La pandemia de la COVID-19, el estado nación y las desigualdades socio-territoriales en Argentina

Por Perla Zusman |
CRÍTICA URBANA N.15

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La expansión espacial del Coronavirus reflejó las dificultades que encontraron los organismos internacionales para ofrecer una respuesta global ante una emergencia sanitaria que se extendió por casi todo el planeta. A través de su trayectoria, gran parte de estas instituciones desarrollaron estrategias para garantizar la fluidez financiera en detrimento del cuidado de la población mundial.

Las acciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se orientaron a ofrecer directrices en torno a identificación de síntomas, tratamiento y prevención de la enfermedad. En ningún momento la OMS o cualquier otra institución global ideó estrategias colaborativas en términos de seguridad sanitaria, de desarrollo científico tecnológico o de otra índole que facilitaran a los países más vulnerables el acceso a equipamientos, insumos, o la vacuna en el futuro. Estas atribuciones quedaron en manos de los Estados Nacionales.

En América Latina algunos Estados como el argentino mostraron la voluntad para gestionar el cuidado de la población. En este texto identificamos las acciones emprendidas por dicho Estado para hacer frente a la pandemia. Asimismo damos cuenta de las dificultades que algunas instancias de este presentaron para hacer frente a cuestiones derivadas de las desigualdades socio-territoriales como los problemas habitacionales que afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Imagen de la Toma de Tierras en el Municipio de Guernica. Partido de Perón, Provincia de Buenos Aires, agosto 2020. Fotografía Juan Pablo Venturini.

El decreto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)

El día 20 de marzo de 2020 el presidente argentino Alberto Fernández dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia¹ por el cual declaró el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo el país (ASPO).El decreto promovió el cierre de las fronteras internacionales, la limitación de la circulación de personas en todo el país (con excepción de aquellas comprometidas con actividades consideradas esenciales como la salud, la alimentación, lacomunicación, la producción agropecuaria, y la seguridad, entre otros) y la permanencia de los y las habitantes en sus residencias habituales.

Por 46 días, el decreto del ASPO se aplicó a todo el país. Sin embargo, para mediados de mayo se sustituyeron las medidas de confinamiento por aquellas llamadas de distanciamiento social (se permitía el desplazamiento con cuidados, especialmente se impedían reuniones en lugares cerrados) en gran parte del territorio. A su vez, se flexibilizaron las limitaciones a la movilidad interprovincial.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantuvo y aún mantiene, restricciones para el desplazamiento y para el desarrollo de actividades económicas. En los meses de junio y julio, el 95 % de los contagios del país de registraban en el AMBA (en estos meses el total de casos diarios aumentó de 2000 a 6000).

El AMBA es un conglomerado urbano constituido por la Ciudad de Buenos Aires y por los 40 municipios dela provincia de Buenos Aires que la rodean. Concentra el 37% de la población del país (14.800.000 habitantes según el último censo de población del 2010) y el 40% de las actividades económicas. Antes de la pandemia ingresaban diariamente 3.500.000 personas desde la provincia de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de la pandemia, los acuerdos entre las autoridades de estas dos jurisdicciones llevaron a considerar el AMBA como una única unidad sanitaria y a restringir el uso del sistema de transporte público de pasajeros (solo los trabajadores considerados esenciales podían utilizarlo).

Imagen de escaparate de la Avenida Corrientes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio 2020. Foto: Perla Zusman.

El Estado frente a las desigualdades socio-territoriales

La instauración de políticas neoliberales en Argentina en la década de 1990 disminuyó la inversión en sanidad, ciencia y tecnología. Si bien en el período de los gobiernos neodesarrollistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015)incrementaron las inversiones en ambos sectores, los acuerdos realizados con el Fondo Monetario Internacional durante la presidencia neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019) requirieron ajustes en el gasto público.

Esta situación llevó a que el período del ASPO fuese utilizado para organizar hospitales móviles, refuncionalizar espacios con fines de aislamiento, incrementar el número de camas de terapia intensiva y comprar respiradores o instrumentos de testeo. En el campo de la ciencia y tecnología se multiplicaron los laboratorios donde podría hacerse el diagnóstico de la enfermedad. Al mismo tiempo, se comenzaron a producir pruebas nacionales de detección de anticuerpos y a ensayar distintos tipos de tratamiento de la enfermedad. Además, en el mes de agosto se realizaron acuerdos con los laboratorios Astrazeneca y Pfizer para garantizar el acceso a la vacuna contra el COVID.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hacia el segundo semestre del 2019, la pobreza en los conglomerados urbanos había alcanzado a un 35,5% de las personas. En este contexto, en el AMBA se incrementaron las desigualdades socio-territoriales. Se preveía que el ASPO afectaría aún más las condiciones económicas de la población, especialmente a aquellos con empleos precarios o que desarrollaban actividades en el sector informal pues no podían trabajar.

