Por Pere Mariné |
CRÍTICA URBANA N.22 |
Es conocido el fenómeno de concentración de la población en zona urbanas. Según las Naciones Unidas la población mundial residente en áreas urbanas prácticamente se duplicó entre 1950 y 2020, pasando de un 29,6 % a un 56,2 %1
En España este proceso se sitúa en la media de los países de la Eurozona, pero con una enorme aceleración en los últimos años. Se ha especulado que la pandemia COVID-19 pueda alterar estas tendencias, por la necesidad de la distancia social y por la irrupción del teletrabajo. Pero, como otras tendencias, es difícil confirmarla actualmente. En los países desarrollados los porcentajes de concentración urbana son impresionantes, llegando a países como Japón o Bélgica a más del 90%.
Este fenómeno hace que las concentraciones en zonas urbanas comporten un conjunto de problemas complejos, como la gestión de los suministros básicos -agua, electricidad, etc.- pero también comportan dificultades en la gestión de necesidades muy elementales, como espacios de ocio, paseo, o de socialización, por la naturaleza masificada de las ciudades.
Uno de los principales problemas en la actualidad es el uso de los espacios públicos[1] en las zonas urbanas. En concreto, aquellos que han de permitir a la ciudadanía moverse por la ciudad para realizar sus actividades cotidianas de forma segura, cómoda, libre. Y entre estos problemas, está el espacio público destinado a terrazas de restauración, o sea, espacio privatizado para uso comercial.
Los espacios públicos han de ser prioritariamente un lugar de encuentro entre personas diferentes (por edad, origen, procedencia, raza, cultura, etc.) más allá de su poder adquisitivo y que puedan o no permitirse sentarse a una mesa para consumir pagando. Se debería disponer de mesas gratuitas para llevarse algo y comer, jugar, leer, trabajar… y repensar los posibles usos del espacio público teniendo en cuenta la reapropiación vecinal que en algunas ciudades se ha dado en el verano del 2020, como por ejemplo ha pasado en la Plaça Reial de Barcelona cuando vecinos y vecinas, y sobre todo niños y niñas, aprovechando la ausencia de terrazas y turistas, por fin han podido disfrutar de un espacio donde normalmente ya no iban.
En una situación excepcional, la pandemia
La crisis producida por la pandemia de la COVID-19 ha generado enormes sufrimientos en todos los órdenes de nuestras vidas y un descalabro sin precedentes en la ocupación y la economía de numerosos sectores de actividad. Uno de los sectores afectados es el de la hostelería y la restauración, que tendrá una recuperación lenta precisamente por ofrecer espacios de socialización que se tienen que pautar necesariamente.
Por este motivo hay que enfocar también la recuperación de este sector -junto con otros, como el comercio de proximidad- con las condiciones sanitarias y sociales imprescindibles y requerirá de medidas extraordinarias y coyunturales, y, sobre todo, temporales, apostando por una recuperación compatible con los derechos del vecindario y el reparto necesario del espacio público con las formas de movilidad sostenible, garantizando la seguridad y la accesibilidad en los desplazamientos a pie. Mención aparte merecen los argumentos del sector respecto a los puestos de trabajo, que son muchos, sí, y muy necesarios en sectores de población populares. Pero lo primero que debe hacer el sector es regularizar la situación laboral de precariedad, bajos salarios y temporalidad de la mayoría de sus trabajadores y trabajadoras, que, en la situación de pandemia, y justamente por esas malas condiciones, han sido de los más castigados, sin opciones a paro o a estar incluidos en los ERTE.
El debate sobre la ampliación del espacio de las terrazas, que hasta el 2019 se había limitado y acotado fuertemente, ha explotado dentro del debate de la desescalada y la reconstrucción económica y social. El gremio de restauración lleva tiempo muy contundente: hay que ampliar el espacio de las terrazas sí o sí para hacer viables los negocios de restauración. Es difícil predecir en qué momento terminará esta situación de excepcionalidad; por ello, resulta necesario incorporar en el debate la situación sanitaria. Antes de la pandemia, el debate se circunscribía a espacios y el derecho al descanso, ahora hay otros elementos.
La perspectiva exclusivamente económica, en estos momentos de grave crisis sanitaria, olvida que esta no tiene que ser la única ni mucho menos la principal prioridad para la recuperación sanitaria y social en Barcelona. Y mucho menos, ha de ser la perspectiva a medio y largo plazo para una ciudad, como Barcelona, con poco espacio público y graves déficits en espacios imprescindibles, como los espacios verdes. Antes de la pandemia, el número de mesas en espacio público, aproximadamente 25.000, ya era comparativamente con otras ciudades, muy alto, y ha crecido en 10.000 mesas más con los permisos extraordinarios, y que ahora el Gremio quiere que se consoliden en la nueva Ordenanza Municipal. Números excesivos para una ciudad a la que urgen más espacios de paseo, de movilidad a pie y espacios verdes, y donde se hace evidente que hacen falta más bancos y mesas públicas, actualmente exiguas o inexistentes.
