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Principios y derechos espacio-territoriales para una constitución

17 marzo, 2021

Por Juan Pablo Urrutia, Natalia González |
CRÍTICA URBANA N.17 |

Lo que se inició como una manifestación por el alza del precio del transporte público en Santiago, derivó en una explosión social exigiendo dignidad a lo largo de todo Chile. El 18 de octubre de 2019 se recordará como el día en que la ciudadanía no resistió más, exclamando con fuerza en las calles estar cansada de un modelo abusivo que privilegia a unos pocos a costa del esfuerzo de la mayoría.

El descontento social obligó a la clase política a acordar un proceso para crear una nueva Constitución, la primera en Chile que será escrita a través de una convención escogida exclusivamente para ello, con representación garantizada de pueblos indígenas y la primera del mundo con igual participación de hombres y mujeres.

Este escenario es una oportunidad para pensar en los principios fundamentales de una sociedad, que se construye sobre el respeto a los derechos humanos y aquellos definidos como sociales, culturales y económicos. Sin embargo, se requiere extender su alcance, entendiendo que las condiciones espacio territoriales no son sólo consecuencias, sino, generalmente, las causas que contribuyen a la vulneración de derechos, situación común cuando se observa la diferencia entre países más urbanizados que otros. Por tanto, se abre una puerta para preguntarse en qué medida la dimensión espacio-territorial opera como facilitadora en la articulación de los derechos consagrados y cómo esto podría considerarse en una nueva Constitución.

Un hábitat de calidad ayuda a garantizar una serie de condiciones fundamentales para la vida de las personas, como la salud, educación, trabajo, recreación, seguridad social, justicia o ciudadanía activa entre otras, entendiendo la interrelación entre derechos como elemento clave para su implementación. Por tanto, pensar en las bases políticas que regulan una nación, requiere indudablemente la consideración de factores espaciales y territoriales.

Entre los asuntos que emergen como ineludibles, aparecen el cuidado del medio ambiente y la planificación territorial, entendiendo que nuestra supervivencia se hace imposible sin una visión sostenible y eco-sistémica. El suelo y la función social de este, conceptualización que permite la convivencia sin que el derecho a la propiedad vulnere a la población más desfavorecida. Equidad y cohesión social, condiciones indisociables a lo que entendamos por derecho a la ciudad, garantizando movilidad, acceso a equipamientos y servicios que satisfagan las necesidades no sólo básicas de las personas. La escala de barrio como elemento primordial para entender la calidad de vida en la cotidianeidad, rompiendo la idea que con sólo el acceso a la vivienda -en su definición más elemental- aquello se resuelve. Es necesario incorporar la noción de espacio público como extensión del hogar, entendiendo más bien la vivienda en su dimensión compleja del hábitat residencial, donde también se garantice calidad, diversidad y accesibilidad universal entre otros, cuestión que, sin garantías de participación, esquemas de gobernanza adecuados a la configuración del territorio ni modelos de organización como por ejemplo el cooperativismo, sería imposible de concretar. Se trata de pensar en lo común y la ciudad como este espacio para sus habitantes.

La identificación y discusión sobre cómo considerar estos aspectos para una nueva Constitución Política para Chile, fue la motivación principal del curso Políticas Públicas, Arquitectura y Ciudad, asignatura electiva de la carrera de arquitectura de la Universidad de Chile. En ella, sus estudiantes se han abocado a estudiar diagnósticos sobre conflictos socio espaciales y a partir de aquello, elaborar propuestas orientadas a la redefinición de conceptos, estándares, condiciones e incluso mecanismos que ayuden a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Uno de los trabajos intermedios del curso consistió en proponer un tema de discusión para la Constitución y presentarlo a través de una síntesis gráfica. Aquí algunos de los trabajos destacados de estudiantes.

Trabajo de Amanda Alarcón
Trabajo de Paloma Díaz Carreño
Trabajo de Renata Mattei Vives
Trabajo de Catalina Jiménez Morales
Trabajo de Valentina Jerez Corvalán
Trabajo de Lukas sala C.

Nota sobre el autor

Juan Pablo Urrutia es Master en Administración Pública de la London School of Economics, Master en Asuntos Públicos de Sciences Po Paris y Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile. Es docente e investigador en políticas públicas urbano habitacionales del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Actualmente es Jefe de la Carrera de Arquitectura en la Universidad de Chile.

Nota sobre la autora

Natalia González es licenciada en arquitectura de la Universidad de Chile con especialización en políticas públicas. Es diplomada en gestión en política habitacional y actualmente se desempeña como ayudante del curso Políticas Públicas, Arquitectura y Ciudad en la Universidad de Chile.

Para citar este artículo:
Juan Pablo Urrutia, Natalia González. Principios y derechos espacio-territoriales para una constitución. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.4 núm. 17 Ciudades para los cuidados. A Coruña: Crítica Urbana, marzo 2021.

Crítica Urbana n.17
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    Revista de Estudios Urbanos y Territoriales.
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    A Coruña. Galicia. España
    ISSN 2605-3276

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