Activismo ambiental en Chile

Por Pilar Valenzuela |
CRÍTICA URBANA N. 38 |

Generalmente el activismo se ve como una amenaza el cuestionar el statu quo y poco se reconoce como una forma necesaria y legitima de expresión democrática, que permite generar cambios y poner en discusión pública temas contingentes y a menudo difíciles. Mucho del activismo está en la frontera de los avances sociales, buscando lo que debe cambiar por algo que aún no existe. Es el caso de las mujeres que lograron el voto, el derecho a que sus hijos no sean ilegítimos o el fin de la esclavitud.

En el activismo ambiental ocurre lo mismo, no es solo el detener un proyecto de inversión, a lo que muchas veces lo reducen; es visualizar las necesidades sociales o el patrimonio natural que no se están tomando en cuenta. Poner sobre la mesa catástrofes en ciernes que las miradas cortoplacistas esconden. Todos los activismos son una parte fundamental de la participación democrática, que ponen sobre relieve las legítimas diferencias de opinión y desenmascaran las desigualdades de poder.

El activismo ambiental en Chile es difícil y a veces hasta peligroso, como en el resto de América Latina. La defensa de la naturaleza es una disputa que, en general, se topa con la urgencia con que se plantea el desarrollo económico, el cual es casi un dogma que ve en los movimientos ambientales una importante limitante. El activismo ambiental, por tanto, desafía directamente al poder, entra en una pugna por el territorio y, si bien no es su objetivo, limita o complejiza proyectos de inversión.

Proteger Tupungato

En Chile, buena parte del activismo ambiental se da en torno a detener grandes proyectos de alto impacto y connotación pública, como los emblemáticos casos de Hidroaysen, proyecto de construcción de cinco grandes represas en la Patagonia Chilena, o el mega puerto Dominga, que pretende instalarse en una zona costera de mucha biodiversidad. También hay activismo que promueve una propuesta de conservación, como lo son las campañas por la protección de especies o de territorio. Ejemplo de ello es la campaña ciudadana Queremos Tupungato, que desde el año 2019 busca que un gran territorio fiscal de 142.000 ha en la región más poblada del país, sea destinado a una gran área protegida.

Humedal altoandino en el valle del Río Colorado, enero 2020. Foto: Pilar Valenzuela

Queremos Tupungato (antes se llamó Queremos Parque) es una campaña atípica; no comienza en un conflicto. Busca definir el destino de un territorio antes de que las empresas mineras o intereses inmobiliarios definan el destino del predio fiscal más valioso que hay en Chile. La campaña propuso crear un gran parque; aboga por que el territorio sea destinado a una gran área protegida del Estado desde abril de 2019, cinco años antes de que entrara a evaluación ambiental el proyecto minero de yeso Rubí de la empresa Knauf.  En agosto de 2023 la campaña logra la creación del Parque Nacional Glaciares de Santiago, protegiendo cerca de 75.000 ha ubicadas por encima de los 3.600 metros sobre el nivel del mar, pero dejando sin protección cerca de 70.000 ha en la zona de valles, el área más rica en biodiversidad y a la que tendrían acceso las personas. El gobierno prometió públicamente, en junio de 2024, ampliar la protección a la zona más baja; sin embargo, hasta ahora aún no se ha concretado.

Las represas de Patagonia

El caso del activismo contra Hidroaysén fue emblemático por lo gigantesco del proyecto y por la importante respuesta ciudadana que se opuso, a pesar de localizarse en una región lejana a los centros poblados del país. Hidroaysén fustigó con su proyecto con una decisión implacable. Compraron programas de radio locales, avisos camineros, pusieron personas de su confianza en todas las juntas de vecinos, no había reunión en la región en que no participaran personeros de la empresa. Por su lado, las ONG ambientales se agruparon en la campaña Patagonia sin Represas y contaron con un importante apoyo y financiamiento de Douglas Tompkins; lograron tener avisos carreteros por todo el país, pagaban insertos de página completa en importantes diarios de circulación nacional, contaron con apoyos de celebridades y mucho apoyo ciudadano.

Protestas por la aprobación de Hidroaysen, Coihayque, 9 de mayo de 2011. Fuente: Pilar Valenzuela.

Las ONG ambientales ya había sufrido previamente una gran derrota frente a megarrepresas que se instalaron en el río Biobío desplazando a poblaciones indígenas locales. Los impactos de las represas ya eran conocidos y para la ciudadanía no eran tolerables en una región reconocida por su naturaleza, como Aysén; las cinco megarrepresas, todas las obras acompañantes, y la población flotante que llegaría, provocarían un cambio radical en el paisaje y los estilos de vida locales.

La empresa acusaba que el país se quedaría sin luz, financiaba avisos televisivos en los que el país quedaba a oscuras. Las ONG se organizaban y disputaban que la energía debía crecer con fuentes solares, y traían a Chile a importantes referentes en temas de energía para intentar convencer al Gobierno de que era posible. Los gobiernos y la empresa señalaban que era imposible abastecernos con energía solar. Fue el comienzo del cambio de la matriz energética chilena y que hoy posiciona a Chile como el país con mayor crecimiento de la energía solar en el mundo. Hay 10,680 MW de potencia fotovoltaica instalada, el 30% de la energía que utiliza el país es abastecida por plantas solares, algo que era impensable antes de Hidroaysén. Sin embargo, la ciudadanía perdió todas las batallas legales, el proyecto se aprobó el 2011 y podría haberse construido, pero políticamente se hizo inviable, y es rechazado en forma definitiva el 2014. Cuando acabó, la empresa había gastado 250 millones de dólares y el sistema de evaluación ambiental había fallado; desde el comienzo de la realización del estudio de impacto ambiental, presentado el 2006, habían pasado más de 10 años. La disputa había sido demasiado larga, costosa y estaba desacreditado el sistema.