En esta situación de excepcionalidad se ha producido otro fenómeno perverso. Dada la benevolencia, laxitud o como se quiera llamar a la poca inspección que el Ayuntamiento ha realizado en los meses posteriores al levantamiento de las restricciones por la pandemia, las terrazas han ido creciendo y creciendo, ocupando no sólo el espacio que de forma extraordinaria se les había dotado, sino todo el espacio que había disponible, llenando, por ejemplo, en Ciutat Vella las pequeñas plazas que hay en muchas zonas, sobrepasando totalmente la norma del 50% de ocupación legal, o llenando la zona contigua a las fachadas con mesas y sillas, cosa totalmente prohibida por la ley de accesibilidad, o duplicando o triplicando el número de mesas autorizadas. Tal ha sido el desaguisado, que las quejas vecinales han llegado a máximos nunca vistos, sea tanto por la ocupación de los espacios, como por las molestias por ruido diurno y nocturno.
La FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona) lanzó a primeros de julio de 2021 una campaña de denuncia[2] que en la actualidad ya dispone de más de 500 denuncias, donde con fotografías se constatan todas estas irregularidades, irregularidades que, de momento, sólo se han reconducido en una mínima parte.
¿Qué hacer con las terrazas?
La función social de la restauración es reconocida y necesaria, y por ello no negaremos la necesidad de buscar alternativas viables para que el pequeño establecimiento restaurador pueda hacer viable su negocio, se generen puestos de trabajo digno y actúe como dinamizador social en los barrios. Pero no es aceptable que por parte de diferentes actores se haga uso de las habituales pretensiones exclusivamente de rentabilidad económica de sus negocios para pasar por encima de los derechos y necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad. Y menos actualmente tan necesitados los ciudadanos, como nunca en otro momento, de espacios seguros, amplios y diáfanos para poder pasear o desplazarse manteniendo la distancia de seguridad.
Algunas consideraciones y criterios que serían imprescindibles en este debate:
- Los criterios que tienen que prevalecer son los de salud pública, los derechos de los vecinos y vecinas y el derecho a la accesibilidad.
- El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de generar un espacio de debate y diálogo donde trabajar conjuntamente para construir las propuestas de modificación de ubicación de las terrazas basándose en el consenso del sector de la restauración y las entidades sociales y vecinales de la ciudad.
- Cualquier modificación o ampliación del espacio ocupado tiene que tener carácter temporal en función de la situación sanitaria, teniendo en cuenta que algunas regulaciones podrían ir modificándose de forma gradual en el regreso a la nueva normalidad.
- Cualquier modificación tendrá que cumplir con la normativa vigente de accesibilidad, dejando siempre como mínimo el espacio libre de obstáculos de 1,80m desde la fachada.
Ahora que la crisis sanitaria nos ha permitido disfrutar de una ciudad sin ruidos perjudiciales para nuestra salud, hay que garantizar la calidad acústica de los espacios que ocupan las terrazas. En este sentido, es responsabilidad de la administración pública garantizar los derechos de los vecinos y vecinas y ajustar a la baja los horarios de las terrazas, de acuerdo con el mapa acústico en vigor. Las terrazas no pueden continuar siendo origen de conflictos de convivencia y de vulneración del derecho al descanso y a la intimidad.
El espacio público ganado al coche y el que se pueda continuar habilitando en el futuro tiene que ser de uso prioritario para el peatón y para la bicicleta como modos de transporte principales en los desplazamientos de proximidad, en primer lugar, y para el transporte público en segundo lugar.
¿Y … qué retorno se debe reivindicar por el uso del espacio público?
En este debate, también hay que concretar qué tipo de compensación debe hacer el establecimiento que tiene terraza en espacio público. De estas, hay algunas sociales, pero también es necesaria una compensación económica. Los precios de las tasas de las terrazas de Barcelona continúan siendo enormemente bajos (incluyendo los de aquellas que están en primera línea comercial) comparados con otras ciudades o con los altos rendimientos económicos que aportan a los establecimientos de restauración. Hay que actualizarlos de acuerdo a precios razonables en el contexto de los beneficios que comportan: esta tasa es una contribución mínima a las arcas municipales por la explotación económica y el uso privado del espacio público, y para sufragar los mismos gastos que las terrazas generan.
Pero, el retorno a la ciudadanía no tendría que ser sólo económico, también se puede contemplar un retorno social. Permitiendo, entre otros, y tan pronto como sea posible, el uso público y gratuito de los lavabos de estos bares y restaurantes en un momento donde es básico el lavado de manos frecuente y continúan siendo vitales estos servicios para personas con determinadas necesidades de salud. O también, y entre otros, que sean centros de referencia social, para personas mayores, niños y niñas, del barrio que tengan en esos establecimientos un punto de encuentro en caso de necesidad.
