Por Emanuela Bove |
CRÍTICA URBANA N.28 |
Vivir en una vivienda digna y adecuada es un derecho humano esencial, inherente e inalienable que proporciona a quien la habita la intimidad necesaria para garantizar su integridad física y mental y su participación en la vida comunitaria. Es un elemento sustancial, además, para asegurar el bienestar colectivo, la diversidad y la cohesión social. Sin embargo, la dificultad de acceder y mantener un hogar constituye una realidad con la que se enfrentan cada vez más personas.
El derecho a la vivienda, aunque reconocido en declaraciones internacionales y marcos legales, queda en gran medida desproveído de disposiciones para hacerlo efectivo, vulnerado en favor de los intereses del mercado con enormes consecuencias sociales. Bajo esta lógica la vivienda se ha desarrollado como una fuente de inversión lucrativa que sustenta los procesos de especulación, gentrificación y turistificación. Una pieza clave del sistema financiero que hace de la actividad inmobiliaria residencial el mayor negocio legal del mundo, como remarcaba, en 2018, Leilani Farha, relatora especial sobre la vivienda adecuada de Naciones Unidas[1].
La vulneración del derecho a la vivienda, y consecuentemente del derecho a la ciudad, conforman entonces una realidad que va creciendo con el aumento de las injusticias y desigualdades espaciales y socioeconómicas tanto del sur como del norte global. Una problemática que relega a una condición de exclusión residencial a franjas sociales cada vez más amplias y, en una mayor medida, a aquellas que por alguna característica son especialmente vulnerables y/o discriminadas.
La discriminación es uno de los obstáculos que, de manera generalizada y persistente, quebranta el derecho a una vivienda digna y adecuada. Una barrera que comprende diversos actores y vulnera múltiples derechos humanos. Atañe al acceso equitativo al parque residencial público y privado, de alquiler o compra, compromete la igualdad en la seguridad de la tenencia, la protección contra los desahucios y el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. Incide, además, en la salud ambiental y la seguridad física de las personas discriminadas, en su acceso a los servicios públicos y en sus oportunidades laborales.
Distinguir, excluir, restringir, preferir y situar en desventaja son las acciones que discriminan y que pueden ser llevadas a cabo, tanto en espacios públicos como privados, por agentes de diferente tipo (administraciones públicas, cuerpos de seguridad, entidades económicas y sociales, etc.). Las razones pueden ser socioeconómicas, raciales, culturales, religiosas, ideológicas, de género, por motivos de edad, salud y discapacidad. Los efectos pueden ser múltiples e interseccionales.
Oficina per la No Discriminació
La discriminació a Barcelona 2018
La discriminación se refiere, por lo tanto, a los tratos desiguales y desfavorables que individuos o grupos reciben en función de sus características personales, que refuerzan y perpetúan sus desventajas en el acceso a recursos y oportunidades. En el caso de las personas migrantes y/o racializadas radica en el racismo y la xenofobia, ya sean física o estructural (abusos, estafas, trato discriminatorio). Motivos que imponen violaciones y abusos de derechos humanos, particularmente graves para las personas irregulares o indocumentadas, incluyendo las solicitantes de asilo rechazado. Situaciones que pueden afectar tanto a las personas racializadas, como las migrantes recién llegadas y las que han nacido y crecido en el país de llegada y, en particular, a aquellas que sufren una condición de inestabilidad jurídica y de precariedad económica y laboral. En sus formas más graves las prácticas racistas y xenófobas pueden llevar a la violencia; además, hay muchos actos racistas que se desconocen porque no salen a la luz ni se denuncian.
La inserción social y espacial de las poblaciones de los diversos países ha sido y es, entonces, desigual y excluyente con segmentos más marginados por su origen, etnia, estatus, creencia, etc. Una diversidad de trato que genera formas de intolerancia y discriminación -institucionales y sociales- como evidencian las acciones racistas y xenófobas, el retroceso en materia de derechos humanos, el endurecimiento de las políticas de expulsión y repatriación. Una exclusión que se repercute en todos los ámbitos de la vida: social, legal, laboral, residencial, sanitario, político y cultural, y afecta en especial medida a las personas procedentes del Sur global. Y se vincula, además, con la etapa migratoria (llegada, transición o arraigo) que incide en el proceso de inserción de las personas y/o grupo, aunque encontrarse en una fase de arraigo no implica tener una condición residencial satisfactoria ni definitiva.
