La experiencia argentina de autogestión obrera

Por Andrés Ruggeri |
CRÍTICA URBANA N. 35 |

La irrupción de las llamadas empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) en la Argentina durante la gran crisis de diciembre de 2001 llamó la atención, local e internacional, sobre un proceso que se había ido desarrollando silenciosamente durante los diez años anteriores, y que reconocía orígenes en la tradición de las ocupaciones de fábrica por el movimiento obrero argentino durante décadas.

En medio de una profunda crisis política y económica y tomando el lema “¡Ocupar, resistir y producir!” del Movimiento Sin Tierra de Brasil, más de cien fábricas y empresas de todo tipo fueron ocupadas en pocos meses en los años 2001 y 2002 junto con la eclosión de enormes protestas sociales, empezando un complejo camino de autogestión sin la presencia de una vanguardia política o movimiento social previamente organizado bajo esa perspectiva. Si bien ya había casos desde principios de los años 90, la crisis argentina de principios del milenio hizo visible este movimiento que llamó la atención social, política y mediática en aquellos momentos de convulsión. En los años siguientes, y al estabilizarse la situación económica y política de la Argentina y, consecuentemente, descender la movilización social, el movimiento de ERT fue progresivamente perdiendo notoriedad pública y peso político. Sin embargo, nunca desapareció, sino que, con altibajos, sobrevivió y entró en una etapa de consolidación del proceso, menos “heroica” pero más decisiva para el desarrollo y despliegue de un fuerte movimiento de autogestión obrera.

Fábrica metalúrgica recuperada Audivic, de Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Foto: Andrés Ruggeri.

Más de dos décadas después, el proceso de las ERT continúa vivo, con más de 400 casos y unos 15 000 trabajadores y trabajadoras, desafiando las limitaciones que imponen tanto el Estado (bajo diferentes gobiernos) como el mercado capitalista. Se extienden en todo el territorio argentino, concentrándose en los cordones industriales y en determinados sectores de la economía: industria manufacturera pequeña y mediana, especialmente metalúrgica y textil, alimentos industrializados, carne, gastronomía y algunos servicios. A pesar de la idea que se impuso, especialmente entre el activismo de izquierda, de un movimiento política e ideológicamente radicalizado, el grueso de los conflictos fue provocado por los cierres empresariales fraudulentos y la necesidad de los trabajadores de defender los puestos de trabajo, en una sociedad en la que las políticas neoliberales hegemónicas en los años 90 habían provocado graves transformaciones regresivas en las relaciones laborales y con altos porcentajes de desempleo.

Es la práctica de la autogestión, concebida como un camino de reparación de la pérdida del empleo y de los ingresos de las familias obreras, la que fue forjando un camino que, sorteando todo tipo de dificultades legales, represión (estatal y patronal), falta de capital, deficiencias tecnológicas, etc., fue construyendo una experiencia heterogénea, pero con puntos comunes. Estas intersecciones de interés para un proyecto poscapitalista, antes que en la lucha por la ocupación, están en las prácticas autogestionarias concretas que los trabajadores fueron creando y encontrando en el proceso de recrear una empresa sin capitalistas y sin la búsqueda incesante de la acumulación de capital.

Entre estas prácticas de autogestión resalta, por supuesto, la forma de gestión democrática que contrasta con la verticalidad de la empresa tradicional (privada o estatal). Tanto el proceso de conflicto –que reconfigura un colectivo laboral antes unido por el empleador como un sujeto colectivo cuya unidad es necesaria para llevar adelante el proceso de lucha–, como la transformación posterior de la gestión colectiva, implican trasladar la decisión del vértice de la estructura laboral hacia la base a través de la asamblea como máximo órgano de decisión. Incluso cuando la ERT, con el paso del tiempo y por las necesidades de la producción, va concentrando la toma de decisiones en responsables o en autoridades formales de la cooperativa, el poder último reside en la asamblea de asociados. Esto no significa que en el conjunto de las empresas recuperadas esa democracia laboral sea absoluta, pero siempre queda el resguardo de la decisión colectiva.

Fábrica metalúgica en Tierra del Fuego, Argentina. Foto: Andrés Ruggeri.

Otro factor importante es el entramado territorial o comunitario que es fundamental en el conflicto y en el sostenimiento de la fábrica. En su absoluta mayoría, las ERT se recuperan no sólo por la lucha de sus trabajadores (se trata de colectivos relativamente pequeños, con un promedio de 30 trabajadores) y sus métodos de ocupación de las plantas, sino también por las acciones solidarias de otros movimientos sociales y políticos y, fundamentalmente, por la solidaridad vecinal. Esto, aunque no en todos los casos, se refleja en un particular activismo posterior a la recuperación que busca devolver esa solidaridad, lo que también constituye un elemento de renovación de ese entramado que fortalece en la eventualidad de futuros conflictos (dada la precariedad jurídica que suele persistir en la mayoría de los casos). Esa “devolución” adquiere diferentes formas y manifestaciones, como centros culturales, bachilleratos populares, escuelas de oficios, donaciones, etc., que se condensa en la figura de “fábrica abierta”, posiblemente uno de los aportes más originales de la experiencia de las ERT.

Por último, un factor sumamente importante en la evolución de estas experiencias autogestionarias en el seno de la economía capitalista es la tensa y cambiante relación con las políticas públicas y el Estado. En todo conflicto de origen de una empresa recuperada surge la pugna entre el derecho al trabajo, reivindicado por el colectivo laboral, y la defensa de la propiedad privada, encarnada por las patronales y normalmente defendida por el poder judicial. Este conflicto suele prolongarse en largos juicios y amenazas de desalojo, lo que llevó, a principios de los 2000, a la sanción de leyes de expropiación a favor de los trabajadores. Sin embargo, no se trata de una política pública consistente sino sujeta a los vaivenes políticos de la historia reciente del país. Otro tanto podemos decir de las políticas gubernamentales, que oscilan entre la indiferencia, el apoyo con líneas de subsidios (a veces bastante discrecionales) y la agresividad, especialmente en gobiernos de corte neoliberal como el de Mauricio Macri (2015-2019) o el presente de Javier Milei.

En síntesis, la experiencia de las empresas recuperadas argentinas, surgida durante los años 90 y expandida en la crisis de fines de 2001, continúa viva y sigue mostrando cotidianamente la viabilidad y la potencia de la autogestión del trabajo como salida a la destrucción del empleo y la precarización que el capitalismo de nuestros días expande permanentemente.

Para saber más
^{Programa Facultad Abierta, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires: www.recuperadasdoc.com.ar
OSERA UBA: https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/osera
Ruggeri, Andrés (2014) ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora. Ediciones Peña Lillo/Continente, Buenos Aires.}