La paradoja del viento en Galicia

Por Uxía López Mejuto, María Andrade Suárez, Manuel García Docampo, José Antonio Cortés Vázquez |
CRÍTICA URBANA N. 40 |

En la Costa da Morte gallega (región costera y ventosa situada en el noroeste de España y formada por 17 municipios), los parques eólicos generan electricidad limpia pero también resistencias sociales. El estudio que hemos realizado revela que detrás del rechazo local hay una demanda de democracia, justicia y respeto al territorio.

En ese estudio -ver referencia al final del texto- analizamos la percepción poblacional de esta región en lo tocante a la expansión de la industria eólica, los problemas identificados por la comunidad local y por personas vinculadas a movimientos sociales, así como la lectura que de esta problemática hacen propietarios, promotores y trabajadores del sector público. La metodología se basa en una encuesta a población residente en los mencionados municipios (en su mayoría rurales y con pirámides de población prácticamente invertidas), entrevistas semiestructuras a los actores mencionados y análisis documental de las alegaciones presentadas en Galicia durante las fases de exposición pública de los proyectos.

La paradoja del viento gallego

Galicia es tierra de viento. Lo ha sido siempre. Pero hoy ese viento mueve algo más que las hojas de los bosques o las velas de los barcos: mueve la llamada “transición energética”. En la Costa da Morte, una de las zonas con mayor densidad de aerogeneradores de Europa, se libra una batalla silenciosa pero intensa que no se limita solo a este territorio; comunidades como Castilla y León o Aragón mantienen un crecimiento sostenido en su producción eléctrica a partir de la energía eólica. Mientras el discurso oficial celebra los megavatios “verdes”, muchas comunidades sienten que el progreso les pasa por encima. ¿Qué ocurre cuando lo que debería unirnos —la lucha contra el cambio climático— termina dividiéndonos?

Galicia, y en concreto la Costa da Morte, se ha convertido en un laboratorio de esta paradoja. Mientras las encuestas muestran un apoyo mayoritario a las energías renovables la implantación de parques eólicos genera un rechazo local profundo y organizado; esta idea puede condensarse en el lema “Eólica sí, pero non así”. Hay que decir que este apoyo a lo renovable y a la autonomía energética se inserta también en un contexto internacional permeado por la inestabilidad que rodea a las energías no renovables, motivado por la creciente expansión imperialista que pretende imponer bajo el criterio de la fuerza bruta los intereses de unos pocos. ¿Pero es esta aparente contradicción hipocresía? Nada más lejos. Este conflicto desnuda las limitaciones de un modelo que, bajo una etiqueta “verde”, reproduce viejas lógicas extractivas: externalizar costes a las comunidades locales y centralizar los beneficios. Por ello esta cuestión, como decíamos, avanza paralela a una movilización social creciente y organizada en distintos grupos de presión civil, que, desde distintos ámbitos, ha creado asociaciones y plataformas que han generado un espacio crítico que da voz a las reivindicaciones de la ciudadanía. Tal y como puede verse en la imagen, las manifestaciones multitudinarias llenaron las calles en numerosas ocasiones, poniendo el acento en la resistencia social ante este modelo expansivo.

Y no solo en lo que tiene que ver con la industria eólica, sino también en lo tocante a otras propuestas como, por ejemplo, la planta de ALTRI; proyecto temporalmente suspendido por la falta de la conexión eléctrica necesaria, efecto de la presión ejercida por las movilizaciones multitudinarias que gritaban “A terra é nosa, non da celulosa. ALTRI non”.

Manifestación en Santiago de Compostela contra la instalación de parques eólicos. Fuente: Plataforma Eólica Así Non Alto Miño.

Las cuatro heridas del territorio: paisaje, dinero, poder e identidad

Durante años -especialmente desde la academia, pero también desde los movimientos sociales— se ha intentado explicar la oposición a los parques eólicos con una palabra: NIMBY (“Not In My Backyard” – “No en mi patio trasero”). Un término que ha sido ampliamente cuestionado, precisamente, porque suele emplearse para deslegitimar a las comunidades que se oponen a un proyecto, reduciendo su protesta a un mero reflejo egoísta, sin detenerse a analizar las razones de fondo que la motivan. Sin embargo, lo que muestra nuestro estudio, es una realidad más incómoda y también más interesante: las comunidades no están contra la energía limpia. Lo que rechazan es el modelo: cómo llega, quién lo impone, a qué precio. Detrás de esta protesta identificamos cuatro heridas que no actúan por separado, sino que se entrecruzan y alimentan entre sí.

