso a las universidades públicas, mejora la competitividad de las privadas y mercantiliza la formación superior, tanto por las implicaciones del aumento de precios como porque, con presupuestos estrangulados, las universidades públicas son más vulnerables a las presiones de los mercados y a las del govern.
El bajo nivel de escolarización universitaria y su sesgo social derivan de las carencias del sistema educativo, la falta de becas-salario y de servicios, y los elevados precios de matrícula. Subyace a todo ello una sociedad con profundas desigualdades y bolsas de pobreza, como resultado de las políticas aplicadas.
Desregular y que el mercado resuelva
Govern y universidades suelen reclamar mayor autonomía en la programación de estudios oficiales: agilizar trámites y sustituir evaluaciones ex ante por evaluaciones ex post, con una visión de las leyes como corsés que ahogan la creatividad.
En 2008 el gobierno Zapatero liberalizó la oferta de títulos oficiales. Ya decidirá el mercado, ex post, cuáles se mantienen y cuáles desaparecen, con independencia de las consecuencias que ello pueda tener sobre las personas que los cursan o los han cursado. Así, al inaugurar el curso 2013-14, el responsable de universidades del govern se pudo lamentar de que en Cataluña hubiera 460 grados (todos autorizados por el propio govern). Y desde entonces han aumentado más de un 20%.
Proliferación y diversificación de grados, sin impacto sobre la demanda total, son fruto de la competencia entre universidades propiciada por la administración autonómica. Implica más costes y genera grados efímeros o que no dan la formación básica y generalista que deberían dar.
Pero no todo lo explica la neoliberalización
La política universitaria de los governs de hegemonía convergente no solo tiene una raíz neoliberal. Las universidades públicas, con mayoría del profesorado funcionario, siempre han sido vistas por un determinado nacionalismo como enclaves españoles en la sociedad catalana.
Primar la vía laboral, en perjuicio de la estabilidad en el puesto de trabajo y, por tanto, de la libertad de cátedra, no es solo una política neoliberal, sino también una forma de desvincular en lo posible el sistema universitario catalán del resto del sistema universitario español. El objetivo de “velar por la composición de los tribunales de oposición” ya figuraba en un documento estratégico de 1990, de inspiración nacionalista y autoría que nadie asumió, que también abogaba por «promover y facilitar la creación de universidades privadas que nazcan de la sociedad civil catalana». El resultado está a la vista.
¿Y desde ahora…?
Sin la motivación y el voluntarismo de amplios sectores del personal universitario no puede explicarse el contraste entre el prestigio y el nivel de la investigación de las universidades catalanas y la exigüidad de los recursos de que disponen. ¿Cabe esperar que pueda mantenerse el esfuerzo que han venido realizando estos últimos años?
Para asegurar el futuro del sistema la política universitaria debería orientarse al bien común: acceso socialmente equitativo, docencia e investigación de calidad al servicio de la ciudadanía, plantillas bien dotadas y con buenas condiciones de trabajo, medios adecuados y financiación pública suficiente.
Y para que esto sea posible es necesario que la sociedad tome conciencia de la situación y las universidades no se resignen a ella. Pero no hay indicios de que, a corto plazo, nada de esto vaya a ocurrir.
Antes bien, con la nueva ley universitaria española, de talante desregulador, es probable que el sistema catalán intensifique sus peculiaridades. Además, el actual responsable de universidades del govern ya ha manifestado, incluso en presencia del ministro de Universidades del gobierno de España, que no piensa respetar, porque lo considera imposible, el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que la ley impone.
Si tal ejemplo libertario cunde, el sistema se aproximará aún más al summum neoliberal de la desregulación absoluta y la famosa mano invisible podrá actuar a sus anchas.
Nota sobre el autor
Albert Corominas es catedrático emérito de universidad y miembro del Observatorio del Sistema Universitario. Es autor o coautor de numerosas publicaciones sobre política universitaria, en defensa crítica de la universidad pública y contra su mercantilización y, asimismo, contra el menosprecio del conocimiento.
Para citar este artículo:
Albert Corominas. El sistema universitario de Cataluña, entre el neoliberalismo y el control político. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.6 núm. 28 Cataluña: transformaciones y resistencias. A Coruña: Crítica Urbana, junio 2023.
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