Las personas procedentes de países de menor renta económica han encontrado espacio sobre todo de manera intersticial y marginal, utilizando aquello que quedaba vacío y/o infrautilizado o se han visto forzadas a aceptar lugares que incumplen -en parte o totalmente- los requisitos de habitabilidad. Consecuentemente, la infravivienda, el subarriendo y el hacinamiento devienen los aspectos que, con frecuencia, conforman la cuestión residencial de buena parte de la población procedente de estos países. Y en algunos casos la ocupación ha sido la única alternativa al sinhogarismo.
Las prácticas discriminatorias y abusivas conforman una realidad que desde décadas se va agudizando en muchas ciudades europeas como revelaba, ya en 2006, el tercer Informe de Cáritas Europa denunciando el aumento de la extorsión, las condiciones de vida infrahumanas que generan nuevas formas de sufrimiento y pérdida de salud. Y que, en España, según el Informe sobre discriminación en la vivienda hacia personas inmigrantes (Provivienda 2013) hacen de la discriminación por origen un factor relevante en la vulneración del derecho a la vivienda que afecta sobre todo la población migrante extracomunitaria.
La discriminación residencial en Barcelona
En Catalunya, la discriminación residencial, sobre todo por motivos racistas y xenófobos, constituye una problemática particularmente grave en algunos enclaves territoriales. Una realidad que exacerba la distancia con cuanto establece la Llei 18/2007 del Dret a l’habitatge[2] según la cual todas las personas han de poder acceder y disfrutar de una vivienda ”sense patir discriminacions, directes o indirectes, ni assetjament”. Y las administraciones tienen que “promoure l’erradicació de qualsevol discriminació en l’exercici del dret a l’habitatge, per mitjà de l’establiment de mesures d’acció positiva en favor de col·lectius vulnerables i de la penalització de conductes discriminatòries en l’accés a l’habitatge”.
En 2019, SOS Racisme evidenciaba en el informe Invisibles. El estado del racismo en Cataluña cómo un 21% de los casos de discriminación en los derechos sociales recogidos por el Servicio de Atención y Denuncia (SAID) respondían a la vulneración del acceso a la vivienda. Un año más tarde, además, denunciaba la carencia de procedimientos administrativos que reconozcan y sancionen la discriminación residencial como vulneraciones de derechos y no como tema de gestión de la vivienda en manos del sector privado o, en lo mejor de los casos, de servicios municipales que no incorporan esta vulneración ni la dimensión del racismo[3].
En Barcelona, la vivienda constituye uno de los principales factores de exclusión social y discriminación residencial. Diversas razones concurren a este proceso y hacen de la emergencia habitacional una problemática grave, difícil de revertir y prevenir. Al exiguo parque público de vivienda se suma la falta de políticas multiniveles que contrasten con contundencia la especulación y la violencia inmobiliaria, la gentrificación y turistificación[4] y limiten el incesante incremento del coste del alquiler debido a estos procesos. En una ciudad reconocida como área tensionada, es decir donde el precio del alquiler medio ha sobrepasado lo que se considera razonable, la expulsión vecinal de la población más vulnerable se ha convertido en una realidad amplia que quebranta el bienestar de las personas afectadas y la vida comunitaria.
En un contexto donde el mercado impone las reglas del juego, al margen de cualquier principio normativo y ético, inmobiliarias y propietarios/as pueden tanto fijar los precios como elegir a quien alquilar sin ningún tipo de negociación, exigiendo requisitos que muchas personas no pueden cumplir y a menudo abusivos. Arrendar una casa para algunos colectivos deviene así un submercado aislado y estancado que prejuzga en especial medida la población migrada no comunitaria para la cual el alquiler constituye la mayor o única vía de acceso a una vivienda. Una situación que condiciona integralmente su vida, afectando la posibilidad de llevar a cabo la regularización de menores o la reagrupación familiar y se agrava, ulteriormente, para las familias con personas en situación de dependencia y/o menores a cargo, así como para algunos colectivos específicos (como la gente mayor, las personas con necesidades especiales o los menores no acompañados).
