La riqueza sostenible frente al expolio

Por Isabel García. Asociación ambiental y cultural Mina Touro-O Pino NON |
CRÍTICA URBANA N. 40 |

Los ayuntamientos de Touro y O Pino, al sur de la provincia de A Coruña (Galicia), forman parte de un territorio que condensa, de manera especialmente nítida, el conflicto entre dos modelos de mundo: el que cuida y sostiene la vida, y el que la extrae, la degrada y la abandona.

O Pino es ampliamente conocido porque por su territorio discurre, de este a oeste, la última etapa del Camino Francés, la más transitada del Camino de Santiago, justo antes de la llegada a su destino. Este itinerario, declarado Patrimonio de la Humanidad, no es solo un trazado histórico o cultural: es, hoy, el principal motor económico del municipio. Más de 300.000 personas recorren cada año este tramo buscando paisaje, naturaleza, hospitalidad y tranquilidad. Lo hacen atraídas por un territorio vivo, no por un paisaje industrializado.

Ese flujo constante de peregrinos genera empleo, sostiene economías familiares, dinamiza pequeños negocios y fija población. El Camino no es solo una ruta: es una red económica y social distribuida, una forma de desarrollo que reparte, que arraiga y que se construye desde abajo.

Touro, por su parte, no es ajeno a esta lógica territorial. Cuenta con dos rutas históricas hacia Santiago: la Eurovelo 3 o ruta del Holandés, frecuentada por ciclistas, y otra variante menos conocida del Camino Francés. Al sur, el río Ulla marca una frontera natural que es, al mismo tiempo, un eje de vida: desde ese punto comienza una zona protegida incluida en la Red Natura 2000 que se extiende hasta la ría de Arousa, en el Atlántico.

El río Ulla no es un elemento paisajístico más: es la segunda cuenca hidrográfica más importante de Galicia. Nace en Antas de Ulla y recorre unos 132 kilómetros hasta desembocar en la ría de Arousa, una de las principales áreas de producción marisquera de Europa. Trece municipios —alrededor de 150.000 personas— dependen directamente de sus aguas para el consumo humano. A lo largo de su recorrido, el río ha tejido una relación profunda con el territorio: económica, social, cultural y simbólica.

Hablar del Ulla es hablar de abastecimiento de agua, de pesca, de marisqueo, de turismo, de identidad. Es hablar de un ecosistema vivo cuya alteración tiene consecuencias en cascada, desde el interior hasta la costa.

Contaminación en la zona húmeda de Portaguzo por acción de la minería. Foto: Plataforma Mina Touro O Pino Non.

Touro y O Pino forman parte de la comarca de Arzúa, un territorio que históricamente ha construido su riqueza desde la producción de alimentos. Agricultura, ganadería, industria agroalimentaria y actividad forestal configuran una economía diversificada, resiliente y estrechamente vinculada al territorio. No es una economía especulativa ni deslocalizada: es una economía que depende de la calidad de la tierra, del agua y del paisaje.

En este contexto destaca la Denominación de Origen Arzúa-Ulloa, reconocida internacionalmente. El queso que lleva su nombre es la expresión de un sistema productivo complejo que integra clima, suelo, conocimiento tradicional y trabajo colectivo. Alrededor de 20 queserías y más de 1.500 explotaciones ganaderas sostienen esta actividad, generando empleo estable y fijando población en el medio rural.

El éxito de esta D.O. no es casual. Se basa en la calidad de la materia prima —la leche producida en la propia comarca—, en un saber hacer transmitido de generación en generación y en un paisaje de praderas que no es solo decorativo: es infraestructura productiva. Aquí, el territorio no se explota: se cuida porque de él depende todo. Este es el modelo que está en juego.

Río Pucheiras a su paso por el entorno de la mina de Touro. Foto: Plataforma Mina Touro O Pino Non.

La riqueza de unos pocos: la lógica del extractivismo

Frente a esta economía de base territorial, existe otra lógica: la del extractivismo. Una lógica que no produce territorio, sino que lo consume; que no distribuye riqueza, sino que la concentra; que no repara, sino que abandona.

Los montes que conectan Touro y O Pino contienen cobre. Este hecho, en sí mismo neutro, se convirtió en el origen de un proceso de desposesión. En los años 50 del siglo pasado, la empresa Rio Tinto Patiño adquirió los derechos mineros, iniciando un proceso de compra y expropiación de aproximadamente 500 hectáreas de tierras agrícolas y forestales. Tierras productivas, habitadas, con historia, con importantísimos humedales, convertidas en mercancía.

La explotación a cielo abierto comenzó en 1974. En 1988, cuando el precio del cobre dejó de ser suficientemente rentable, la empresa cerró la mina. No porque el cobre se hubiera agotado, sino porque dejó de ser rentable. Y con el cierre llegó el abandono: sin restauración, sin reparación, sin asumir responsabilidades. Lo que quedó fue un paisaje devastado: montañas deshechas, praderas convertidas en huecos mineros, ríos, fuentes y humedales contaminados, balsas de residuos, suelos degradados. Un territorio sacrificado.

Más de cuarenta años después, las consecuencias siguen presentes. Los ríos Portapego, Felisa, Burgo, Pucheiras y Ameneiro-Lamas presentan altos niveles de contaminación por metales pesados. No se trata de percepciones: está documentado en estudios científicos y en informes oficiales. El propio Plan Hidrológico Galicia-Costa 2021-2027 reconoce que los ríos Brandelos y Lañas no alcanzan el buen estado ecológico debido a la contaminación química asociada a la actividad minera. Selenio, zinc, cobre. Elementos que no desaparecen, que se acumulan, que viajan.

