Por Ana María Cavalerie |
CRÍTICA URBANA N.24 |
En los últimos años hemos visto cómo nuestra ciudad se ha convertido en una ciudad pensada para grandes inversionistas o para personas que, teniendo una pensión baja o para aumentar sus ingresos mensuales por la precariedad del sueldo mínimo en Chile, ven una inversión segura el comprar departamentos de pequeños metrajes a precios elevadísimos.
Esto conlleva que el fenómeno de la segregación sea cada vez más recurrente en barrios residenciales y mientras para las clases más altas la segregación urbana puede ser voluntaria, e incluso una estrategia de control del espacio que habitan, para las clases bajas, forzadas a vivir allí donde se oferta vivienda en arriendos a precios accesibles, la segregación es un proceso no deseado, una imposición económica. En esta ciudad privada, las barreras físicas se convierten en barreras sociales, y marcan profundas diferencias entre quién vive dentro y quién vive fuera. Delimitados así los territorios, la gentrificación supone una nueva colonización del espacio urbano al que fueron relegadas las clases menos favorecidas. Aquellas áreas marginadas que sufrieron un abandono en infraestructuras por ser periféricas devienen en nuevos centros con el crecimiento de la ciudad, lo que las coloca en el ojo del huracán de la especulación inmobiliaria.
El derecho a la ciudad mantiene su vigencia precisamente porque la intervención urbana del capital financiero y la privatización de los servicios y suelo urbanos han profundizado aún más las contradicciones sociales: ¿hoy tenemos mayor crecimiento económico? sí; ¿expansión urbana y mejores condiciones tecnológicas para diseñar la ciudad? sí. Sin embargo, los mecanismos de segregación espacial, el empobrecimiento de la experiencia urbana y la restricción de la participación y la democracia urbana dificultan el acceso a la ciudad a la mayoría de sus habitantes (Do Rio Caldeira, 2007).

Foto: Ana María Cavalerie
En las ciudades es donde se viven los aspectos más esenciales de la vida práctica, es en las ciudades donde se analiza, se critica, se experimenta y se cuestiona la democracia, el Estado, la cultura, la política, la sociedad, la religión, la ecología, el cómo vivimos.
Construcción de la vida pública
La vida pública, por otro lado, es lo que las personas crean cuando se conectan entre sí en los espacios públicos. Se trata de actividades cotidianas en que las personas participan de manera natural cuando pasan tiempo juntas. Esta debe ser accesible para personas de todos los orígenes, para lograr una ciudad más justa, equitativa y vibrante. Toda persona tiene derecho a la vida pública, así como a una vivienda que permita el desarrollo integral de sus sueños y proyecciones. Esto es democratizar la ciudad, en un nivel fundamental, tenemos que eliminar las barreras a la participación y facilitar que más personas puedan pasar tiempo en estos espacios. Esa es la clave para crear ciudades prósperas y democráticas y es un legado al que todo representante, por ejemplo, tiene el deber de aspirar.
Una vida pública robusta puede fomentar un sentido de comunidad a medida que aprendemos a valorar nuestros puntos en común y los vecindarios. Ayuda a atraer talento a la ciudad, aumenta la competitividad económica y permite estilos de vida activos. Compartir espacios
públicos también puede promover la tolerancia, ya que las personas que difieren entre sí, conviven e interactúan. Por lo tanto, se impulsa el compromiso cívico y nos invita a participar en la vida de nuestra comunidad. Por eso es que no da lo mismo cómo se construye en la ciudad.
Las investigaciones demuestran que una vida pública sólida construye el capital social que la sociedad necesita para ayudar a las personas a salir de la pobreza y para promover una mejor salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Planificar una ciudad para facilitar los tres estados de salud es, en esencia, una forma de planificar para la vida pública y democratizar la ciudad.
La ciudadanía organizada y participativa inicia cambios culturales en los gobiernos de las ciudades que priorizan las dimensiones sociales a escala humana del entorno construido. Es la que entrega todas las herramientas para la participación, transparentando e incluyendo en los procesos de modificación todas las visiones, con el objeto de incorporar aquellas que traigan beneficios a la mayoría de los ciudadanos y no a un solo grupo de poder. Es por esto que no da lo mismo cómo se construye y se hace ciudad.