Disponer de una vivienda digna y adecuada deviene, entonces, para muchas personas migradas no comunitarias y/o racializadas, un camino difícil hasta lo imposible, en el cual la discriminación puede darse a través de múltiples barreras. Impedimentos que actúan a menudo de manera interseccional tanto en la fase de acceso como en el uso y disfrute de la vivienda. Entre ellos destacan, por un lado, situaciones de discriminación, directa o indirecta, llevadas a cabo por propietarios particulares, agencias inmobiliarias o instituciones financieras que se manifiestan con el rechazo a alquilar una vivienda en función de la nacionalidad o el origen étnico de las personas solicitantes. Expresadas a través de anuncios o afirmaciones como “No a personas extranjeras”, aduciendo que el inmueble ya está alquilado, poniendo excusas para concertar una visita o directamente negando la posibilidad de hacerlo. Las personas de origen magrebí, subsaharianas, romaníes y gitanas son las que más padecen estas discriminaciones. Por el otro, son habituales situaciones de abusos por la ausencia o violación de regulación contractual, o imposición de mayores garantías para formalizar un contrato de arrendamiento (incremento del precio de la renta, fraccionar el tiempo de cobro de forma inusual, pedir más meses de fianza, etc.). Así como se da con frecuencia una oferta de inmuebles que incumplen los requisitos de habitabilidad y salubridad y normalizan la infravivienda y el hacinamiento en pisos y habitaciones, imponiendo formas de convivencia, ilegales e indignas, que generan conflictos dentro y fuera del hogar. Un abanico de situaciones de discriminación y abuso que aprovechan la mayor labilidad de las personas afectadas (su desconocimiento sobre derechos y/o posibles recursos, su barrera idiomática) y pueden darse, también, entre personas de la misma nacionalidad.
En el uso de la vivienda la discriminación y el abuso se vinculan a la ausencia o el incumplimiento de acuerdos legales sobre todo en los casos de subarriendo y de alquiler de habitaciones, que determinan una coerción a la hora de cobrar el alquiler o contratos con una duración inferior a la que marca la ley, así como los llamados desahucios invisibles por la subida abusiva del alquiler o la no renovación de contrato. Además, pueden darse en formas de acoso inmobiliario por parte de la propiedad a través de un abanico de prácticas diferentes a veces simultáneas (negativa a reparar deterioros importantes de la vivienda, molestias debidas al estado de abandono de las zonas comunes, amenazas, presiones psicológicas, etc.). La dificultad de permanecer en la vivienda puede verse agravada, también, por otros factores como una precarización de las condiciones laborales que incrementa su dificultad para hacer frente al pago del alquiler y/o de gastos, el desconocimiento o la falta de requisitos para acceder a programas de ayudas económicas, o la imposibilidad de redefinir, siquiera temporalmente, un precio de alquiler ajustado a las posibilidades económicas del momento. Las quejas y malas relaciones con inquilinos/as, comunidad o vecindario por actitudes racistas y xenófobas, prejuicios, así como por falta de información, desconocimientos del idioma y/o diferencia de hábitos culturales, pueden ser otros motivos que debilitan el uso de la vivienda.
Estudios y acciones recientes
Frente a una discriminación tan estructural y normalizada, en años más recientes, se han ido articulando a Barcelona iniciativas institucionales y sociales de diferente calado con el objetivo de avanzar en la investigación y coordinar, entre los diversos actores implicados, los esfuerzos en la lucha para prevenir y tutelar el ejercicio de los derechos humanos.
En 2018, nace el Observatori de les discriminacions a Barcelona como dispositivo de investigación y acción que amplía y refuerza el papel de la Oficina per la No Discriminació (OND) creada por el Ayuntamiento en 1998 como mecanismo de garantía ciudadana de estos derechos. El Observatori coordina el trabajo de la OND, del Centro de Recursos en Derechos Humanos del Ayuntamiento y de la Mesa de Entidades con Servicio de Atención a las Víctimas de Discriminación, constituida por diferentes organizaciones sociales de la ciudad (Mesa SAVD)[5]. Su objetivo es medir la magnitud, tipología y gravedad de esta problemática, así como estructurar las acciones para hacerle frente. El Informe anual del Observatorio de las Discriminaciones es el resultado de esta labor conjunta.
En el mismo año, se realiza la Trobada BCN Ciutat Diversa del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (2018 CMIB) en la que se enmarcan dos documentos: El Manifiesto: Por el derecho a una vivienda digna y sin discriminaciones. En Barcelona, cabemos todas, y el informe Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge a Barcelona. Propostes del Consell Municipal d’Immigració. Ambos remarcan la emergencia y discriminación residencial que afecta a la ciudad y reclaman, a las instituciones públicas, un esfuerzo coherente para garantir a todas las personas el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna y adecuada.