A los fines de paliar los efectos de la crisis económica, el Estado estableció una serie de ayudas. En primer lugar, instauró una especie de salario universaldenominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) (equivalente aproximadamente a 159 U$S en el momento en que se decide ponerlo en práctica). En segundo lugar, asumió el pago de la mitad de los sueldos de más dos millones de empleados en relación de dependencia. En tercer lugar, postergó el vencimiento de los impuestos, reforzó los montos de las jubilaciones, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Por último, incrementó el reparto de alimentos entre poblaciones vulnerables².

Estas medidas no fueron suficientes para afrontar los problemas que afectaban a las personas que vivían y viven en situaciones de precariedad habitacional. De hecho, en el AMBA se localizan aproximadamente 1000 barrios populares. Sus habitantes no solo carecen de título de propiedad del suelo sino también de acceso regular a servicios como agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.

Hacia mediados de mayo, cuando incrementaron los casos de COVID-19 en el AMBA por circulación comunitaria, la Garganta Poderosa, un medio de comunicación organizado e impulsado desde los barrios populares, visibilizó la situación de la llamada Villa 31, situada en la Ciudad de Buenos Aires. En el contexto en que el Estado aconsejaba lavarse asiduamente las manos, la Villa 31 se quedó sin suministro de agua. Frente a ello, dentro del barrio secreó un Comité de Crisis conformado por distintas organizaciones sociales y políticas para elevar sus demandas al Gobierno de la Ciudad.

Las necesidades del barrio fuero desoídas hasta la muerte por COVID-19 de una de las dirigentes sociales, Ramona Medina, cuyo fallecimiento tuvo un alto impacto social. A partir de ese momento, el Comité de Crisis, el Gobierno de la ciudad y el Estado Nacional definieron una estrategia conjunta para enfrentar la pandemia en el barrio. Ella contemplaba la búsqueda activa de personas con síntomas de coronavirus, la difusión de información clara y confiable sobre los cuidados a través de los canales de comunicación del barrio y la instrumentación de acciones a largo plazo para enfrentar las carencias sanitarias de la villa.

La precariedad habitacional también incrementó los procesos de toma de tierras no ocupadas o incorporadas a la producción. La carencia de trabajo, las dificultades para el pago de alquileres y la necesidad de vivir en ambientes menos hacinados frente a la pandemia, habría desembocado en esta oleada de tomas. La ocupación en el municipio de Guernica (Partido de Perón, provincia de Buenos Aires) fue la que tuvo mayor visibilidad mediática. Enel mes de julio 2500 familias (entre las cuales se encuentran 3000 niños y niñas) tomaron 100 hectáreas. Los habitantes lotearon los terrenos de forma equitativa y se dieron una forma de organización asamblearia. En la actualidad se están llevando adelante negociaciones para evitar el desalojo.

En conclusión, si bien se ha observado en el Estado cierta demora para asumir los problemas derivados de las desigualdades socio-territoriales, sería conveniente que las políticas y prácticas destinadas a construir una sociedad más justa siguieran presentes en la agenda política y económica de los próximos años (que la vida postpandemia no las silencie). A la vez, convendría incorporar estas preocupaciones en las agendas de los organismos globales. Esto implicaría un cambio en las prioridades de los actores hegemónicos del planeta: el pasaje a un mundo menos interesado en el enriquecimiento y más preocupado por el cuidado de la vida humana. La experiencia de un año de vida en vilo no parecería ofrecer indicios para conducirnos por este camino.

Buenos Aires, agosto 2020

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^{1. El Decreto de Necesidad y Urgencia en Argentina es una normativa dictada por el presidente, tiene validez de ley. Luego de su sanción el Congreso puede revisarlo y determinar la continuidad de su vigencia.}

^{2 .Información obtenida del texto escrito por Bercovich . Alejandro “Ya colaboré. Poniendo estaban los ricos”. Colectivo Editorial Crisis. La vida en suspenso. Siglo XIX, Buenos Aires, 2020, pp. 23-34.}

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Nota sobre la autora

Perla Zusman. Doctora en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como Profesora Titular Regular en la Carrera de Geografía en la Universidad de Buenos Aires y como Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina).