Entre el terrorismo burocrático de la dictadura y el lugar de los archivos

Por José Fernández Pérez |
CRÍTICA URBANA N. 33 |

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, desde múltiples aristas, significó un hito, promovido por distintos actores, desde las mismas organizaciones de derechos humanos, hasta el Estado chileno, que involucró también a los archivos.

En ese marco se inicia esta reflexión, desde el ámbito de los archivos y el rol jugado por estos como engranaje de la burocracia represiva, su impacto en la reconfiguración del territorio por medio de las apropiaciones de bienes, y sus potenciales usos en el presente y futuro para alcanzar verdad, justicia y reparación. Asimismo, esta reflexión parte desde los conocimientos y experiencias desarrolladas desde mi trabajo como funcionario del Archivo Nacional de Chile, en particular las experiencias desarrolladas en la última década, destacando hitos como la conformaciónde una Mesa de Derechos Humanos, el proyecto “Descripción de Fondos Ministeriales con perspectiva de derechos humanos”, la publicación Derecho a la Memoria, el proyecto “1973: memorias y documentos de un país fracturado” y las investigaciones desarrolladas por Jorge Olguín y José Santos para los proyectos “Bajo La Lupa” 2023 de la Subdirección de Investigación del SERPAT.

Para ello entenderemos a los archivos desde el concepto de archivos de la represión:

“en cuanto a los registros producidos por el Estado, nos referimos no solo a los documentos producidos por Fuerzas Armadas, cuerpos represivos o de Orden y Seguridad, sino también a documentos de ministerios, servicios públicos, intendencias, gobernaciones, municipios, y archivos carcelarios, que aún podrían estar en custodia de instituciones públicas. Estos registros también permitirían –en el entrelíneas y en la triangulación de información– seguir las huellas y rastros del ejercicio del poder dictatorial, y aquellas acciones del horror que se cuelan en el ejercicio de la burocracia represiva y que se fueron articulando a través de los archivos” (Archivo Nacional, 2023).

Si bien es cierto que es aún motivo de debate, dentro de la comunidad archivística, el alcance del concepto, sí hay un consenso en que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura civil militar chilena concertaron el accionar de todo el aparato del Estado, a través de todo el engranaje burocrático de ministerios y servicios públicos. Aunque el proceso de posdictadura puede catalogarse como una transición sin archivos (Ogass, 2022), en gran parte gracias a la frágil institucionalidad archivística chilena, y los dispositivos legales que fue articulando la dictadura para impedir a posteriori el acceso a los archivos del periodo (Decreto Supremo N° 291 de 1974 y Ley 18.771 de 1989). A pesar de ello, es posible encontrar huellas documentales del terrorismo de Estado, en instituciones como el Archivo Nacional.

Solicitud del Director de la DINA al Ministro de Tierras y Colonización para el traspaso de fincas incautadas. Fuente: Archivo Nacional de Chile.

Es aún motivo de debate el alcance del concepto de archivos vinculados a las violaciones de los derechos humanos por la dictadura civil militar. Dos enfoques que enriquecen la mirada son, por una parte, lo planteado en el “Informe Final Proyecto Descripción de Fondos Ministeriales desde una perspectiva de Derechos Humanos” que aporta una distinción presente en la bibliografía pertinente, y que estableció 2 criterios a la hora de investigar archivos de la represión: uno amplio que consideró aquellos documentos que reflejaran tanto acciones represivas directas como aquellas indirectas; y otro más acotado mediante el cual sólo se seleccionaron aquellos documentos que reflejaran acciones represivas directas. (Rojas et al., 2017).

Una segunda lectura, desde una reflexión del Colectivo Luisas frente al anuncio presidencial de la creación de un Archivo Nacional de la Memoria, aborda las complejidades e incluso la imposibilidad de responder a la pregunta sobre cuáles son los documentos relacionados con violaciones a los derechos humanos.[…]Pero una investigación podría permitir, a partir del análisis de la relación de diversos documentos que forman parte de un mismo conjunto, probar, por ejemplo, el funcionamiento de un centro clandestino de detención, cuya existencia era conocida por las autoridades. (Bravo et al., 2023).

Esta segunda definición amplía quizás los alcances de la primera, desarrollada en el marco de un proyecto acotado, pero contribuye a mirar el accionar represivo como una cadena de acciones coordinadas por un Estado que se configura para ejercer la coacción en todos los espacios y ámbitos donde tiene control.