En 2020, La Clau pot ser un nom, Detecció d’evidències de discriminació en l’accés al mercat de lloguer d’habitatge a Barcelona es un trabajo de campo focalizado en el mercado de alquiler de vivienda y en las características relacionadas con el origen étnico y la orientación sexual de las personas solicitantes. La investigación visibiliza cómo las personas con un nombre de origen árabe tienen un 18,8% menos de probabilidades de recibir una respuesta y cómo el trato discriminatorio es más frecuente en las solicitudes a pisos con alquileres de menor precio. Y, en 2021, Discriminació a la carta Exclusió per motius ètnics del mercat de lloguer d’habitatge de Barcelona es una labor que, a través de testing inmobiliario, refleja cómo más del 60% de las agencias inmobiliarias aceptan la discriminación racial en el alquiler de viviendas.
A estas iniciativas se añade la Nueva guía contra discriminaciones racistas realizada por SOS Racisme y el Sindicat de Llogateres como herramienta para identificar las discriminaciones racistas y denunciarlas. Así como la enorme labor de detección, denuncia y acompañamiento a las personas afectadas que, en Barcelona, movimientos sociales y vecinales, asambleas y colectivos por el derecho a la vivienda hacen con su militancia y acción.
Un conjunto de prácticas que remarcan la necesidad de abordar la discriminación residencial de manera integral a través de acciones coordinadas que engloben sus múltiples caras y garanticen los derechos de todos los grupos afectados. Análisis y propuestas en buena medida recopiladas en el informe Discriminación en la vivienda y segregación espacial a nivel local (Relator Especial de la ONU sobre la vivienda 2021)[6].
Investigar, ofrecer asesoramiento, monitorear y sancionar las infracciones incluyendo mecanismos multiniveles, judiciales o no, son los pasos para aplicar la normativa existente cuando la discriminación constituye un delito y/o una infracción administrativa. Es necesario fomentar una mayor conciencia colectiva sobre esta problemática, tanto recogiendo y visibilizando datos y recursos, como generando material divulgativo y campañas de sensibilización. Hace falta una visión pedagógica que, por un lado, contemple la formación continua de los diferentes actores implicados (mediadores, cuerpos policiales, agentes inmobiliarios, personal judicial, funcionarios, etc.). Por el otro, que aplique la justicia restaurativa para el reconocimiento del daño en un proceso que involucre a quien lo hace y a quien lo sufre a través de un acompañamiento psicológico integral. Al mismo tiempo, sirven propuestas para enfrentar la discriminación residencial elaboradas desde una participación activa de las personas afectadas. Finalmente, es urgente poner en marcha medidas concretas para ampliar el parque residencial público, redefiniendo los requisitos de acceso y destinando una parte de vivienda social a las personas discriminadas, y para acabar con cualquier forma de discriminación institucional.
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Notas
[1] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/AdequateHousing.aspx
[2] https://www.parlament.cat/document/nom/TL70.pdf
[3] SOS Racisme Catalunya: Presentación de las conclusiones del informe anual «(IN)VISIBLES. EL ESTADO DEL RACISMO EN CATALUNYA. INFORME 2020» – SOS RACISMO y https://sosracisme.org/ladministracio-esta-obligada-a-protegir-el-dret-a-lhabitatge-i-reconeixer-el-racisme-tant-en-lacces-com-en-el-gaudi
[4] Las viviendas de uso turístico en Barcelona pasan desde las 81 en 2005 a 9.957 en 2017, cuando el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT Ajuntament de BCN) pone un límite a este aumento desmesurado fomentado por las plataformas de alquiler vacacionales (Airbnb, Booking, etc) y la Llei Ominibus (Generalitat 2011).
[5] Actualmente hay 26 entidades que conforman las Mesa SAVD de la OND.
[6] El informe del 2021 surge de la Consulta sobre la discriminación en la vivienda y la segregación espacial celebrada con el Relator Especial de la ONU sobre la vivienda. El documento completa el anterior Informe sobre los derechos humanos de los migrantes elaborado, en 2010, con aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, de gobiernos estatales, regionales y locales (incluida Barcelona).
Nota sobre la autora
Emanuela Bove es arquitecta, investigadora independiente y docente. Su trabajo se centra en la cooperación, el urbanismo participativo, la participación ciudadana y acción comunitaria, el derecho a la vivienda y a la ciudad. Es miembro de la Taula Veïnal d’urbanisme de Barcelona, de la red SET (ciudades del Sur Europa frente a la turistificación) y del consejo redacción de Crítica Urbana.
Para citar este artículo:
Emanuela Bove. Discriminación residencial y racismo. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.6 núm. 28 Cataluña: transformaciones y resistencias. A Coruña: Crítica Urbana, junio 2023.