La herida paisajística. “Polo menos temos algo [de valor] que veñen visitar”. Esta es la más esquiva de las cuatro. En las encuestas aparece como un daño ampliamente reconocido, pero en las entrevistas en profundidad los vecinos la mencionan menos que los especialistas o los activistas ecologistas. No es que no importe el paisaje: es que la herida paisajística se expresa a menudo de forma indirecta, o se da por descontada. Aun así, conviene poner el acento en los daños medioambientales, la degradación del medio natural y la pérdida de biodiversidad. A eso se suman los efectos sobre la salud humana en entornos habitados. En cuanto al ruido, las opiniones vecinales divergen: unos lo minimizan (“más ruido facía o tren en Suiza” —destino migratorio por antonomasia en este territorio—), otros reconocen que “pouco a pouco un se vai acostumando”. Y luego está la contaminación asociada a los movimientos de tierra y al tráfico pesado, que paradójicamente abren accesos a nuevos espacios que algunos vecinos acaban usando para pasear o “hacer la ruta del colesterol”. A todo ello se añaden los daños patrimoniales, los efectos sobre elementos culturales y arqueológicos, y esa pérdida de patrimonio inmaterial que supone un cambio tan sustancial del paisaje.

La herida económica. “Indemnización xusta e digna para as comunidades e residentes”. Los grandes beneficios financieros de los parques viajan a sedes corporativas fuera de Galicia. En el terreno, los contratos de arrendamiento ofrecen migajas —y de forma poco transparente— a los propietarios rurales. Pero hay algo más sutil y quizás más grave: un desconocimiento generalizado entre los afectados sobre sus posibilidades. Por ejemplo, descuentos en la factura eléctrica, reposiciones ambientales o inversiones de carácter social (rehabilitación de patrimonio, mejoras en edificios públicos…). Ese desconocimiento no es casual. Las empresas despliegan una estrategia de contactación eficaz —especialmente si la persona es mayor, con menos recursos o pertenece a una comunidad de montes envejecida y poco activa— en la que, sin infringir la legalidad, una figura local —con una trayectoria consolidada— da a entender que más vale firmar un acuerdo que pelear contra Goliat. Al final, la tierra la pone la gente, pero el dinero se va fuera.

La herida democrática. “Tí non podes pintar unha xanela de verde, pero eles poden facer o que lles peta”. Los mecanismos de consulta pública suelen ser meramente informativos: un trámite donde las alegaciones chocan con plazos estrechos y un lenguaje técnico inaccesible. Las administraciones no siempre actúan como garantes; con frecuencia se limitan a dar curso a los trámites. A esta sensación de exclusión se suma un contexto de desorganización y opacidad, en el que la falta de infraestructuras clave —subestaciones suficientes para evacuar la energía— genera conflictos entre promotores, propietarios y representantes institucionales. Se mezclan intereses y prácticas poco transparentes. A mayores, hay que señalar que algunos de los parques están en montes robados en su día por el régimen franquista, cuyos legítimos propietarios nunca llegaron a reclamar tras la dictadura. Hay proyectos ya construidos que no pueden operar, y las decisiones parecen responder más a inercias y equilibrios de poder que a una planificación coherente. El resultado es frustración e impotencia.

La herida identitaria. “A xente que podía batallar, e pelexar un pouco… pois non está aquí”. Esta frase duele porque habla de la emigración, del envejecimiento, de la sensación de que los que podrían plantar cara ya no están. Los parques eólicos no se perciben solo como infraestructuras energéticas, sino como símbolos de un poder ajeno que se impone —y sin pedir permiso—. ¿Se convierte entonces el paisaje gallego en una especie de zona de sacrificio al servicio de un bien superior, definido en otros lugares, por otras voces? Lo que sabemos es que lo que desde fuera se celebra como progreso verde, aquí se siente —en muchos casos, no en todos— como una forma de violencia territorial. No es una lucha solo contra los aerogeneradores. Es una lucha por el derecho a seguir reconociéndose en el lugar que se habita. O, como se corea en las manifestaciones, “loitemos pola nosa terra”.

