Segregación urbana como problema de salud pública

Por Francisco Vergara Perucich;
Juan Correa Parra y Carlos Aguirre-Núñez | 
CRÍTICA URBANA N.15

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La segregación urbana no representa mucha novedad para quienes durante décadas han denunciado cómo los sistemas capitalistas de organización de relaciones sociales privilegian a ciertos grupos de personas de la ciudad en desmedro de otros.

En el Área Metropolitana de Santiago, el índice de disimilitud es de 0.6, lo que se considera muy alto; mientras en la mayoría de las capitales regionales el índice supera el factor 0.5 que es considerado alto¹. Así es como diferentes fenómenos que se piensa que afectan a todos, tendrán mayor repercusión en zonas de menores ingresos². Esto aplica para terremotos, catástrofes naturales, calidad de vida y, por supuesto, en caso de pandemia. El nuevo coronavirus de 2019 ha permitido que más ojos vean una realidad drástica: la desigualdad es un problema sanitario y la segregación residencial es una amenaza. La pandemia del nuevo coronavirus ha sido eficaz en plantear la urgencia por repensar la organización de la vida colectiva, antes de que otros fenómenos asociados al cambio climático nos lleven a la extinción. Lamentando la muerte de miles de personas por el COVID-19, es momento de aprender de los errores y enmendar antes de repetir estrategias fallidas. Desde el caso de Chile, una de las naciones más afectadas del mundo por la pandemia, compartimos una mirada urbanística interdisciplinaria del problema.

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Biopolítica del fracaso neoliberal: del estallido social a la crisis sanitaria

En un comienzo, el proceso biopolítico de control de masas³ fue un escenario ideal para el gobierno de Sebastián Piñera, apremiado por una ciudadanía que desde el 18 de octubre de 2019 (18-O) avanzaba hacia superar el modelo neoliberal. La pandemia parecía un salvavidas a la ideología del gobierno. Los millones de personas en las calles se veían forzados a encerrarse, y la pandemia justificaba un régimen autoritario de control sobre lo público. La misma ciudadanía y los líderes de los movimientos sociales invitaban a cuidarse, a quedarse en casa, a no salir a la calle. El gobierno buscaba apoderarse del timón de la nación, extraviado en las propias contradicciones neoliberales, caracterizado por una nación donde la mayoría no puede solventar el costo de vida. Remuneraciones de trabajadores desacopladas en un 31% de la inflación, el endeudamiento y la ausencia de un sistema de seguridad social eran parte de la crisis. Las marchas cesaron y el confinamiento fue transformado en un arresto domiciliario, donde en amplias zonas de la nación durante las noches los militares tomaron control del orden público. Para los nostálgicos de Pinochet era el paraíso.

No obstante, las mismas causas que empujaron el estallido social agravaron la crisis en pandemia. Mientras otras naciones neoliberales paralizaban la economía, se endeudaban y fortalecían sus sistemas de seguridad social, en Chile, la ortodoxia libremercadista hizo agua al poco andar. El gobierno se resistió por semanas a una cuarentena, no dio seguridad a los hogares, no confinó los espacios con mayor intercambio de flujos y se actuó acorde a lo que dictaba el capital financiero, hasta que se volvió insolvente seguir en la porfía. Como mantra neoliberal, se escuchó a los empresarios y no a organizaciones de base o gobiernos locales; se focalizó la ayuda a grupos de bajos ingresos dejando desprotegida la clase media. En el peak de la biopolítica, se permitió a empleadores mantener a sus trabajadores eximiéndoles de la responsabilidad de pagarles el sueldo⁴. Todo esto ocurría mientras diversos expertos vociferaban que era urgente pasar a la cuarentena total del país, indicando que en otros países neoliberales, como Nueva Zelandia, esto había sido exitoso y que con ello las actividades económicas podrían retornar más rápido a su cauce normal. El dogma neoliberal hizo de Chile una las diez naciones con más contagiados por coronavirus a nivel mundial. No hubo protección social, miles de muertes fueron evitables con planificación para reducción del riesgo de desastre. Como en muchas ocasiones, el mercado aplicó la necropolítica⁵ en busca de salvaguardar la rentabilidad del capital. Las personas tuvieron que recurrir a sus seguros de desempleo y jubilación para solventar los gastos durante la pandemia. La rabia del 18-O sigue, confinada por ahora; pero cada vez que el presidente Piñera realiza un discurso simultáneo en cadenas de radio y televisión, el ruido del caceroleo no deja escuchar su voz. La biopolítica fracasó en calmar la crisis neoliberal y es inminente un nuevo régimen construido sobre la solidaridad y una ciudad “otra”.

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El espacio pandémico y la secuencia de contagio

Durante la pandemia, durante meses de personas mirando sus viviendas, la crisis de la calidad espacial se ha convertido en una agenda inevitable. Antes del estallido social, el mercado inmobiliario intentó naturalizar viviendas minúsculas como si fuesen un hábitat aceptable. ¿Qué tanto se puede resistir al encierro en un espacio de 33m2? Una vivienda pensada para un trabajador y no un habitante, en un espacio constreñido, donde cuesta dar 20 pasos lineales seguidos, exponen la crisis de la arquitectura minúscula (Figura 1).

Figura 1. Exploración de tipologías domésticas para vivienda de 33m2 según modelo tipo de proyectos inmobiliarios en la ciudad de Santiago. Fuente: Los autores.

En el papel, esta arquitectura existe porque el precio de suelo es muy caro y se busca optimizar la inversión⁶. Desde el modelo económico de producción de vivienda se justifica el minusculismo habitacional, pero entra en crisis en situaciones como una pandemia, cuando el encierro durante meses revela la deficiencia de un espacio pensado para el rendimiento del capital y no para la vida cotidiana. Por otro lado, aquellas personas con el poder de compra para acceder a mejores espacios, con patios o amplias terrazas y sin hacinamiento, tuvieron más libertad durante el confinamiento. Esto que se revela en lo doméstico, también ocurre a escala metropolitana.