Proscripción, despojo de bienes y terrorismo de Estado

Si fijamos la mirada en las acciones de represión directa, hay un tipo de hecho represivo que tiene un impacto específico en los territorios, en el carácter que empieza a tomar la ciudad dictatorial: la confiscación de bienes y recursos a organizaciones, entidades y militantes vinculados a partidos políticos proscritos por Decreto Nº 77 del 13 de octubre de 1973. Este despojo se tradujo en la usurpación sistemática de bienes a sus opositores políticos, entre los inmuebles, empresas o vehículos, los cuales pasaban a formar parte del patrimonio estatal gestionado por la Junta para los fines que estimara conveniente (Olguín Olate, 2023).

Es así como múltiples bienes inmuebles despojados, fueron declarados en un primer momento en estudio de situación patrimonial, mediante decreto del Ministerio del Interior, para posteriormente ser apropiados por el Estado mediante un decreto supremo. Posteriormente, estos bienes eran asignados a órganos represivos, a ramas de las fuerzas armadas, incluso a organismos como CEMA Chile.

Un caso paradigmático es lo acontecido con las propiedades de Santa Lucía núm. 162 y José Domingo Cañas núm. 1367, incautadas al MAPU y a Theotonio Dos Santos, respectivamente. Ambos bienes terminaron siendo usados por la DINA. El procedimiento administrativo para apropiarse del bien consistía en un decreto del Ministerio del Interior, que declaraba en estudio de situación patrimonial el bien, para posteriormente zanjar la situación por medio de un segundo decreto del Ministerio. Al pasar a dominio del Estado, era el Ministerio de Bienes Nacionales el encargado de administrar los bienes y entregarlos a un tercero, que muchos casos terminaron siendo para uso de los organismos represivos, o a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad.

Ex Centro de Detención Clínica Santa Lucía, hoy Monumento Nacional. Foto: Monumentos Nacionales

Plano de la finca de la calle Santa Lucía 162 de Santiago, cedida a la DINA por la Junta Militar. Fuente: Archivo Nacional de Chile.

Como ocurrió en múltiples delitos de lesa humanidad, gran parte de la burocracia represiva fue la política de la dictadura chilena para cubrir con un manto de semilegalidad (Groppo, 2016) los crímenes de Estado. En el caso de las dos propiedades mencionadas, fue recién en 1977, mediante el Decreto núm. 101 del 10 de marzo, que destina inmuebles a la DINA, donde se reconoce oficialmente que estos lugares estaban siendo utilizados por el organismo. Ello cuando, durante años estos habían sido utilizados como centros clandestinos de tortura, desaparición y exterminio.

Recuperar archivos, hacer visibles los engranajes del terror

La existencia de más de 1.168 centros detención oficialmente reconocidos fue parte del engranaje de la política represiva, junto a otras acciones sobre el territorio, como los recintos de detención masivos -estadios o canchas de futbol- los allanamientos masivos en poblaciones, el arrojar cadáveres en la vía pública, ocupar incluso rotondas como Departamental y Grecia como centros de detención, todos hechos que tuvieron su correlato en los archivos. Estos son testimonio y huella documental del impacto en los territorios, y la necesidad de recuperar todos los archivos que sea posible a pesar de las décadas transcurridas; hacerlos accesibles y visibles a través de instrumentos archivísticos con perspectiva de derechos humanos es una tarea urgente y de cara al futuro. Vivimos en sociedades de olvido y caminamos por calles y barrios donde se convivió con el terror y el dolor. Para desenterrar las capas de olvido impuestas, los archivos cumplen un rol insustituible.

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Referencias

^{Archivo Nacional de Chile (Ed.). (2023). “Derecho a la memoria. Reflexiones sobre archivos, represión y resistencias”.}

^{Bravo, P., Cea, K., Manzi, J., & Rojas, V. (2023, agosto). Todos los archivos son archivos de derechos humanos. “Le Monde Diplomatique”, agosto, 2023}

^{Groppo, Bruno. 2016. Dictaduras militares, archivos de movimientos políticos y sociales y archivos de la represión en América Latina. En “Archivos y memoria de la represión en América Latina” (1973-1990), editado por María Graciela Acuña, Patricia Flier, Myrian González, Bruno Groppo, Evelyn Hevia, Loreto López y Enzo Traverso, 31-53. Santiago: LOM Ediciones.}

^{Ogass Bilbao, C. (2022). Los Archivos de la represión en Chile: ausencias, hallazgos y paraderos posibles. “Hilos Documentales”, 3(6), e–043.} 

^{Olguín Olate, J. (2023). “Archivos desclasificados de la dictadura civil-militar chilena. Los casos de usurpación de bienes e inmuebles bajo el Decreto Ley N.° 77 de 1973”. Subdirección de Investigación Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.}

^{Rojas, V., Cea, K., Orellana, M., & Seguel, F. (2017). Informe Final Proyecto Descripción de Fondos Ministeriales desde una perspectiva de Derechos Humanos.}