Un bosque bajo asedio

Por Domingo Rafael Castañeda Olvera |
CRÍTICA URBANA N. 36 |

El extractivismo inmobiliario ha buscado expandir sus nichos de inversión hacia nuevos territorios para introducirlos en las lógicas del capital; territorios con bienes naturales están constantemente al asecho, como médanos, playas, humedales y bosques, incrementando la vulnerabilidad de muchas poblaciones. Tal es el caso de Jilotzingo, municipio pequeño en los bordes de la Zona Metropolitana del Valle de México, cuyas características biogeográficas han generado el interés de las inmobiliarias para imponer desarrollos de diversa índole, con afectaciones socioambientales profundas.

Conformado por los pueblos de Santa Ana, San Luis Ayucan, Santa María Mazatla, San Miguel Tecpan y Espíritu Santo, Jilotzingo es uno de los 125 municipios que conforman el estado de México. Su población es de aproximadamente 20 mil habitantes, de los cuales 45% vive en condiciones de pobreza y, de acuerdo a las cifras del INEGI, cerca del 80% tiene al menos una carencia social.

Por su ubicación geográfica, Jilotzingo posee una enorme riqueza hídrica, al encontrarse inmerso entre dos cuencas hidrológicas: la del Lago de Guadalupe y la subcuenca del Lago Madín. Su enorme biodiversidad se encuentra resguardada en dos grandes reservas ecológicas que abarcan cerca del 80% del territorio de este municipio: Espíritu Santo y el Parque Estatal Otomí-México. Los beneficios ambientales que presta son invaluables: captura de CO2, control de erosión, regulación del clima y, desde luego, recarga de los mantos acuíferos.

El tipo de suelo es altamente fértil, pero con textura arcillosa, lo que lo hace muy poco recomendable para construcciones pesadas y para infraestructura sólida, es decir, para el desarrollo urbano. Resultado de estas características ecosistémicas, en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jilotzingo se ha establecido, desde los años 70, que los conjuntos urbanos eran inviables, y que solo 18 de las casi 300 hectáreas del municipio eran susceptibles de ser urbanizadas, en un afán de preservación del bosque.

Una vista de los bosques de Jilotzingo. Foto: Víctor Ávila Akerberg.

El asedio hacia los bosques

Jilotzingo ha experimentado, en años recientes, dos procesos de lucha socioambiental: la primera en 2006, cuando la empresa Confinam SA de CV intentó colocar un tiradero de residuos biológico-infecciosos en la región, y la segunda, cuando en 2017 la desarrolladora inmobiliaria Bosque Avivia SA de CV intentó construir un complejo habitacional en la reserva ecológica Espíritu Santo. Sobre este par de experiencias resaltan tres elementos que serán fundamentales para comprender las estrategias de resistencia de los pobladores de Jilotzingo.

En primer lugar, cuando en 2006 el tiradero comenzó a operar sin el consentimiento de los pueblos y sin información alguna, algunos líderes comunitarios decidieron buscar la asesoría técnica que les permitiera confrontar el proyecto con argumentos de carácter científico. La Dra. Josefina Mena, experta en desarrollo urbano y especialista en problemáticas socioambientales en México, realizó un diagnóstico de los impactos que traería consigo un tiradero en las cuencas hidrológicas de la región, concluyendo que un tiradero biológico-infeccioso traería secuelas profundas e irreversibles en el ecosistema boscoso de la región, con graves impactos socioambientales.

En segundo lugar, ya con un diagnóstico y una narrativa soportada en evidencias científicas, la comunidad decide recurrir a organismos ambientalistas que apoyaran su causa para difundirlo: Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) les apoyan y, a través de ellos, interponen juicios de amparo para detener la obra. Con su asesoría, generan una estrategia mediática para posicionarse en canales informativos y en redes sociales. Esta presencia proyectó al movimiento y tejió la posibilidad de la creación de una red nacional de organizaciones que, en todo el país, eran víctimas de este tipo de proyectos, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), organismo itinerante que busca reunir a barrios, pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos comunitarios que, en años recientes, tanto en entornos rurales como urbanos, se encuentran en lucha contra proyectos de degradación, destrucción y despojo en sus territorios. Apoyados por la fuerza de estos organismos, los dirigentes de Jilotzingo deciden interponer una demanda ante un organismo internacional: el Tribunal Latinoamericano del Agua, demanda que servirá para obligar a la empresa a parar el confinamiento de residuos y a clausurar definitivamente el tiradero.

Por último, un tercer elemento fundamental para comprender esta resistencia es, desde luego, la movilización y la protesta activa: desde reuniones comunitarias acompañadas de expertos y organizaciones ambientales y la constante aparición en medios de comunicación, hasta el cierre de carreteras y marchas en la Ciudad de México, las apariciones de la organización fueron constantes, con presencia en mesas de debate y coloquios sobre problemáticas ambientales.

