Defensoras latinoamericanas en resistencia

Por Mariana Tafur |
CRÍTICA URBANA N.23 |

En las últimas décadas, la defensa de la tierra, los territorios y la naturaleza ha puesto a las comunidades rurales de América Latina en riesgo. Esto porque defender los ríos, las ciénagas, los páramos, las montañas, los bosques y la selva es proteger los recursos que están en una disputa, aunque a veces silenciosa, en todo el mundo.

Si bien es importante referirse a la defensa de derechos, también es clave hablar de quienes la ejercen. Es un hecho que en la región la mayoría de defensores y defensoras ambientales y territoriales son rurales: campesinos, afrodescendientes e indígenas, muchos de ellos con derechos colectivos sobre territorios ancestrales. De su relación con los lugares desde sus formas de ver el mundo se desprende la manera en la que ejercen la defensa de derechos. No es un pasatiempo, es una estrategia de resistencia y de supervivencia.

Aunque las mujeres rurales latinoamericanas no son las únicas defensoras de estos derechos, sí tienen unas formas particulares de hacerlo que están mediadas por su rol en las comunidades y por su papel en la construcción de una vida en paz. A esto se suma que son defensoras de derechos a causa de las realidades a las que se enfrentan: desigualdad, injusticia, distintas formas de violencia y explotación indiscriminada de los recursos naturales en sus territorios.

Foto: Mariana Tafur-Rueda

En ese sentido, la defensa de derechos no es una elección pero el activismo sí puede serlo. Por eso aquí no se habla de activismo -sin querer desacreditarlo-, se habla de cómo la defensa de este tipo de derechos se lleva a cabo, fundamentalmente, para sobrevivir como comunidad.

América Latina en la lupa

Según el informe de la organización Global Witness Última línea de defensa (2021), siete países de la región están entre los diez más peligrosos del mundo para defender derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio. Colombia es el primero con 65 personas defensoras asesinadas en 2020, le sigue México ocupando el segundo lugar con 30 personas asesinadas, Brasil en el cuarto lugar con 20, Honduras en el quinto lugar con 17 asesinatos, Guatemala en el séptimo lugar con 13, Nicaragua en el octavo con 12 asesinatos y Perú en el noveno lugar con 6 personas defensoras asesinadas.

Aunque no se puede negar que América Latina es una región en una crisis sustentada en la profunda desigualdad, las migraciones masivas y el crecimiento de unas pocas fortunas versus mucha pobreza, su geografía privilegiada la pone en la lupa de los intereses extractivos por su riqueza ecosistémica y natural. Esto para decir que la situación de quienes defienden derechos ambientales y territoriales no es solo responsabilidad de las crisis locales, sino, también, de las empresas extractivas -pocas veces nacionales- que pueden usar estrategias legales e ilegales para lograr a toda costa la explotación de los recursos. En otras palabras, la responsabilidad es internacional, no solo local.

Foto: Mariana Tafur-Rueda

La crítica situación de los dos países más biodiversos del mundo
Dos de los países latinoamericanos son los más biodiversos del mundo: Brasil es el primero y Colombia es el segundo. A esto se suma que Brasil es el país con más territorio amazónico y Colombia es el tercero, después del Perú. Estos dos países han estado entre los cinco más peligrosos del mundo para defender derechos ambientales y territoriales en los últimos años, según los informes anuales de Global Witness.

En el caso de Brasil, el gobierno actual deja claro su mínimo compromiso con la protección de la naturaleza y, por lo mismo, de las comunidades rurales con derechos colectivos sobre los territorios. El caso de Colombia, aunque muy similar en lo profundo, es más difícil de entender pues el gobierno actual se proclama campeón en la defensa del medio ambiente impulsando acuerdos como el Pacto de Leticia para la protección de la Amazonía y firmando el Acuerdo de Escazú -aunque haciendo muy poca incidencia en que éste se ratifique en el Congreso-, pero siendo muy vago en la implementación de políticas de conservación y protección existentes y queriendo ampliar los límites de explotación de recursos en territorios colectivos y en áreas protegidas.

Si se pone al modelo de desarrollo económico por encima de la naturaleza y de quienes la protegen, no solo se están violando derechos humanos y múltiples acuerdos internacionales, sino que se está poniendo en peligro la vida en el planeta.

Foto: Mariana Tafur-Rueda

Defender derechos puede llevar a la muerte

En América Latina, defensoras y defensores se enfrentan a grandes poderes económicos. Las amenazas y los riesgos van desde la judicialización y la estigmatización, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y territorios, la tortura, la desaparición y la muerte.

Las mujeres rurales que defienden derechos están en máximo riesgo, pues se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad por ser mujeres, por ser pobres, por vivir en áreas apartadas, por sus identidades y por la relación ancestral con los lugares que defienden. Además de los riesgos mencionados anteriormente, se enfrentan a amenazas particulares relacionadas con la violencia hacia sus cuerpos y la violencia contra sus hijas e hijos.

Y para no caer en generalizaciones que suelen llevar a la discriminación, sería un error suponer que las defensoras son todas iguales. No es lo mismo una mujer de la ciudad que defiende derechos como el aborto, que la defensa que ejercen las mujeres de lo rural. Incluso, no es lo mismo ser una mujer campesina que defiende el derecho a ser propietaria de tierra, que una mujer indígena que defiende el territorio colectivo que ancestralmente le ha pertenecido a su pueblo. Y las diferencias no solo radican en la identidad de las mujeres rurales, también radican en lo que defienden, pues no es lo mismo defender un humedal que defender una sierra o un manglar. En suma, esta defensa de los derechos ambientales y territoriales hace parte de la identidad de las mujeres rurales de infinitas formas: por su relación con los lugares, por sus formas de ver el mundo y por la manera en la que viven en comunidad.

Dos claros ejemplos de los peligros a los que se enfrentan las defensoras son el de Berta Cáceres, mujer indígena Lenca, que se oponía a megaproyectos en territorios ancestrales en Honduras y en marzo de 2016 fue asesinada, y de Cristina Bautista Taquinás, autoridad indígena Nasa del departamento del Cauca, Colombia, que fue asesinada en octubre de 2019 por defender su territorio.

A todas estas mujeres que han sido asesinadas defendiendo derechos ambientales y territoriales en América Latina se les rinde un homenaje pues están dando sus vidas a una lucha que no es solo de ellas o de sus comunidades. Al final, es una lucha que debería ser de toda la humanidad.