El problema de rentabilidad económica del sector no se puede situar únicamente por el uso del espacio público, ni ahora con la situación de la pandemia ni en general, exigiendo hacer un mayor uso cuando ya hay verdaderas dificultades para mantener la distancia mínima de seguridad peatonal, especialmente en este escenario de la COVID-19. Hay que abordar esta rentabilidad económica también desde los costes de los mismos locales y en relación con los precios de alquiler, ya en general desorbitados como los de la vivienda, pero ahora en una situación agravada por el hecho que su uso en el interior se ha reducido considerablemente. El Gremio y la administración harían bien al gestionar una adecuación de los precios a la situación actual que contribuiría, mucho más que el espacio público, a la viabilidad de los negocios.
Esta garantía de viabilidad económica de los bares y restaurantes no tendría que estar condicionada por el uso de un espacio, el público (calles, paseos, plazas), que, siendo escaso en Barcelona, se tiene que destinar de forma preferente a peatones. La mercantilización del espacio público, ya sea en forma de terrazas o aparcamiento de vehículos motorizados, tiene también sus límites. Encontrar un acuerdo en que todo el mundo gane -win win- tiene que ser una prioridad.
Hay que priorizar el respeto al espacio público y el descanso de vecinos y vecinas
Dada la diversidad de los barrios de la ciudad, no tiene sentido aplicar criterios generalistas en el uso del espacio público para las terrazas. La ciudad es diferente y los barrios tienen espacios diferentes que hay que tratar de forma específica. Hay que reconsiderar aquellos espacios hoy turistificados y masificados, donde hay que devolver a los vecinos y vecinas los espacios que se destinan a rendimientos particulares de forma excesiva. Son ejemplos la Rambla de Barcelona, la calle de Blai en el barrio de Poble Sec, la calle de Enric Granados en el Eixample, las calles alrededor de la Sagrada Familia, la Rambla del Poblenou, la plaza Real y otros. Otro conjunto sería los espacios comerciales donde hay que pensar en un equilibrio entre vecinos, las personas que pasean y van de compras, y aquellos espacios destinados a la restauración. Y finalmente los espacios de los barrios de cuarta línea comercial. En este caso (en general son pequeños negocios), la viabilidad tiene que llevar a una mayor flexibilidad para las terrazas, ampliando los espacios y el número de mesas, entendiendo que siempre tienen que prevalecer los derechos vecinales y de los peatones y las normas sanitarias que en cada momento se dicten.
Por eso es necesario que se aborde el debate sobre el espacio público y la ubicación de las terrazas teniendo en cuenta las entidades de la ciudad y los derechos de la ciudadanía que allí vive, uniendo esfuerzos para consensuar las mejores soluciones posibles en cada caso. El Ayuntamiento, en todo el proceso de situación extraordinaria y en la actual modificación de la ordenanza, ha tenido innumerables reuniones con el sector de la restauración y este ha participado activamente de las propuestas. Por el contrario, a las entidades sociales y vecinales no se les ha invitado ni a una sola reunión preparatoria o conjunta; sólo se ha participado en aquello que estrictamente lo exige el reglamento administrativo municipal. La falta de participación de aquellos que luego sufren estas decisiones es injustificable.
Nadie discute que muchas personas quieren disfrutar de las terrazas en una ciudad como Barcelona. Pero hay que garantizar que sean primero seguras y accesibles, que el reparto del espacio público sea equitativo y que se respeten los derechos del vecindario, en especial por el tema del descanso nocturno.
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[1] La tasa de urbanización se define aquí como el porcentaje de población residente en municipios de más de 10.000 habitantes. Esta definición de Naciones Unidas facilita la comparación entre los diferentes países a nivel global. Para más detalles sobre la construcción de estas estadísticas, véase 2018 Revision of World Urbanization Prospects, United Nations.
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_p%C3%BAblico : Se denomina espacio público, al espacio de propiedad pública (estatal), dominio y uso público. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada e intencionalmente por res1erva gubernamental. El espacio público abarca, por regla general, las vías de tránsito o circulaciones abiertas como: calles, plazas, carreteras; así como amplias zonas de los edificios públicos, como las bibliotecas, escuelas, hospitales, ayuntamientos, estaciones o los jardines, parques y espacios naturales, cuyo suelo es de propiedad pública.
[3] https://participa.favb.cat/assemblies/comissioterrasses/f/2119/
Nota sobre el autor
Vocal en temas de turismo en la FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona), y representante en el “Consell de Turisme i Ciutat”. Colaborador Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou en temas de vivienda y turismo. Activista Ensplantem Poblenou.
Para citar este artículo:
Pere Mariné. Espacio público urbano y privatización. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.5 núm. 22 Espacio público, espacio en conflicto. A Coruña: Crítica Urbana, enero 2022.