Construir memoria desde las cenizas

Por Ana Vergara San Martín |
CRÍTICA URBANA N. 33 |

“¡Eran gigantes olas y bolas de fuego! Vinimos a buscar a nuestros familiares y animales en medio de la oscuridad a plena luz del día. Mientras nosotros salimos ilesos, otros no tuvieron la misma suerte: quedaron atrapados, y calcinados se despidieron de esta tierra.”

Aquellas palabras se repetían en cada salida a terreno y en cada conversación de pobladores en los asentamientos precarios de Pompeya Sur, comuna de Quilpué en la región de Valparaíso, Chile. Luego del incendio que arrasó con 137 vidas y dejó innumerables animales domésticos y silvestres quemados o perdidos, unas 15.000 viviendas quedaron incineradas, dejando aproximadamente 7.000 familias sin hogar ni pertenencias. Alrededor de 10.000 hectáreas rurales y urbanas afectadas el pasado 2 de febrero de 2024, extendiéndose el fuego dentro del área metropolitana de Valparaíso, entre las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Evolución de la ocupación del territorio. Fuente: Google Earth.

En medio del trauma y la adversidad, desde la convivencia en el territorio devastado, renace la ilusión de levantarse y seguir adelante, de continuar con la vida, en el mismo terreno, que las familias ocuparon para liberarse del hacinamiento y allegamiento. El asentamiento popular se configuró como resultado de una toma, apenas reconocida por la institucionalidad: un barrio marginal, cuyos habitantes han luchado y siguen luchando, utilizando diversos métodos para lograr la radicación definitiva.

Una semana después del megaincendio, un grupo de ocho profesionales nos propusimos apoyar este proceso de reconstrucción y regularización, respondiendo a la solicitud del Movimiento de Pobladores Organizados de Valparaíso (MPO); un equipo compuesto por una antropóloga, un sociólogo, un topógrafo, dos arquitectos y tres arquitectas; nos encontramos en terreno bajo el alero de MPO.

Nuestra primera tarea para empezar a reconstruir desde las cenizas fue realizar un levantamiento territorial en conjunto con el MPO. Recorrimos cada sector y nos reunimos con las dirigencias de cada una de las nueve Comunidades en su respectivo paño. 504 familias, o sea 2124 habitantes viviendo en 22,5 hectáreas participaron del ejercicio y empezaron a idear imágenes de otro barrio anhelado.

Territorio incendiado, febrero 2024. Foto: MPO

También contactamos con las dirigencias de las organizaciones vecinales de barrios aledaños, igualmente afectadas por el megaincendio. Con su colaboración conseguimos espacios para reunirnos y realizar allí las participaciones ciudadanas en equipo. Desde las ciencias sociales, llevamos a cabo el rescate de la memoria como lo sugiere La ciudad conquistada, de Jordi Borja.

Entendimos los hitos de esta historia local: en el año 2006 comenzaron las primeras tomas en el cerro. En 2015, se dio un aumento más pronunciado de la población, llegaron más familias y se organizaron los primeros comités. Al cabo de un año, la expansión continuó; la institucionalidad regional construyó dos poblaciones en la zona urbana del asentamiento. Lo que las autoridades no previeron fue que el territorio seguiría expandiéndose hacia los alrededores; además se reocuparon las viviendas en desuso. Así, llegaron a habitar el área, instalándose en laderas de los cerros y generando nuevas calles y loteos.

Evolución de la ocupación del territorio

El modo de vida de los pobladores refleja un asentamiento caracterizado por el interés individual y la falta de planificación, sin prever ni mitigación ni vías de evacuación. A pesar de ello, muchos han vivido en estas condiciones durante largos 18 años.

Es probable que las autoridades se hayan mantenido al margen de las negociaciones directas que los pobladores y la propietaria del terreno iniciaron en torno a una posible compraventa.  En 2018, la institucionalidad regional presentó un proyecto sin participación ciudadana, que las comunidades tuvieron que suscribir, aunque no estuvieran de acuerdo.

Territorio en reconstrucción, junio 2024. Foto: MPO

Durante el año 2019, las conversaciones con la dueña continuaron en busca de regularización consentida; pero la pandemia paralizó las iniciativas de los comités. En 2021, las comunidades unidas contrataron profesionales para sanear los terrenos; y al año siguiente se avanzó en trámites de prefactibilidad técnica. Finalmente, a mediados del año 2023, se firmó una promesa de compraventa, sin poder prever que en febrero de 2024 todo lo construido sería consumido por el fuego.

A lo largo de este arduo camino, la comunidad ha optado por una vía poco convencional para alcanzar una tenencia segura y establecer una propiedad en condominio.

Frente a las adversidades experimentadas, tanto el prolongado proceso de radicación para acceder a la vivienda como la devastación causada por el fuego, la resistencia de las organizaciones de pobladores nos ha impresionado. Se han hecho cargo de la limpieza del territorio, incluso rescatando planchas de zinc de sus techos para utilizarlas como cercos perimetrales, lo que les ha proporcionado un mínimo de privacidad y demarcación territorial.

Posteriormente, reconstruyeron de la misma manera en que lo habían hecho antes, resolviendo problemas de conexión al agua potable de manera informal y construyendo en condiciones precarias en los mismos loteos y caminos que los llevaron a sufrir la pérdida total de sus posesiones, en algunos casos, de familiares y mascotas.

Propuesta urbano – ambiental

En un contexto adverso, como equipo asesor pudimos acompañar un momento de renovación de la organización de estas familias vulneradas y vulnerables; apoyamos sus sueños de otra reconstrucción posible y compartimos conocimientos para superar las precariedades y responder a sus aspiraciones.

Después de tres meses de trabajo en terreno, el 25 de mayo presentamos a la comunidad una propuesta de integración urbana, que renueva los ejes viales principales, reforzando la unión a vías colectoras, incluyendo vías de servicios y vías locales para mejorar las conexiones con el centro urbano y la evacuación del sector en caso de otra catástrofe.

La propuesta se desarrolla en torno a una plaza, con variedad de servicios y equipamiento; con zonas residenciales de densidad alta, media y baja; áreas de seguridad y de regeneración, instalaciones educativas ambientales, semilleros e invernaderos, equipamientos de recreación y deporte, y un parque conmemorativo.

La propuesta incorpora ideas innovadoras, que la comunidad aplaudió: una zona de mitigación contra incendios y de remoción de laderas en toda el área que bordea los cerros, mediante un sistema colectivo de humedales urbanos construidos. Estos humedales se alimentarán de las aguas grises generadas por la habitabilidad en el territorio, que además servirán para la regeneración de laderas, riego, mantenimiento de áreas verdes y reservas en casos de emergencia. De esta manera, se dará efectividad a la Ley que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises.

Desde nuestra ética profesional y, poco a poco, desde la conciencia de las comunidades, asumimos la responsabilidad de un plan maestro, definido por lineamientos generales de prevención de riesgos y ordenamiento territorial.

Por lo expuesto y el esfuerzo conjunto realizado, las comunidades decidieron autodenominarse “Villa La Unión”.

Conclusión

Es crucial implementar propuestas de plan maestro, con enfoque de género, con pautas preventivas y cuidadoras, que aborde medidas de mitigación, evacuación, equipamientos, servicios, vialidades para todo tipo de transporte, viviendas, entre otros aspectos, priorizando la calidad de vida de las personas y familias que habitan el lugar.

Además, si bien se percibe que la legislación favorece el desarrollo urbano en áreas más prósperas, demostramos la factibilidad de realizar alternativas de igualdad territorial. Por esta razón, es imperativo llevar a la realidad propuestas de este tipo.