A escala del área metropolitana de Santiago, donde existe un alto nivel de segregación socio-residencial, el virus siguió una clara trayectoria por clases. En marzo de 2020, mes que marca el fin de las vacaciones de verano, el COVID-19 entra a la ciudad por el barrio alto (Las Condes, Providencia, Santiago Centro y Vitacura principalmente), donde viven las personas de más altos ingresos; quienes tuvieron contacto con personas contagiadas en aeropuertos o centros turísticos. Con el pasar de los días, el virus se mueve dentro de la ciudad y dado que el Gobierno no declara la cuarentena total, desde el barrio alto el virus comienza a expandirse hacia el resto de las comunas.

En esto, es importante explicar que en Santiago existen un grupo de comunas atractoras por concentrar empleo, comercio y servicios (principalmente Santiago Centro, Providencia y Las Condes) y otras comunas dormitorio, donde viven los trabajadores. Entre mediados de marzo y fines de mayo, la expansión del virus comienza a abandonar las comunas de más altos ingresos (Las Condes y Vitacura) y se comienza a concentrar en las comunas de menores ingresos, las más lejanas del centro de la ciudad y donde existen además mayores condiciones de hacinamiento, allegados y peor calidad de vivienda, con menos acceso a centros de salud y donde los cuidados son más difíciles de llevar a cabo por las propias deficiencias urbanas y de la vivienda (Figura 2).

Figura 2. Gráfico de expansión del virus en el Área Metropolitana de Santiago a partir de grupos de comunas.

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Desde junio en adelante, el COVID-19 se asienta en estas comunas de menores ingresos, provocando muerte, enfermedad, aislamientos, desempleo, profundizando condiciones de precariedad (Figura 3). De la misma forma, los contagios se ven cada vez más correlacionados con el hacinamiento, síntoma de precariedad habitacional. Es el efecto que vectores incontrolables por el mercado producen sobre tejidos urbanos neoliberales. Por tanto, ante esta emergencia sanitaria, las condiciones de segregación urbana agudizaron los contagios, vulnerando el bienestar de la población.

Fuente: Los autores basándose en informes epidemiológicos del Ministerio de Salud.

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Propuestas para una Nueva Constitución

Nuestro diagnóstico es que la segregación urbana es un problema de salud pública y como tal debe resolverse en modo interdisciplinario en busca del bienestar general de la población, reduciendo el riesgo de desastres sanitarios, sociales y económicos. Es urgente abandonar la política urbana basada en agregación de viviendas y espacios de tránsito para pasar a políticas integrales de reformulación socioespacial. Este giro debiese ser parte de una nueva constitución donde la calidad de vida y la justicia social se impongan por sobre la privatización de los asuntos públicos. En concreto, planteamos que la vivienda y la gestión del suelo son asuntos públicos irrenunciables; su vulneración va contra los derechos humanos.

Proponemos una aproximación normativa: el Estado debe ser garante de un territorio socialmente integrado, siendo el principal propietario de suelos y restaurando el rol social de la propiedad para gestionar la organización territorial y generar también un amplio banco de vivienda pública, resolviendo así el efecto de la especulación inmobiliaria sobre el costo de vida. Es decir, sacar el hábitat del mercado y localizarlo como una infraestructura clave para la nación. En la práctica, el estado deberá adquirir suelo bien localizado y generar vivienda para reducir la segregación. Es un gran desafío. Por ejemplo, para eliminar la segregación en el Gran Santiago, se deberían reubicar un millón de viviendas. Es urgente comenzar.

_{*Este artículo fue recientemente publicado en nuestro libro
Ciudades Posibles: Apuntes para el debate sobre la
Nueva Constitución de Chile.}

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Notas

<sup>1 El índice de disimilitud es una estimación de la desigual distribución de grupos de población en el territorio, yendo de 0 (sin segregación) a 1 (segregación absoluta). En este caso, la estimación se desarrolla a partir del nivel de escolaridad con datos del CENSO 2017 y a nivel de zona censal.
2. Févre and Tacoli, Coronavirus Threat Looms Large for Low-Income Cities. IIED, 2020. https://www.iied.org/coronavirus-threat-looms-large-for-low-income-cities.
3. Peters, Michael A. “Foucault, Biopolitics and the Birth of Neoliberalism.” Critical Studies in Education 48, no. 2 (2007): 165–78. https://doi.org/10.1080/17508480701494218
4. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley de protección al empleo por COVID-19, 2020.
5. Mbembe. A, Necropolitics. Public Culture 15, no. 1 (January 1, 2003): 11–40. https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11
6. Vergara-Perucich, José-Francisco, Felipe Encinas, Carlos Aguirre-Núñez, Ricardo Truffello, and Felipe Ladrón de Guevara. Contribución a la Economía Política de la vivienda en Chile. Santiago: RIL Editores, 2020</sup>

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Nota sobre los autores

^{Francisco Vergara-Perucich es Doctor en Planificación para el Desarrollo por The Bartlett Development Planning Unit y Director del Centro Producción del Espacio de la Universidad de Las Américas.}

^{Carlos Aguirre-Núñez es Doctor(C) en Valoración Urbana por la Universidad Politécnica de Catalunya y Director de la Escuela de Construcción de la Universidad de Las Américas.}

^{Juan Correa-Parra es Geógrafo por la Pontificia Universidad Católica de Chile e Investigador del Centro Producción del Espacio de la Universidad de Las Américas.}