Aprender de las experiencias

Lo ocurrido con Hidroaysén y Patagonia sin Represas, fue una de las causas de que se modificara el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el año 2012. Sin embargo, no se cambió la esencia de la desigualdad que enfrentan los movimientos ambientales. Cuando una empresa diseña un proyecto, define sin consultar las dos principales cuestiones que determinarán la magnitud de los impactos ambientales: la localización y la ingeniería. Es decir, define dónde se localizará su proyecto, qué tipo de ecosistema o sistema de vida va a afectar, y con qué tipo de ingeniería. El Estado y la ciudadanía en nada participan de estas decisiones: la decisión la toma únicamente el dueño del proyecto. Si el citado Puerto de Dominga se instala en una zona de surgencias marinas donde se alimentan ballenas y delfines, es decisión de la empresa, no existe una evaluación de alternativas, mucho menos de la real necesidad del proyecto. Si un proyecto hidroeléctrico define utilizar muros de 200m de altura, o turbinar con sistema de pasada, con tal o cual turbina, o perforar kilómetros de túneles para reunir agua de varios ríos, es decisión solo de la empresa.

Una vez definido el proyecto en todo su detalle, se hace un estudio de impacto ambiental que se presenta al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación o rechazo. Nadie evalúa si el proyecto es pertinente o no, si el país realmente lo necesita, si se justifica. El proceso de evaluación puede sugerir mejoras en la definición de los impactos o en las mitigaciones o compensaciones, pero no puede intervenir sobre la localización o la ingeniería del proyecto, menos sobre la pertinencia. La participación ciudadana, que está definida legalmente, permite opinar, preguntar, conocer el proyecto, pero no lo puede modificar ni discutir en el fondo. Es una participación ciudadana que no permite negociación, no hay nada relevante que negociar. Es sumamente engorroso que el proyecto se modifique, cualquier modificación implica que se debe comenzar todo el proceso de evaluación nuevamente y realizarse una nueva evaluación de los impactos.

Evaluar los impactos ambientales es una tarea sumamente difícil. La naturaleza con sus múltiples dimensiones es difícil de predecir y la biodiversidad que nos acompaña es desconocida en muchos sentidos. No terminamos de conocer el cuerpo humano, mucho menos sabemos cómo va a evolucionar un ecosistema, si se va a adaptar o no a nuevas circunstancias, si una determinada especie logra adaptarse o desaparece, no hay certezas. Es por ello que la evaluación ambiental debe ser precautoria, ante la duda abstente, y asegurar que el patrimonio común no será afectado mayormente, integrando la mejor información disponible a la toma de decisiones, así como procurar un manejo adaptativo ante impactos ambientales no previstos.

El SEIA está hecho para que las empresas puedan ver aprobados sus proyectos; sin embargo, el riesgo es alto. Al no permitirse modificación alguna las empresas juegan al todo o nada, o les aprueban lo que definieron o es rechazado. Es un sistema poco democrático, sin instancias reales de participación y negociación. En resumen, la evaluación ambiental en Chile carece de cuatro aspectos esenciales: evaluar la pertinencia de un proyecto, las alternativas de localización, las diversas posibilidades de ingeniería, y una participación ciudadana con reales posibilidades de influir.

Otra de las grandes dificultades que enfrenta la ciudadanía es lo caro que puede resultar utilizar las vías legales. Una demanda puede durar décadas y una vez que comienza debe llevarse a cabo hasta el final o se corre el riesgo de perder y tener que pagar al contrincante los costos en que haya incurrido. Demandar temas técnicos es una vía casi imposible, aunque se tenga un caso bien argumentado. Se pueden presentar los argumentos, la empresa presentará los suyos, y probablemente el juez deba solicitar un perito, es decir, un tercero experto en el tema técnico, el cual puede ser un profesor universitario específico. El costo del perito generalmente lo pagan ambos, demandante y demandado, y puede ser carísimo y no resolver las diferencias. Así las cosas, la alternativa legal que más se utiliza es el recurso de protección, el cual es una acción cautelar que se solicita argumentando que un derecho constitucional ha sido vulnerado. Con ello, si es acogido, se detiene el proyecto demandado hasta que se resuelva la cuestión. Su uso tiene la ventaja de ser expedito, se resuelve rápidamente, es una urgencia. El problema es que es sumamente restrictivo, es solo para impactos que vulneran derechos constitucionales esenciales.

Así las cosas, antes de tomar la decisión de entrar a una disputa ambiental, debemos evaluar nuestras posibilidades de financiamiento, cuál será la mejor estrategia comunicacional, quiénes son potenciales socios, buscar apoyo legal en ONG dedicada a ello (es muy probable que en alguna etapa lo vayan a necesitar) y evaluar el tiempo que va a durar, entre muchas otras cosas. Es que no será fácil y probablemente será una disputa larga, pero se gane o se pierda, como sociedad saldremos fortalecidos. Sin duda, el activismo ambiental nos permite mejorar en la protección de nuestra naturaleza y comunidades, y profundizar la democracia.