En un cruce de planteamientos sociales, urbanísticos, antropológicos, económicos y culturales, la reflexión colectiva en torno a temas como el derecho a la ciudad y la necesidad de la organización popular, la importancia de la participación activa y real de la ciudadanía en la construcción de los nuevos espacios urbanos, la urgencia en la creación de modelos de desarrollo alternativos, la estandarización de las áreas centrales y la pérdida de la identidad, la responsabilidad crítica de los agentes culturales implicados en la transformación de zonas urbanas revalorizadas, de nuevas formas de apropiación simbólica y física de los espacios, de la espectacularización de la diversidad cultural, de la estetización de lo heterogéneo, del decrecimiento como alternativa, de la industria del imaginario, de la alteración del papel de la cultura, de la reducción de la significación colectiva y un largo etcétera; nos obliga a vincularnos entre agrupaciones cívicas para tomar las riendas del futuro de las ciudades que queremos: ciudades más democráticas, ecológicas y sanas.
Entonces ¿Cómo evolucionamos como agrupaciones civiles?
Los procesos sociales urbanos evalúan un conjunto de elementos que guardan estrecha relación con las políticas públicas, en la que las transformaciones en el interior de la sociedad urbana y del sistema de ciudades avanzan hacia nuevas formas de apropiación del espacio urbano y de desterritorialización de las decisiones.
Desde la ciudad podemos construir el país y la sociedad que queremos y es, en este sentido, que debemos tener en cuenta cinco procesos que se deben discutir.
Procesos urbanos
- Deterioro de las formas clásicas de democracia representativa y una falta de confianza en dicho sistema, lo que impulsa la construcción de una democracia participativa.
- Existe un agotamiento del papel tradicional de los municipios como simples prestadores de servicios locales y, por otro lado, está la necesidad de diseñar un nuevo modelo institucional acorde con los nuevos desafíos.
- Los mecanismos actuales de participación ciudadana vienen impuestos por modelos normativos y desde el alto nivel de gobierno, pero no emergen de las propias comunidades.
- Hay una urgencia de nuevos actores sociales, ya no simplemente regulados a partir de las necesidades del aparato estatal, sino en espacios de discusión, debates y toma de decisiones sobre políticas públicas, que abre nuevas posibilidades de democracia, de demandas, de propuestas sociales, de nuevas formas de gestión y gobierno.
- La necesidad de abrir y articular nuevos procesos descentralizadores hacia un nuevo gobierno local, con nuevas funciones, competencias con oportunidades de innovar hacia la democratización de la gestión local.
Se trata, por tanto, de construir una verdadera democracia participativa como derecho humano que tenga como espacio privilegiado a la ciudad –el derecho a la ciudad– pero a aquella ciudad en la cual todo ser humano y los pueblos en que se integran encuentren en ella las condiciones para su plena realización política, económica, social, cultural y ecológica; el derecho a ser consultado y a participar en la adopción y control de decisiones públicas; el derecho al espacio público y a la memoria urbana, el derecho a la belleza de los espacios urbanos, el derecho a un urbanismo armonioso y sostenible como prueba de la calidad urbana; el derecho a la identidad colectiva en la ciudad, a la cohesión sociocultural de las comunidades; el derecho a la movilidad y a la accesibilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas; el derecho a la conversión de la ciudad marginal en ciudad de ciudadanía, que implica el derecho de toda persona de habitar en zonas urbanas de calidad, el derecho a un gobierno local de proximidad con una dimensión plurimunicipal y metropolitana. (Forum Barcelona 2004).
Por lo tanto, se debe implantar una nueva agenda local que asegure el desarrollo sustentable y local, hacia un desarrollo endógeno, que asegure una perspectiva comunitaria, individual y colectiva y el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad; que asegure mayores niveles de equidad social, territorial y ambiental, mediante la discusión e intervención de forma desagregada y específica en cada unidad de la ciudad, visualizar las demandas de los más necesitados y direccionar la inversión para lograr esos niveles de equidad social.
Nota sobre la autora
Ana María Cavalerie Salazar. Activista y periodista de la Región del Biobío en Chile. Impulsora de la Agrupación Barrio Oriente en la ciudad de Concepción e integrante de la Campaña Ciudadana Derecho a la Ciudad.
Para citar este artículo:
Ana María Cavalerie. Procesos sociales urbanos en ciudades neoliberales chilenas. Crítica Urbana. Revista de Estudios Urbanos y Territoriales Vol.5 núm. 24 Participación: mito o realidad. A Coruña: Crítica Urbana, junio 2022.