Esta experiencia de inicios de siglo fue fundamental para la rápida respuesta comunitaria de 2017, cuando un megaproyecto de extractivismo inmobiliario colocó a Jilotzingo en el radar. En agosto de ese año, la Gaceta Oficial del Estado de México (GOEM) informó sobre la autorización por parte del gobierno federal y estatal para la construcción del Conjunto Urbano Bosque Diamante en los territorios de la reserva Espíritu Santo. Cabe resaltar que esta autorización incumplió con los procedimientos enmarcados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ya que se hizo sin información previa a las comunidades, ni proceso de consulta.

Área de bosque que sería deforestada. Foto: Víctor Ávila Akerberg.

La autorización solo fue posible gracias a cambios unilaterales en el Plan Municipal de Jilotzingo, donde la densidad de población pasó de tres a 19 985 viviendas por hectárea. Además, se liberaron permisos para talar 2 486 496,72 m2 de bosque de encino, lo que equivaldría al derribo de 180 000 árboles, con el visto bueno de diversos organismos gubernamentales. Fue una autorización fast track de la Secretaría de Desarrollo Urbano, con una adjudicación directa a la empresa Bosque Avivia SA de CV, la cual era comandada, de acuerdo a la Gaceta Oficial, por los hermanos Ricardo y Francisco Javier Funtanet Mange, quienes, además de empresarios, habían ocupado cargos políticos dentro del gobierno estatal.

Bosque Diamante era un megaproyecto que contemplaba la construcción de 20 000 viviendas, lo cual quintuplicaría el número de habitantes total de Jilotzingo, pasando de 20 000 a 80 000 habitantes. Además, el cambio de uso de suelo permitiría a la inmobiliaria disponer de cerca de 120 000 m2 para construir infraestructura de tipo comercial y de servicios.

La respuesta de las comunidades surgió de manera inmediata, siguiendo la línea de acción trazada años atrás. Los líderes comunitarios buscaron, nuevamente, el asesoramiento de especialistas; en febrero de ese año, a través de redes sociales y con el apoyo de organismos como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de investigadoras e investigadores de diversas universidades, realizan una serie de publicaciones en redes sociales donde se exponen tanto los riesgos socioambientales asociados a este desarrollo como los impactos directos e indirectos en los servicios ambientales que este ecosistema otorga al Valle de México. Estas publicaciones se hacen virales rápidamente, llegando inclusive al millón de visualizaciones.

A la par, apoyados por el equipo jurídico de MCCI, se interpone un juicio de amparo promovido por la asociación civil Trabajando por el Desarrollo de Jilotzingo, amparo que logra que el juzgado del Distrito del Estado de México del Consejo de la Judicatura Federal suspenda de inmediato la tala de árboles, argumentando que la Manifestación de Impacto Ambiental presentaba serias deficiencias respecto al estudio de las repercusiones de tal hecho. De hecho, el juzgado aprovecha tal amparo para solicitar más información a la desarrolladora y, al encontrar vacíos de investigación y de asesoramiento de organismos especializados como la Comisión Nacional para la Biodiversidad, decide la suspensión definitiva del proyecto en febrero de 2019.

Sin embargo, las tácticas del extractivismo inmobiliario van más allá de lo jurídico: incendios provocados, tala ilegal, nexos con el crimen organizado como método de intimidación a la población, entre otros, no han estado exentos de este caso. De 2020 a la fecha, ha habido varios incendios provocados, siendo el mayor el que sucedió entre abril y mayo de 2024, donde cerca del 7% del bosque sufrió secuelas directas e indirectas; además, pobladores de Espíritu Santo y San Luis Ayucan han reportado constantemente a la Comisión Nacional Forestal la presencia de taladores ilegales.

Si bien el caso de Jilotzingo ejemplifica a la perfección un movimiento de resistencia comunitaria exitosa al lograr frenar el avance del extractivismo inmobiliario en la región, así como de proyectos con profunda huella ecológica, lo cierto es que el costo social ha sido muy alto. La organización comunitaria, pese a ello, sigue viva, continúa visibilizando las secuelas profundas de la invasión al bosque y a su equilibrio. Siguen protegiendo estos bosques milenarios, siguen protegiendo su patrimonio biocultural y, con ello, siguen protegiendo la vida que nos proporciona.

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Para saber más

^{Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (2018). Un bosque bajo el asedio inmobiliario. https://contralacorrupcion.mx/bosque-asedio-inmobiliario/}

^{Global Atlas of Environmental Justice (2022). Proyecto inmobiliario Bosque Diamante en Jilotzingo, México. https://ejatlas.org/conflict/proyecto-inmobiliario-bosque-diamante-en-jilotzingo-estado-de-mexico}