Investigaciones recientes han demostrado que los sedimentos del río Ulla actúan como reservorio de esta contaminación histórica, que acaba llegando a la ría de Arousa. El impacto, por tanto, no es local: es sistémico. Afecta a toda la cadena ecológica y productiva, desde el interior hasta el mar. Este es el legado del extractivismo: beneficio privado inmediato, coste público prolongado en el tiempo. Un modelo que externaliza daños y socializa pérdidas.

El retorno del extractivismo: repetir el desastre

Lejos de ser una historia cerrada, el extractivismo regresa. En 2017, la empresa Cobre San Rafael presentó un proyecto para reabrir la mina, ampliando la superficie afectada en casi 400 hectáreas adicionales. Más tierra a expropiar, más territorio a transformar.

El proyecto plantea un consumo anual de 2,25 hectómetros cúbicos de agua: seis veces más de lo que consumen conjuntamente los municipios de Touro y O Pino. En un contexto de crisis climática, donde el agua es un recurso cada vez más escaso, esta cifra no es solo desproporcionada: es inasumible. Además, el proyecto prevé la eliminación de decenas de captaciones de agua para consumo humano, la desviación de cursos fluviales y la desaparición de manantiales. Es decir, compromete directamente el acceso al agua de la población.

La mitad de las tierras ocupadas se destinarían a almacenar residuos mineros con altas concentraciones de metales pesados. Residuos que permanecerían indefinidamente, a perpetuidad, sin un plan real de gestión a largo plazo. Por cada tonelada de cobre extraída, se generarían 632 toneladas de residuos tóxicos. Esta proporción resume, mejor que cualquier discurso, la irracionalidad del modelo.

Y todo ello en una zona habitada. No en un “vacío demográfico”, como tantas veces se argumenta, sino en un territorio vivo, con aldeas, con actividad económica, con redes sociales. Núcleos de población situados a menos de 100 metros aguas debajo de las enormes balsas de lodos tóxicos proyectadas. Personas que verían transformadas radicalmente sus condiciones de vida.

Ruido constante, contaminación del aire, del agua, del suelo, impacto visual, pérdida de valor de viviendas y tierras, riesgos para la salud. Porque sí: el extractivismo también enferma, aunque esa dimensión rara vez se incorpore a las evaluaciones.

Ante esta amenaza, la respuesta social fue clara. Vecinas y vecinos, apoyados por colectivos y organizaciones sociales y ecologistas, se movilizaron. Alegaciones, informes, demandas, denuncias, manifestaciones. Un proceso de defensa del territorio que culminó en 2020 con una Declaración de Impacto Ambiental negativa. Los informes de Patrimonio Natural y Augas de Galicia fueron contundentes: el proyecto comprometía gravemente la calidad de las aguas y la integridad del espacio protegido Ulla-Deza.

Parecía un cierre definitivo. No lo fue. En 2024, el proyecto volvió a presentarse, prácticamente sin cambios. La diferencia no está en el contenido, sino en el contexto político: ha sido declarado Proyecto Industrial Estratégico. Una figura que desplaza el foco desde los impactos hacia los supuestos beneficios económicos. Y este año la empresa solicitó también su declaración como Proyecto Estratégico Europeo.

Es la institucionalización del extractivismo: convertir en prioridad lo que genera beneficio a corto plazo, aunque comprometa el futuro.

Colectivo Mina Touro O Pino Non junto al rio Ulla, en el encuentro Abrazo al Agua 2025. Participan cada año junto más de 200 colectivos para simbolizar la defenda de los ríos. Foto: Plataforma Mina Touro O Pino Non.

Defender el territorio: una cuestión de futuro

La oposición del colectivo Mina Touro O Pino Non, que los vecinos y vecinas creamos, continúa. No como reacción puntual, sino como defensa sostenida de un modelo de vida. Los argumentos son claros. El riesgo hídrico es inasumible: contaminación de acuíferos, pérdida de captaciones, drenaje ácido, metales pesados que acabarían afectando no solo a los ríos, sino también a la pesca y al marisqueo en la ría de Arousa.

El riesgo estructural de una gran balsa de residuos tóxicos, situada a escasos metros de viviendas, es igualmente inaceptable. Su posible fallo no sería un accidente: sería una catástrofe. La gestión de residuos es, directamente, inexistente a largo plazo. Permanecerán allí para siempre. Es la lógica del extractivismo: extraer y marcharse, dejando el problema.

Y, sobre todo, está la incompatibilidad entre modelos. Frente a una economía diversificada, con bajas tasas de desempleo y basada en actividades sostenibles, el extractivismo propone dependencia, monocultivo económico y degradación territorial. No es solo una cuestión ambiental. Es una cuestión de modelo de desarrollo, de justicia territorial, de democracia. ¿Quién decide qué se hace con el territorio? ¿Quién asume los costes? ¿Quién se beneficia?

Después de más de un año desde el cierre del periodo de alegaciones, la incertidumbre continúa. Pero también la movilización. Porque lo que está en juego no es solo una mina. Es el agua, los alimentos, el paisaje, la salud, la economía local y la capacidad de decidir sobre el propio territorio. El extractivismo promete riqueza, para unos pocos años y para unos pocos, pero deja deuda ecológica y social. Frente a ello, la comarca de Arzúa ya ha demostrado que existe otro camino: uno basado en el cuidado, la producción sostenible y la vida.

La pregunta sigue abierta, pero cada vez más urgente: ¿beneficio inmediato para unos pocos o futuro habitable para todas?