Los números del desencuentro: Un territorio que habla en cifras

Para entender la dimensión del conflicto, decidimos ir más allá de las preguntas convencionales. Pusimos frente a los habitantes de la Costa da Morte doce imágenes de diferentes intervenciones en el paisaje y les pedimos que las valoraran. Los resultados no fueron simples preferencias estéticas; fueron un termómetro emocional del territorio.

En lo alto de la escala, con una nota cercana a la perfección (9.27 sobre 10), se alzaron los faros tradicionales. Le siguen, con un sólido 8.13, los molinos de viento de La Mancha. Su aceptación revela que la tecnología no se rechaza por sí misma, sino cuando se percibe como ajena y disruptiva. Estos molinos, integrados —hoy— en el imaginario cultural, son quizá vistos más como parte del paisaje que como una imposición sobre él, ya que el apogeo de su construcción se dio del siglo XVI al XVIII.

En el otro extremo, el desencuentro se hace palpable. Los parques eólicos terrestres obtuvieron un bajo 3.06, y sus equivalentes marinos cayeron a un 2.01 —“os eólicos mellor no monte (non rentúa nada) / no mar, non (dános de comer)”—, apenas por encima del rechazo absoluto que generan las líneas de alta tensión (0.78). Esta brecha abismal no mide belleza, sino legitimidad. Muestra la distancia emocional y simbólica entre lo que se siente propio y lo que se vive como una intrusión.

El mapa humano del conflicto: ¿quién se opone y por qué?

Detrás de las cifras hay personas y sus posturas son mucho más matizadas que un simple “sí” o “no”. Nuestro estudio dibuja cuatro perfiles que desmontan la idea de una ciudadanía polarizada. Este mapa de actitudes revela que el famoso “consenso verde” es, en realidad, un ecosistema de posturas complejas.

• El grupo más numeroso es el de “Los Cercanos” (48.6%). Suelen ser personas que residen cerca de los proyectos, los conocen en detalle y no se oponen a la transición ecológica, sino a un modelo de implementación que los excluye. Exigen participación real, no consultas simbólicas.
• Un 35% se identifica como “Pro-eólicos”. Para ellos, la urgencia climática es innegociable y prima sobre otras consideraciones. Suelen vivir en núcleos urbanos, menos expuestos a la transformación directa del paisaje, y depositan su confianza en la tecnocracia y las instituciones. Representan el apoyo abstracto y generalizado.
• Los “Ambivalentes” (10.2%). Su postura es condicional: “depende”. Son sensibles a la transparencia del proceso, a la equidad de los beneficios y al rigor de las evaluaciones ambientales. Su apoyo es frágil y puede inclinarse hacia la oposición si perciben injusticias.
• Finalmente, los “Opositores” (6.2%) representan un rechazo frontal. Alimentados por una desconfianza total hacia el sistema y una defensa a ultranza del territorio como refugio identitario, su postura es menos negociable. Aunque minoritarios, su voz es potente y a menudo visible en las movilizaciones.

Otro modelo eólico es posible: sentemos las bases

Lo que ocurre en Galicia no es un problema de “aceptación social”, sino un conflicto político. Hablamos de extractivismo verde, de territorios rurales convertidos en zonas de sacrificio para cumplir objetivos climáticos decididos fuera. Hay un desequilibrio de poder evidente —una empresa con recursos frente a un propietario que negocia solo y mal informado— y un efecto acumulativo que desborda lo local. Por eso las soluciones no pueden limitarse a los afectados directos ni a cada municipio por separado. Se necesita una planificación que ponga límites a la densidad de proyectos y reparta cargas y beneficios sobre el conjunto del territorio.

La energía eólica es necesaria, pero con otro modelo. Eso implica, primero, dar voz real a las comunidades: no consultas formales, sino procesos de decisión compartida y transparencia plena. Segundo, que los beneficios no se concentren lejos, sino que se traduzcan en bienestar local —comunidades energéticas, inversión en servicios, empleo verde—. Y tercero, entender el paisaje como un bien cultural y emocional, no como un mero soporte físico. La transición energética no puede justificar cualquier medio. El reto está en que los eólicos dejen de ser símbolos de un poder lejano y se conviertan en herramientas de un futuro compartido.

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Más información

López-Mejuto, U., Cortés-Vázquez, J. A., García-Docampo, M., & Andrade-Suárez, M. (2026). Site wind right? Public acceptance and the social negotiation of renewable energy in Spanish landscapes. Environmental Sociology, 1–22. https://doi.org/10.1080/23251042.2026.2648031